Por Luis Fernando Quijano Moreno
Mucho se ha hablado del conflicto urbano, unos lo hacemos desde la orilla del cambio social y con la firme convicción de aportar a su transformación, de conflicto violento, criminal y generador de exclusión y desigualdad a un escenario urbano no violento donde incluso la criminalidad sea invisible, hay países que lo han logrado, ¿por qué no hacerlo nosotros? Igualmente, buscamos que se resuelvan muchas de sus problemáticas a partir del diálogo y no de las salidas represivas. Hay otros que, por el contrario, se ubican en la orilla de los beneficios particulares y las salidas facilistas o defensoras del poder real; minimizan los efectos y las consecuencias del conflicto urbano a lo largo de su historia ya que no conocen o quieren desconocer más de cuarenta años de violencia desmedida.
En este grupo se encuentran quienes tienen poder de decisión en los asuntos urbanos pero que solo les importan los ascensos y los reconocimientos inmerecidos, niegan todo y cuando no lo hacen reconocen parcialmente la verdad. Son jugadores profesionales que ejecutan malabares con indicadores y cifras amañadas. Un ejemplo, cuando la Meval, en cabeza del brigadier general Acevedo, sale a decir que en Medellín sí hay 350 bandas pero algunas de cinco o tres integrantes. El chiste se cuenta solo. ¿Por qué no las han desmantelado si tienen tan pocos integrantes?
De ese tipo de hechos hablaremos en otros momentos cuando los ánimos se tranquilicen y se puedan debatir públicamente varios asuntos que en el Medellín metropolitano han sido descartados por uniformes con estrellas que buscan alcanzar otras más y por los alcaldes show. Y hablaremos de asuntos negados hasta la saciedad, como la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que han sido bautizadas y rebautizadas varias veces como Urabeños, Clan Úsuga y ahora Clan del Golfo.
Otras negaciones, la no existencia del Pacto del Fusil del cual todos saben, incluso los que lo descartan de tajo; también están las casas de tortura, que las niegan así aparezcan más de cinco embolsados en una sola semana, negación que solo fue cosmética en época de final de Copa Libertadores de América e inicio de Feria de las Flores.
Por ahora me centraré en un asunto que viene recobrando gran importancia: el conflicto urbano. Sobre esto debo decir que nuevamente está puesto en el debate público y ha traspasado las fronteras de la ciudad metropolitana. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo desactivar su parte violenta y regular sus altos índices de criminalidad? ¿Cómo desmantelar a las más de 500 bandas que se ubican a lo largo y ancho del Valle de Aburrá? ¿Qué hacer con los patrones de patrones, los jefes, los subjefes, los coordinadores de la Oficina y los ejércitos paramafiosos de las AGC en la ciudad metropolitana y en el resto de Antioquia?
Para afrontar el conflicto urbano violento y criminal que agobia a Medellín y el resto del área metropolitana ya se habla de la necesidad de la paz urbana y eso ha permitido que se empiece a dialogar de la urgencia manifiesta de encontrar los mecanismos adecuados para llevar al desmantelamiento no violento del crimen urbano con la mejor estrategia integral que hay, a mi parecer, para hacerlo: diálogos urbanos, negociación y sometimiento a la justicia con dignidad, pero sin impunidad.
Por lo pronto debo decir que todavía no se habla abiertamente de mesa de diálogos urbanos, sin embargo se sabe del gran interés que tiene un sector de la Oficina, que no se sabe, en pleno reacomodo criminal, si es mayoritario o minoritario, para que se desarrolle y consolide el espacio. Por ahora llamémoslo de paz, para no ser duros y decir tajantemente: de pacificación urbana. Eso sí, esa parte de La Oficina que está afavor, se ha empeñado en que se les reconozca estatus político, cosa que no va ocurrir nunca; por eso la propuesta parece no arrancar, así le den nuevos retoques, pues, literalmente, está muerta.
En todo caso debo advertir a la institucionalidad, las iglesias, la academia, el movimiento social y de derechos humanos, a quienes presuntamente impulsan dicha mesa, que hacer un proceso de paz urbano fecundo, duradero y exitoso en la ciudad metropolitana debe tener en cuenta que no solo se puede hablar de las bandas paramilitarizadas de Medellín, se debe, léase bien, hablar del conjunto de las bandas del Valle de Aburrá y de todos sus miembros, no de 2000 o 3000 como se está pretendiendo.
Igualmente, debe cobijar a la Oficina en su conjunto, no solo a los jefes gatilleros que están en la cárcel, sino también a los que andan libremente resguardados por la protección oficial, además de quienes están a la sombra y han auspiciado el conflicto urbano violento y criminal.
En el Apunte Urbano titulado ¿Cómo construir paz urbana? hablé de unos pasos previos para generar un proceso de paz urbano; uno de ellos ya se han dado con conocimiento o no por parte de la alcaldía de Medellín, como reconocer la verdad de la realidad que vive la ciudad, faltan otros importantes, por un lado la aceptación de que el conflicto urbano violento y criminal se podría desactivar generando una mesa de diálogo, negociación y sometimiento de las estructuras y bandas paramilitarizadas, por el otro lado se debería convocar al resto de alcaldes del Valle de Aburrá, a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno nacional, además de la Fiscalía General de la Nación para que entienda la urgencia de buscar la salida negociada al conflicto urbano.
Pero es fundamental para avanzar en la dirección correcta que se confirme si existen o no diálogos urbanos y negociación secreta con un sector de la Oficina del Valle de Aburrá y aclarar cuál es la participación de la administración municipal en ellos si se diera el caso de que existieran. Hoy se sigue esperando que se pronuncien la institucionalidad, la iglesia y otros protagonistas de la propuesta para que digan si existe o no. Análisis Urbano y la ONG Corpades tienen claro que sí están adelantándose en una fase exploratoria y búsqueda de sumar voluntades.
Se insiste permanentemente que se aclare públicamente si ese espacio existe y hasta dónde está metido en eso la institucionalidad. Todavía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no afirman, pero tampoco desmienten su existencia, se esperaría que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía dijeran algo, pero eso es pedir demasiado a quienes desconocen mucho de lo que ocurre. Eso se deberá seguramente a que la inteligencia está aletargada y enfocada en perseguir a quienes apoyan la paz en Colombia.
De confirmarse la existencia de una mesa de diálogos urbanos o que se estaría construyendo entre lo legal e ilegal, ese espacio tendría que abrirse necesariamente a la sociedad civil. ¿Se imaginan una mesa de elites legales e ilegales, rodeada de abogados bien pagos y todo ellos juntos tomando decisiones por el conjunto de la sociedad del Valle de Aburrá? ¿Qué tal ver a ilegales y legales implantando silenciosamente nuevos muros de contención contrainsurgente que no dejen avanzar las nuevas propuestas políticas y sociales que llegarán?
Por eso me reafirmo y digo sí a la construcción de una mesa de diálogo urbano donde todos aportemos a la cartografía de paz en clave de reconciliación urbana como aporte a la paz regional y, por ende, a la paz nacional.
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Lo anteriormente expuesto lleva a otras preguntas: ¿cómo desmantelar la estructura paramafiosa de las AGC, si no solo tiene presencia en la urbe metropolitana? ¿Qué hacer con las AGC cuando han impulsado y consolidado el acuerdo criminal llamado Pacto del Fusil y por ende tienen fuerte injerencia en el crimen urbano? ¿Será necesario hablar de paz regional para incluir lo urbano y lo rural? Definitivamente creo que es necesario ampliar el espectro de acción a toda Antioquia.
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