La entidad anunció que está investigando varios casos en los que podría haber tergiversación de los recursos para atender la emergencia por el coronavirus en ocho departamentos del país. Los contratos investigados ascienden a 40 mil millones de pesos.
En los últimos días se han reportado varios casos en los que podría haber tergiversación de recursos destinados para atender la emergencia en el coronavirus. Sobrecostos o irregularidades en el proceso de contratación han generado alertas en los organismos de control.
Este miércoles, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el covid-19.
“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, dijo Carrillo.
Según el comunicado de la Procuraduría, los departamentos en los que se están investigando las posibles irregularidades son Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y San Andrés.
“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, agregó Carrillo.
Estos son los departamentos y los contratos que están siendo investigados:
Meta: la contratación de los municipios de Acacias por 1.125 millones y Puerto Gaitán, por 1.000 millones.
Atlántico: el contrato con Trading Group International S.A.S., por casi 20.000 millones también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, 2.100 millones, y Malambo por 4.000 millones.
Cesar: se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de 13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación.
Arauca: se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a 19 mil pesos o bolsas de leche a 13 mil, en un contrato por 4.400 millones con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.
Norte de Santander: en Cúcuta se hacen pesquisas el contrato de edición de una obra digital, por 58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz.
Cundinamarca: se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de La Palma y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
San Andrés: un contrato por 500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.
“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones.”, dijo Carrillo.
Sostuvo que los hallazgos penales que haga la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.
“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres», concluyó.
Tomado de Revista Semana
