La Procuraduría General, en cabeza Fernando Carrillo, acaba de pedir a los funcionarios del Estado, como el propio Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, El Ministerio del Interior y la UNP que se comprometan con la protección de los excombatientes de las Farc que están comprometidos con el Acuerdo de Paz. Este llamado por parte del Ministerio Público se hace a raíz de la difícil situación de seguridad de los antiguos miembros de la desaparecida guerrilla. Según el propio partido político FARC señaló que en lo que va de 2020 cinco de sus miembros fueron asesinados.
Uno de los principales llamados que hace el procurador general es a que los funcionarios públicos no “estigmaticen, deslegitimen, o inciten al hostigamiento” de los antiguos miembros de la desaparecida guerrilla que están en proceso de reincorporación. Al propio Ministerio Público ordenó que por medio de dos procuradores penales intervengan en los casos de agresiones, amenazas, atentados, homicidios o desapariciones contra los excombatientes de las Farc.
En cuanto al Ministerio del Interior y la Defensoría solicitó que, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, que cuando realicen informes de riesgo y alertas tempranas que incluyan amenazas o vulneraciones de los derechos humanos de los excombatientes los remitan lo más pronto posible a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos para que se adelanten acciones preventivas, disciplinarias y de intervención del caso.
Para la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la Procuraduría pidió que agilizara los tiempos de evaluación de riesgo e implementación de medidas de protección para los excombatientes. A su vez, revisar “y de ser pertinente” fortalecer los esquemas de protección colectivos actualmente asignados para garantizar medidas “idóneas, oportunas y efectivas”. A su vez, al Ministerio de Defensa para que adopte un estrategia específica para que se proteja a los reincorporados en los lugares del país en donde hagan presencia.
Además el Ministerio Público le pedirá a la UNP un informe trimestral en el que se señale el número de solicitudes recibidas y tramitadas, aprobadas e implementadas. A su vez, discriminadas por departamento, municipio y si es miembro del partido Farc, excombatiente o familiar. Y añadió que “la UNP debe garantizar un enfoque de género, incluyendo medidas de protección diferenciadas que atiendan los riesgos particulares que enfrentan las mujeres”.
También se solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como secretaría de la Comisión Nacional de Garantías para que se avance lo más pronto posible en el diseño y seguimiento de una política pública y criminal para que desmantele a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo u otras organizaciones al margen de la ley que atenten contra los excombatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos o personas que participen en la implementación del Acuerdo de Paz.
Tomado de El Espectador
