La Procuraduría pidió al Congreso que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), y los decretos leyes étnicos 4633, 4634 y 4635 se prorroguen por un plazo adicional de 15 años y no de 10, como inicialmente estaba previsto.
En un debate en la Comisión Primera del Senado sobre la prórroga de la norma, el Ministerio Público señaló que tanto la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como los decretos hacen parte del componente de reparación para las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, por lo que resulta imperativo garantizar que exista una coordinación entre su duración y el tiempo de funcionamiento de la justicia transicional.
Agregó el órgano de control que dado que la Reforma Rural Integral es el camino para contribuir a la estabilización socioeconómica y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, se requieren al menos 15 años de prórroga para materializar el enfoque transformador de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los decretos leyes étnicos, pues este es el tiempo anunciado por el Gobierno para la implementación de la hoja de ruta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.
La Procuraduría recordó que conforme a la jurisprudencia constitucional, en ningún caso las modificaciones que se introduzcan a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podrán ser regresivas frente a los derechos de las víctimas.
Igualmente, señaló que la prórroga por 15 años, contada a partir del 10 de junio de 2021, es necesaria ante el rezago presentado en la implementación de las medidas previstas para garantizar la reparación integral.
Actualmente, solo han sido indemnizadas 879.821 víctimas, lo que corresponde al 12% de los 9 millones que hacen parte del censo o del registro de sujetos de reparación. Esto indica que a este ritmo se requerirán más de 50 años para pagar todas las indemnizaciones pendientes, como lo reconoció el Gobierno en el balance presentado recientemente al Congreso.
De los 755 sujetos que hacen parte del Programa de Reparación Colectiva, solo 156 cuentan con un plan aprobado, y de ellos únicamente 16 han terminado la ejecución de las medidas contempladas en su proyecto. Si se tiene en cuenta que el Gobierno planteó como meta para el cuatrienio 140 sujetos colectivos reparados, a este ritmo se necesitarían más de 16 años a partir de 2022 para que se logre la reparación de todos los colectivos que se encuentran actualmente registrados.
Finalmente, la Procuraduría llamó la atención de que a la fecha el Gobierno no cuente con un informe detallado de los recursos necesarios que permitan avanzar de manera decidida y en un tiempo razonable en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Sin la definición de estas cifras y sin una nueva estrategia de financiación, parece altamente improbable que se logre materializar en 10 años la apuesta por una reparación transformadora, fin último contemplado en la política pública aprobada en 2011.