La Procuraduría General de la Nación condena el asesinato de 7 líderes sociales y defensores de tierras en esta primera semana de 2019, y reitera su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones sociales que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a tomar.
“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advierte el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, para quien es claro “el fracaso de los esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá de la retórica y las buenas intenciones”.
El ente de control conmina al Gobierno Nacional y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.
Para el Ministerio Público la prioridad en la adopción y puesta en marcha de medidas encaminadas a la efectividad de una protección colectiva, y la pronta judicialización de los homicidios ocurridos en los últimos años, constituyen una ruta eficaz en la protección de los líderes sociales y su ejercicio en defensa los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Lamenta que al término de 2018 no se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y que el país siga sin contar con una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia nacional.
Según cifras de la Policía Nacional en 2018 las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de fueron 164 (153 hombres y 11 mujeres), y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.
En lo que tiene que ver con víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).
Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, señalan que entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018 (fecha de publicación del informe al Secretario General por parte de la Misión de Verificación de las NNUU en Colombia), reportan 454 casos, de los cuales 163 fueron verificados por la misión en Colombia.