Proyecto de ley sobre ONG venezolanas socava condiciones electorales, dicen organizaciones

FECHA:

Caracas, 22 de enero de 2024.- Un total de 236 organizaciones advirtieron este lunes que el proyecto de ley para fiscalizar a las ONG en Venezuela, cuya discusión fue retomada este mes por el Parlamento, representa una «amenaza que socavaría la celebración de elecciones justas, seguras y libres», entre ellas las presidenciales de este año.

En un comunicado, aseguraron que el proyecto de ley plantea la «supresión del espacio cívico y del derecho de asociación», un hecho que «impacta profundamente en las condiciones para el próximo proceso electoral en el país», en referencia a las presidenciales, previstas para el segundo semestre, aún sin fecha definida.

«La comunidad internacional y todos los involucrados en la superación de la crisis venezolana y la búsqueda de una transición pacífica y democrática no pueden pasar por alto esta amenaza (…) no puede haber auténticas elecciones en Venezuela sin la sociedad civil», dijeron las organizaciones.

En este sentido, explicaron que la garantía de elecciones justas y democráticas «no solo implica permitir la participación sin restricciones de candidatos, sino también mantener una sociedad civil vigorosa y robusta que pueda ejercer contraloría ciudadana y fomentar el derecho al voto».

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

El diputado y primer vicepresidente del partido gobernante PSUV, Diosdado Cabello, adelantó que la ley será «muy severa», y acusó a «la mayoría» de las ONG de estar «conspirando».

A juicio de las organizaciones, ha sido «pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil» con este texto que -recalcan- «viola derechos humanos».

Aseguraron que la ley «no está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones» y «no promueve ni protege el derecho a la libertad de asociación».

EFE

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