El alto tribunal decretó los testimonios de la exintegrante de la UTL del senador del Centro Democrático, María Claudia Daza; así como del exministro de defensa Guillermo Botero; del ganadero Aristides Hernández y de Luigi Echeverri, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Iván Duque a la presidencia.
El pasado 12 de marzo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por el escándalo de la “Ñeñepolítica”, como se conoce a la existencia de presuntas irregularidades en la segunda vuelta de la campaña presidencial de 2018 en la que resultó elegido Iván Duque. Este diario conoció las pruebas que ordenó el alto tribunal para avanzar en las pesquisas del caso que se inició por una denuncia que interpusieron Gonzalo Guillén y Daniel Emilio Mendoza a propósito de la existencia de miles de audios de interceptación al empresario José Guillermo Ñeñe Hernández (asesinado en 2019) en donde se habla de pasar “dineros bajo la mesa”.
En ese sentido, la Corte ordenó establecer cuántas investigaciones le figuraban a José Guillermo Hernández Aponte, quien -cabe recordar- estaba en la mira de la justicia por el homicidio del joven Óscar Rodríguez Pomar, cometido en Barranquilla el 18 de agosto de 2011; y por supuesta asociación con el narco conocido como Marquitos Figueroa. El alto tribunal quiere saber si Ñeñe tenía una orden de captura vigente para la fecha de su homicidio; si tuvo alguna en el pasado; y el estado de cada una de esas investigaciones, detallando los delitos que se le atribuían o si tenía pedido de extradición por algún país.
Igualmente, se pedía establecer si tenía nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico o de alguna índole; si alguna vez estuvo preso o fue imputado o llevado a juicio; y si sus bienes han o fueron objeto de la acción de extinción de dominio en algún expediente. Además, la Sala de Instrucción quiere tener en sus manos todos los ingresos y salidas del país de José Guillermo Hernández Aponte y establecer si tuvo visa a los Estados Unidos de América durante los últimos 20 años. Y se ordenó incluir en el expediente copia de los pantallazos de los tweets correspondientes a la cuenta del expresidente Uribe (@AlvaroUribeVel) en donde se mencione al Ñeñe Hernández.
La Sala solicitó los audios de las interceptaciones telefónicas de José Guillermo Hernández, que ya fueron aportadas por el fiscal general, Francisco Barbosa, según anunció el funcionario. Igualmente, se quiere acreditar si el Ñeñe Hernández era miembro de la Federación Nacional de Ganaderos o de otra agremiación y establecer oficialente el status de los generales Ricardo Restrepo, exdirector de la Policía Antinarcóticos; y del General Jorge Jerez, excomandante de la Segunda División del Ejército, quienes aparecen en redes sociales en fotos con el ganadero. Esto es un requisito para poder determinar el trámite procesal a seguir para recibir su testimonio.
La Corte escuchará, mediante certificación jurada, al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a la Congresista María del Rosario Guerra De La Espriella; y de manera directa a la exasesora de la UTL María Claudia Daza; al exministro de defensa, Guillermo Botero; al ganadero Aristides Hernández; y a Luigi Echeverri, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Iván Duque a la presidencia. Y se busca identificar a la persona mencionada en los audios como “Priscila”. Esta mujer, cabe recordar, aparece en la conversación realizada a Hernández en la que su interlocutora habla sobre consecución de votos. Al parecer esa interlocutora es María Claudia Daza, pero ella lo niega.
De otro lado, la Sala hará inspección judicial a la investigación que se adelanta en la Fiscalía General con ocasión del homicidio de Óscar Rodríguez Pomar; a la oficina de Informática de la Registraduría para obtener los resultados nacionales electorales para la Presidencia de la República, periodo 2018-2022; y al Fondo de Financiación de las Campañas Políticas del Consejo Nacional Electoral para obtener los reportes y gastos presentados por la campaña de Iván Duque. La Corte quiere saber si Ricardo Bejarano Beltrán, fiscal, sigue estando vinculado a la entidad o no, en qué cargos y en qué casos; e indagar si en la Unidad de Información y Análisis Financiero hay reportes de operaciones sospechosas del Ñeñe Hernández.
Tomado de El Espectador
