En un comunicado, la OIA, Organización Indígena de Antioquia, en desarrollo de la Minga por la Vida, la Protección del Territorio y el Respeto por la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Antioquia, manifestó su preocupación e inconformidad con lo que ha sucedido y ocurrirá con todo lo que rodea la construcción de la represa Hidruituango y la afectación que esta obra ha traído, provoca y producirá a sus comunidades.
A continuación, Análisis Urbano transcribe el escrito:
“Desde los inicios de ejecución del Megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango, la OIA, Organización Indígena de Antioquia, manifestó su preocupación e inconformidad con el desarrollo del mismo. En primer lugar porque dicho megaproyecto vulneró el derecho fundamental de los pueblos indígenas a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado establecido en la Ley 21 de 1991 y el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, negándose a escucharlas y cuya respuesta siempre fue que no se encontraban en riesgo, y en segundo lugar, porque dicho megaproyecto se constituyó en un atentado directo contra los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales de las poblaciones ribereñas tanto aguas arriba como aguas abajo del embalse”.
“En este sentido la OIA, considera que la construcción de esta hidroeléctrica causó y continúa ocasionando profundos daños a la vida del río, el deterioro de la capa vegetal del bosque seco tropical bs-T del cañón del Río Cauca, así como a la vida de las comunidades indígenas, afros y campesinas que de éste dependen propiciando el despojo de los territorios”.
“Al respecto, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional al hablar del Estado Social de Derecho en el cual quedamos sumergidos con la Constitución de 1991; así: “En este nuevo modelo, el Estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el mundo puedan coexistir pacíficamente.” Más adelante reitera, “El Estado tiene que hacer compatible su deber de preservar la convivencia pacífica dentro de su territorio, garantizando los derechos de sus asociados en tanto ciudadanos, con el reconocimiento de sus necesidades particulares, como miembros de grupos pluriétnicos y multiculturales.” (Sentencia T-622 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos, pag.33)”.
“Existe una relación directa de las culturas indígenas con la naturaleza, a la que llamamos y sentimos como “Madre Tierra”, de la cual para este caso, hace parte el gran Río Cauca, hay un vínculo directo de las comunidades con el río, allí nacen la mayoría de sus habitantes y desarrollan toda su vida a sus orillas y dentro de él”.
“El constitucionalismo colombiano no desconoce esta concepción cuando en reiteradas sentencias hace referencia a los denominados Derechos Bioculturales: en su definición más simple, hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente. Ahora bien, como concepto legal, los derechos bioculturales buscan integrar en una misma cláusula de protección las disposiciones dispersas en materia de derechos a los recursos naturales y a la cultura de las comunidades étnicas, que en nuestra Constitución están presentes en los artículos 7º, 8º, 79, 80, 330 y 55 transitorio. (Sentencia T-622 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos, pag.48)”.
“La actual crisis del Megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango, ocasionada por fallas geológicas e imprevistos técnicos previsibles, produjo inundación en los municipios de Valdivia, Taraza, Cáceres, Caucasia y Nechí, donde la población ha perdido cultivos de pan coger y se vieron obligados a refugiarse en albergues, a interrumpir y afectar su vida cotidiana y a vivir en una zozobra interminable, ante el inminente riesgo de nuevos desbordamientos por consecuencia directa del megaproyecto”.
“Ante esta grave emergencia que se registra en la región del Bajo Cauca antioqueño, las autoridades indígenas de los municipios de Ituango, Cáceres, Caucasia y Nechí sostuvieron un encuentro el día 31 de mayo de 2018, para socializar y discutir acerca de las afectaciones que el Megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango, viene generando en cada una de sus comunidades. En dicho encuentro se estableció que en las comunidades indígenas de Omagá, Puerto Bélgica, Puerto Santo, Jardín, Guarumo, Isla de la Dulzura, La Unión y Sohoibadó en los municipios de Cáceres, Caucasia y Nechí, un total de 2.100 personas pertenecientes a los pueblos indígenas Senú y Embera, han sido afectadas de manera directa”.
“Muchas de estas familias indígenas se encuentran en estos momentos en albergues improvisados y no cuentan con las condiciones dignas para su estadía”.
“Por esta razón, la OIA, Organización Indígena de Antioquia:
Solicita a todos los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a las Instituciones de Control, a los Organismos de Gestión del Riesgo, para que verifiquen y hagan seguimiento de las condiciones en las que se encuentra la población afectada de dicho megaproyecto”.
“Exige que se garantice la participación de las autoridades indígenas en el Puesto de Mando Unificado PMU, a fin de garantizar su derecho al debido enfoque diferencial en la atención a la población étnica afectada. También a la Gobernación de Antioquia, que las comunidades indígenas participen en las actividades del equipo de consultoría técnica creado con el objetivo de tomar decisiones públicas”.
“Exhorta la Defensoría del Pueblo a verificar los daños físicos y culturales de las comunidades y la situación de vulneración de los derechos humanos en el área de influencia aguas arriba y aguas abajo del Megaproyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango, dado que esta región ha sufrido por décadas y sigue enfrentando el rigor del conflicto armado colombiano”.
“Finalmente ante la magnitud de los conflictos y los daños sociales, económicos y ambientales generados por el Megaproyecto Hidroeléctrico de Ituango, la Organización Indígena de Antioquia, se suma a las voces de cientos de organizaciones para Solicitarle a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la suspensión de la licencia ambiental del megaproyecto, hasta tanto se den garantías de restitución de las actividades productivas, la tranquilidad de la vida cotidiana de la población y se mitiguen las amenazas a la sobrevivencia cultural del pueblo Senú del departamento de Antioquia y Exigirle dar prioridad y acordar una pronta fecha y lugar para la Audiencia Pública Ambiental al Megaproyecto Hidroeléctrico de Hidroituango, ya solicitada por otras organizaciones sociales con base en los términos de la Ley 99 de 1993 y en donde sean invitadas las comunidades indígenas aguas arriba y aguas abajo de la represa”.