Esta semana, un grupo de 93 personas, entre excombatientes de las Farc y sus familias, que estaban ubicadas en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Ituango, en Antioquia, fueron trasladadas para Mutatá, debido al riesgo de seguridad.
También esta semana trascendió que 17 exintegrantes de la desaparecida guerrilla que estaban en una Nueva Área de Reincorporación (NAR) en Uribe, Meta, debieron dejar abandonados los proyectos productivos que tenían ante las amenazas de las que fueron víctimas.
En ambos casos, conocidos en los últimos días, se trata de personas que están cumpliendo con los acuerdos de paz.
Pero no son los únicos hechos que se han reportado. Los reincorporados han sido objeto de amenazas, hostigamientos y hasta muertes en buena parte del país.
Según cifras del partido Farc, desde la firma del acuerdo hasta ahora han sido asesinados 220 excombatientes y hay otros 177 amenazados.
Por eso trasladar el espacio de reincorporación de Ituango es una clara demostración de que las amenazas van en serio y que en ciertos lugares el Estado no la tiene fácil para protegerlos, como ocurrió en ese municipio.
“Hay unos factores de inestabilidad en el contexto territorial por parte de diferentes grupos armados que han afectado a más de once excombatientes y a sus familias”, manifestó el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, al referirse a la situación en Ituango.
Actualmente, el Gobierno se encuentra analizando las condiciones de seguridad y de sistemas productivos de los 24 espacios de reincorporación que hay en el país y hasta el momento el panorama es que cerca del 40 por ciento de estos espacios tendrán que ser trasladados, muchos de ellos por temas de seguridad.
“En esa fase inicial acordamos que 13 de esos espacios permanecerían en sus territorios y en los otros 11 se recomendaba hacer un traslado hacia cualquier otra parte; la visión del Gobierno es poder tener un arraigo a la legalidad mediante el acceso a tierras, programas de vivienda y sistemas productivos de la población”, dijo Stapper.
Pero, además, la Farc argumenta que “la reincorporación no se reduce a los 24 ETCR, pues hoy en día existen 95 nuevas áreas de reincorporación (NAR) en donde habitan más de 9.100 firmantes, a los que nada de eso que menciona el Gobierno les ha llegado”.
“Las condiciones de nuestras viviendas son precarias, estamos casi peor que cuando estábamos en el campamento guerrillero. No tenemos electrificación, no hay una vía que comunique con la finca en la que nos encontramos”, aseguró Jenny Flórez, una excombatiente que reside en zona rural de Pueblo Rico, en Risaralda.
En su más reciente informe sobre el avance del acuerdo de La Habana, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, indicó que uno de los factores que más preocupa es el de la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales.
“La violencia contra quienes dejaron las armas y contra quienes defienden los derechos humanos y de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia”, afirmó.
El consejero
Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización, dijo que los reportes de la Fiscalía señalan que las circunstancias para hostigar y asesinar a los excombatientes cambian en cada zona.
Por eso aseguró que lo que se está haciendo en cada uno de los lugares es adecuar los esquemas de seguridad y protección a las características de cada lugar.
Confirmó que son más de 13.000 los reincorporados y “entre Ejército y Policía tenemos un miembro de la Fuerza Pública por cada 10 excombatientes, y hay más de 200 esquemas de seguridad para más de 300 excombatientes”.
También destacó los avances logrados por la Fiscalía en identificar los responsables.
Archila dijo que a nivel internacional se revela lo que se está haciendo para protegerlos y muestran las estadísticas de la Fiscalía en las que se refleja que más del 75 por ciento de los hechos han sido en sitios en los que ha habido disputas por narcotráfico y ha sido a manos de disidentes, el Eln y del ‘clan del Golfo’.
Insistió en que lo más importante para destacar es que no haya gente del Estado involucrada en este tipo de hechos.
Tomado de El Tiempo
