La crisis del coronavirus ha eclipsado la tragedia del exterminio violento de los excombatientes. Pero el fenómeno, un tanto invisible, sigue. La lógica de quién lleva las riendas en los lugares más remotos del país es la misma en estos días de pandemia que hace décadas. Allá donde el Estado no hace presencia, hay que acatar las órdenes de los grupos armados ilegales o exponerse a morir.
A Carlos Alberto Castaño lo sacaron de la finca y lo acribillaron en un lugar boscoso. Juan Carlos Castillo murió asesinado cerca del proyecto productivo en el que trabajaba. José Isidoro Cuesta desafío al destino y regresó al territorio colectivo de donde lo habían sacado. E Irnel Flórez Forero y Belle Esther Carrillo fueron baleados en la región de El Pato (Caquetá), 15 días después de que la Comisión de la Verdad denunció la existencia de un panfleto que declaraba objetivo militar a las comunidades de la zona.
Los cinco tienen más cosas en común que un encuentro prematuro con la muerte. Eran miembros activos del partido Farc, se acogieron al acuerdo de paz y desde hace cuatro años habían dejado las armas. Todos murieron en marzo, por los días en que llegó la covid-19 al país, y sus nombres hoy alimentan la lista de 194 exguerrilleros asesinados desde 2016.
Ante ese panorama siniestro, la Comisión de la Verdad consolidó un informe que retrata la evolución de la violencia contra los reincorporados y que sirve para crear medidas diferenciadas que contengan de manera eficaz el desangre. Todos los crímenes que ocurrieron en el último mes refuerzan una de las tesis más fuertes del informe. Cauca y Nariño registran el mayor número de excombatientes muertos. Ambos departamentos reúnen el 34 por ciento de los casos presentados entre 2017 y 2019. Al sumar este porcentaje a los de Antioquia, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, resulta que estas seis zonas concentran el 74 por ciento de los crímenes. Estos cálculos pueden sonar generales, pero los investigadores fueron más allá y lograron identificar que 18 municipios concentran 48 por ciento de los ataques. Es decir, en esos territorios los excombatientes conviven prácticamente con la muerte.
El partido Farc enfrenta una tragedia similar a la que vivió el EPL en la década de los noventa. Es decir, ambos registran una tasa alta de asesinatos durante los tres años siguientes a su desmovilización. En el caso de la exguerrilla que comandó Rodrigo Londoño, en los primeros 12 meses reportaron 32. A la fecha, las denuncias alcanzan dos centenares. Los responsables y los móviles varían según el territorio y en su mayoría van asociados a economías ilegales, cultivos y corredores del narcotráfico, lo que no sorprende. Sin embargo, los investigadores llegaron a varias conclusiones que, entre otras cosas, permiten explicar por qué en zonas claves como el norte del Chocó y el Urabá, donde hay muchos excombatientes, hay pocos casos.
La primera de ellas indica que hay que empezar a tener en cuenta la excesiva fragmentación de los Grupos Armados Organizados (GAO). El pulso por el control territorial que libran decenas de estructuras en zonas como Ituango, Tumaco y Argelia está estrechamente asociado con los altos niveles de violencia contra excombatientes. En Curillo (Caquetá), por ejemplo, asesinaron a una excombatiente que había logrado convertirse en lideresa social. La otra conclusión apunta a que las dinámicas de las muertes varía al considerar los bloques que marcaron el plan estratégico de las Farc.
Para sorpresa de la Comisión de la Verdad, las estructuras claves en la época más cruda de la guerra no están poniendo la mayoría de las muertes. Esta se concentra en el Bloque Occidental, que comandó Alfonso Cano, donde han contabilizado 69 decesos. La cifra es alta al considerar que esta estructura escasamente llegó a ser el 17,6 por ciento de los guerrilleros y milicianos en 2015. En el Bloque Sur pasa todo lo contrario. Pese al rol que tuvo en el proyecto armado, se han registrado 36 asesinatos. Algo similar ocurre con el Bloque Oriental, la poderosa máquina de guerra, que registra 19 crímenes. En la antigua jurisdicción del Bloque Noroccidental van 28 y del Bloque Magdalena Medio, que incluye el Catatumbo, van 21.
La presencia de disidencias, integrantes del ELN y GAO explica, en parte, por qué los homicidios se concentran más en unos territorios que en otros. Sin embargo, los investigadores consideran una hipótesis que no se puede descartar: el cartel de Sinaloa está fortaleciendo grupos que agitarían la violencia contra los excombatientes. No se puede hablar estrictamente de disidencias sino más bien de grupos mixtos, conformados por antiguos combatientes que cambiaron de brazalete pero se nutren de exparamilitares o narcotraficantes purasangre.
Ahora bien, un porcentaje importante de los asesinados son exFarc que recientemente recuperaron la libertad. De los 165 casos que tiene reportada la Fiscalía, 62 habían salido recientemente de la cárcel. Es decir, de los 3.135 cobijados con este beneficio, 2 por ciento ha muerto. No solo ese detalle llama la atención. Al grupo interdisciplinario que lidera la investigación le intriga por qué tantos excombatientes escogieron el suroccidente del país para hacer su tránsito a la vida civil.
En tanto encuentran una respuesta, el documento arroja una hipótesis muy interesante en cuanto a las diferencias entre las causas de las muertes. De los tres universos de hombres y mujeres de las Farc, en Cauca y Nariño (jurisdicción del Bloque Occidental) han asesinado al 45,6 por ciento de los guerrilleros en armas. En la zona que cubría el Bloque Sur, por el contrario, 39,4 por ciento de los muertos son milicianos. Así las cosas, se puede inferir que los homicidios de estos últimos podrían estar más asociadas con retaliaciones o ajustes de cuentas producto del narcotráfico o el testaferrato.
Finalmente, la Comisión de la Verdad que construye el informe llama la atención sobre tres puntos: 1) Meta, Guaviare y Arauca casi no presentan casos, aunque tuvieron un rol preponderante en tiempos de la guerra. 2) Hay que profundizar en el papel que han tenido algunos agentes de Estado como determinadores, tal como ocurrió en el caso de Dimar Torres en Catatumbo. 3) De los 170 municipios que conforman los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 65 registran violencia contra excombatientes.
Historial de exterminio
El informe se enfoca especialmente en la arremetida que sufren los excombatientes de Farc. Pero también tiene en cuenta lo qué pasó con los miembros desmovilizados de grupos como el Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de abril (M-19), Corriente de Renovación Socialista (CRS), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En total, después de que estas siete estructuras dejaron las armas, han muerto asesinadas 4.234 personas. Es decir, el 8,7 por ciento que quienes optaron por la paz.
Es difícil tratar de explicar el fenómeno que enfrenta el partido Farc a partir de estos antecedentes. No solo por la falta de información en los registros que persiste aún en estos días, sino también por los diferentes contextos que rodearon el tránsito a la paz de cada organización. Sin embargo, sí se puede hacer una aproximación a los asesinatos de cada estructura en los tres primeros años, el tiempo que lleva el acuerdo de paz de La Habana. Este escenario conduce a un promedio total de 2,7 por ciento en el que la Farc presentan la segunda cifra más alta con 168 reincorporados asesinados.
En términos generales, se puede decir que persiste una histórica ola de violencia contra las personas en proceso de reincorporación. El fenómeno varía dramáticamente de una estructura a otra. En el EPL fue del 14,6 por ciento; el M-19, del 2,8; la CRS, del 18,2; el MAQL, del 3,2; el PRT, del 14,3; las AUC, del 11,3 y las Farc, del 1,4. Esta última cifra parece pequeña pero no lo es. ¿La razón?, el porcentaje varía respecto al número de integrantes de cada grupo. Esto explica por qué con 3.589 exmiembros muertos de los 31.761 desmovilizados, las AUC no ocupan el primer lugar. Con el CRS pasa todo lo contrario. La cifra es la más alta debido a que fueron asesinados 79 de 433 desmovilizados.
Ante los ojos de la opinión, el magnicidio de Carlos Pizarro encarna todo lo que puede salir mal en un proceso de reincorporación a la vida civil. Sin embargo, pasaron tres décadas antes de que el país se comenzara a interesar por el destino de los 48.931 excombatientes –guerrilleros y paramilitares– que se la jugaron por la paz desde 1990.
Tomado de Revista Semana
