“Colombia tiene un problema y lo ha tenido siempre y eso ha mantenido la violencia: es negar lo que ha pasado en el conflicto. Ese es el negacionismo, y en una construcción de paz no podemos negar lo que ha pasado. El Palacio de Justicia es algo que toda la población colombiana se dio cuenta que ocurrió. Vimos cómo salieron personas vivas del Palacio de Justicia y no solamente eso, sino que vimos y vemos a familiares durante estos más de 30 años que siguen reclamando a sus seres queridos”.
Esas fueron las palabras de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), al cierre del evento de reconocimiento a las mujeres que por décadas han buscado a sus familiares desaparecidos en el conflicto armado, organizado en Pasto por la Comisión de la Verdad y la UBPD, entidades del sistema de justicia transicional que surgieron tras el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
La declaración de Monzón se conoció luego de que, en Noticias Caracol, un fiscal a cargo de uno de los expedientes de la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia, Jorge Ricardo Sarmiento, negara la existencia de desaparecidos forzados en este episodio trágico del país, ocurrido luego de que un comando guerrillero del M19 se tomara el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. A esto le siguió la reacción de la Fuerza Pública que inició una operación de retoma que se extendió hasta el 7 de noviembre y dejó un saldo de 98 muertos y al menos 11 desaparecidos.
“Los hallazgos que la Fiscalía, junto con Medicina Legal, ha alcanzado en estos últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desaparición forzada: fueron casos de malas identificaciones. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas, realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985”, sostuvo. Mientras que la directora de Medicina Legal, Claudia García, señaló en la misma nota: “Para ese momento sí hubo deficiencias frente a la identificación, deficiencias que es lo que estamos corrigiendo en este momento, 30 años después”. Sin embargo, en el evento realizado en Pasto, con la voz afectada y entrecortada, reconoció que el fenómeno de la desaparición forzada sí existe, aunque no habló específicamente del Palacio de Justicia.
Lo dicho por las dos entidades despertaron la indignación y sorpresa de apoderados y organizaciones de víctimas y derechos humanos que, paradójicamente, conmemoran este 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, aseguró estar sorprendido por el pronunciamiento y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
«Esta negación de la Fiscalía niega una sentencia internacional. Si niegan esto que tiene videos de personas que salieron con vida, ¿qué podemos esperar? No podemos permitir que la Fiscalía salga con eso», dijo a su turno Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, trabajador de la cafetería del Palacio.
En el mismo encuentro para enaltecer la búsqueda de los desaparecidos, Juan Mejía, hermano de Erney Mejía, desaparecido en la Comuna 13 de Medellín señaló: “Hoy me han encomendado una bella tarea de leer un poema; sin embargo, ayer el Estado colombiano ha ofendido no solo a los desaparecidos del Palacio de Justicia y a sus familias, sino a todos los que hoy seguimos buscando a nuestros familiares. El mejor reconocimiento que pueden hacer a quienes hoy seguimos buscándolos es rechazar contundentemente el negacionismo del Estado”.
El caso del Palacio de Justicia es emblemático porque el Estado colombiano fue condenado internacionalmente. Se trata del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de diciembre de 2014, por la desaparición de 11 personas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín, Gloria Anzola, Norma Constanza Esguerra, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estella Lizarazo, Luz Mary Portella, David Suspes, Lucy Amparo Oviedo y Ana Rosa Castiblanco.
La sentencia señala que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de ser colaboradores del grupo guerrillero M-19”. También reconoce que “estas personas eran separadas del resto de rehenes y conducidas a instalaciones militares, donde en algunos casos fueron torturadas y desaparecidas”. Además, señaló que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y además cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”.
Por la indignación que despertó las declaraciones del fiscal Sarmiento y la directora de Medicina Legal, Cesar Rodríguez Vera, Alejandra Rodríguez Cabrera y Cecilia Cabrera, hermano, hija y esposa de Carlos Augusto Rodríguez, uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pidieron públicamente que se aparten del caso y agregaron: “Estas declaraciones denotan temeridad y parcialidad, que conllevan a nuestra revictimización y desconocen abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy es claro que sus actuaciones son un remedo de justicia, que lo único que pueden producir es desconfianza por parte de la sociedad y las víctimas. Ante la CIDH el Estado admitió la existencia de pruebas fehacientes e irrefutables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Las manifestaciones públicas realizadas, denotan la existencia de una esquizofrenia institucional, pues contradictoriamente ante los órganos internacionales hacen reconocimientos que hoy relativizan”.
Para las víctimas es más que curioso que la Fiscalía y Medicina Legal estén respaldando con sus declaraciones argumentos que han esgrimido la defensa de algunos militares, como el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, condenado a 40 años por la retoma del Palacio, y quien fungía como comandante del B-2 del Ejército Nacional, encargado de las personas que salieron vivas del Palacio y fueron conducidas hasta la Casa del Florero, donde, en el caso de los trabajadores de la cafetería desaparecidos, ya no se supo más de ellas.
El argumento de la defensa de Sánchez siempre ha sido que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, sino personas sepultadas sin identificación o entregadas equivocadamente porque “el manejo de los cadáveres fue muy malo y deficiente”, pero que nunca se incurrió en conductas criminales.
El tema no es nuevo. Desde hace unos años, el Instituto de Medicina Legal, a cargo de la Fiscalía, viene adelantando acciones para exhumar los cuerpos de 100 víctimas del holocausto para verificar sus identidades. Fue así como, por ejemplo, el cuerpo de Bernardo Beltrán, trabajador del Palacio, fue hallado en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa. Lo encontraron en septiembre de 2017. Y en junio de ese mismo año, esta entidad confirmó que el cuerpo de Héctor Jaime Beltrán, joven empleado de la cafetería, fue encontrado en Barranquilla en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade. Con Bernardo Beltrán ya eran seis los desaparecidos encontrados luego de la incesante búsqueda liderada por sus familiares, incluyendo a Ana Rosa Castiblanco, una empleada de cafetería que al parecer estuvo enterrada como N.N. en un cementerio de Bogotá durante 13 años y fue identificada en el 2001. Los otros cuatro fueron encontrados, después del fallo del tribunal internacional: Lucy Amparo Oviedo, visitante ocasional de Palacio, encontrada en el cementerio del sur de Bogotá, en octubre de 2015, y los de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela, empleadas de la cafetería, en los ataúdes de la magistrada auxiliar Libia Rincón y María Isabel Ferrer, quienes también murieron en esos hechos.
Un reconocimiento a la búsqueda
El segundo encuentro por la Verdad, que ocurrió en Pasto, se trató de reconocer las búsquedas de décadas que han emprendido las familias, especialmente mujeres, intentando encontrar sus seres queridos desaparecidos. Las buscadoras, como les han llamado, hicieron actos conmemorativos y, como siempre, con las fotos de sus familiares en sus manos, como siempre gritaron: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
La comisionada de la Verdad Marta Ruiz aseguró que este evento no es también un agradecimiento por su persistencia. “Las buscadoras, esas personas que, con un retrato en la mano, se han revelado contra la dictadura del negacionismo y el olvido, contra el cinismo y las justificaciones, le han dado a Colombia y al mundo una lección de humanidad. Ellas señalan caminos para afrontar un pasado doloroso que todavía se niega a ser pasado”.
Este viernes, durante el Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzado, muchas mujeres volverán a preguntar por ellos, ¿dónde están? En Colombia el registro de desaparecidos supera las 80.000 personas, según el observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, y la pregunta que vuelve cuando se buscan negar las violaciones a los derechos humanos es si este Gobierno y sus entidades estarán a la altura ética de lo que significa reconocer y superar más de 50 años de conflicto armado.
Tomado de El Espectador
