Las interceptaciones telefónicas hechas al celular de José Ñeñe Hernández, que se realizaron en medio de una investigación por un asesinato, son hoy una prueba esencial para la discusión de lo que ha pasado a llamarse la ñeñepolítica. “Vamos a ganar José, pero yo estoy preocupada”, le dijo Claudia Caya Daza a Hernández, quien para la época era conocido como un ganadero prestante y no tenía investigaciones judiciales en su contra. “Estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”, le respondió Hernández. A lo que Daza dijo: “Es que eso es lo que estamos haciendo”.
Esa conversación tuvo lugar el 3 de junio de 2018, entre la primera y segunda vuelta electoral en que Iván Duque, del Centro Democrático, quedó presidente. Lo que sugería la charla entre Hernández y Daza -quien luego pasó a formar parte de la UTL del senador Álvaro Uribe y renunció tras conocerse el contenido del audio- dio paso al escándalo de la ñeñepolítica, que quedó sepultado con la coyuntura del nuevo coronavirus, por la cual el presidente Duque decretó confinamiento obligatorio para todo el país. Por lo sensible del tema, era apenas de esperarse que las detenciones de los dos policías que hicieron la interceptación generara ruido también.
Desde el pasado jueves en la noche quedaron a disposición de la Fiscalía el mayor Yefferson Tocarruncho y el intendente Wadith Velásquez, investigadores en el caso por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar. Era el hijo de Carlos Rodríguez, un negociante de la Costa Caribe conocido como el Sastre, a quien, al parecer, José Ñeñe Hernández y dos hombres más le debían más de $1.000 millones y por eso mismo habrían ordenado su asesinato con ayuda de la banda de Marquitos Figueroa (el sicario confesó que mató al hijo de Rodríguez por error). Un informante de la Fiscalía señaló que en el crimen podría estar involucrado el Ñeñe Hernández y, por eso, su línea fue intervenida en mayo de 2018.
En la noche del pasado 4 de junio, hacia las 10:30 de la noche, ambos policías fueron citados a la Dijín. Tres horas antes, el abogado de Wadith Velásquez, Miguel del Río, había escrito en su perfil de Twitter: “Fuentes me informan que ya están listas las capturas contra los investigadores de policía judicial que interceptaron al Ñeñe Hernández”. En la Fiscalía ese trino causó desazón, pues para entonces solo el juez que avaló la orden de captura y el fiscal que la pidió, Daniel Hernández, sabían del procedimiento. “Les molestó la recusación y las denuncias al fiscal Hernández?”, agregó Miguel del Río desde Twitter.
Su comentario era en referencia a dos hechos. El primero ocurrió el 17 de marzo de este año: el suboficial Velásquez presentó una queja disciplinaria por constreñimiento y abuso de función pública en contra del fiscal Daniel Hernández, quien lo citó ese mismo día a primera hora para tomarle una declaración jurada. La versión de Velásquez es que Hernández empezó a arrinconarlo: “El fiscal mostró una gran molestia porque yo no le respondía lo que él quería escuchar”, le dijo Velásquez a la Procuraduría. Según Velásquez, Daniel Hernández le dijo que si no le contestaba, iba a cancelar la diligencia y a tomar “otras decisiones”.Lo segundo fue la recusación contra el fiscal Francisco Barbosa que Del Río radicó ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 20 de mayo. Del Río le dijo al alto tribunal que eligió a Barbosa como cabeza de la Fiscalía General el 30 de enero de este año, que ningún fiscal delegado podría tener autonomía si su jefe era amigo personal del presidente. Barbosa ha dicho que él no tiene competencia para investigar al presidente y que, en este caso en específico, no tiene impedimentos. Del Río pidió que se nombrara un fiscal ad hoc, como ocurrió en la administración de Néstor Humberto Martínez con Odebrecht. Este tema, en la Corte, no ha pasado inadvertido.
Con respecto a la captura de los policías, fuentes de la Fiscalía le aseguraron a este diario -antes de la imputación de cargos- que esos arrestos no significan, de manera alguna, que las interceptaciones al Ñeñe Hernández vayan a ser invalidadas. La investigación contra el mayor Tocarruncho y el intendente Velásquez tiene que ver con que, en el mismo proceso por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, el cual se cometió en Barranquilla el 18 de agosto de 2011, ellos habrían metido otras líneas telefónicas para que fueran interceptadas a pesar de que no tenían que ver con la indagación. Eran, al parecer, los celulares de cinco subalternos de Tocarruncho.
La historia va así: el 25 de mayo de 2018, un teniente, dos intendentes y dos patrulleros de la Unidad de Vida de la Dijín viajaron a Cali a hacer un allanamiento y allí se habrían quedado con un dinero. Tocarruncho y Velásquez se habrían enterado y, aprovechando que ya había aprobación para escuchar al Ñeñe Hernández, habrían metido los teléfonos de los uniformados en el mismo expediente con la excusa de buscar datos sobre el crimen de Óscar Rodríguez Pomar. Pero las grabaciones, concluyeron luego los analistas, no dieron ninguna pista.
“La totalidad del informe no es falso y las interceptaciones al señor José Hernández siguen siendo válidas, están ya legalizadas por un juez y dieron resultados para la investigación”, reiteraron en la Fiscalía. La información del ente investigativo es que la fiscal que manejaba el caso, Jenny Ortiz Ladino, no sabía que había policías interceptados en su investigación. Esa fiscal, de hecho, declaró bajo juramento la semana pasada que dos testigos del caso Rodríguez Pomar expresaron en una reunión que no darían su testimonio a menos que Carlos Rodríguez (el padre del joven asesinado) les pagara el dinero que les había prometido para hablar.
La fiscal Ortiz Ladino decidió retirarlos de la lista de testigos. Por eso será investigada disciplinariamente, pues, de ser cierta su versión, omitió datos que debían ser judicializados. En la reunión, dijo ella, también estaba el abogado Miguel del Río, representante de la familia Rodríguez en ese expediente, por lo que la Fiscalía compulsará copias para que él también sea investigado. Él, por su parte, dice al respecto que la compra de testigos le parece “abominable” y que esta es una movida “miserable y baja”, para desviar una investigación que quedó para la historia bautizada como la ñeñepolítica.
Desde que ese escándalo salió a la luz pública han circulado decenas de fotos que muestran la cercanía que alcanzó el Ñeñe Hernández con la campaña presidencial de Iván Duque. Para el presidente, esta resultó ser la mayor tormenta política que haya tenido que pilotar desde que se posesionó en la Casa de Nariño. Él ha asegurado que nunca fue cercano a Hernández y que su campaña se manejó con total transparencia. La ñeñepolítica llevó a que la Corte Suprema abriera una indagación preliminar en contra del senador Álvaro Uribe, quien también ha negado cualquier irregularidad o delito.
Las indagaciones contra el Ñeñe Hernández cesaron el 1° de mayo de 2019. La Fiscalía se quedó sin saber si él realmente ordenó el asesinato de Carlos Rodríguez, el Sastre, en alianza con Vanegas y González (el sicario le confesó a la Fiscalía que mataron al hijo del Sastre por error), pues Hernández fue acribillado en Uberaba (Brasil) mientras asistía a una feria ganadera. Los hombres que lo mataron, dijeron las autoridades del vecino país, querían su Rolex.
Tomado de El Espectador
