El miedo y el terror que vive la comunidad bellanita han aumentado en la última semana por las denuncias sobre desapariciones forzadas y las prácticas criminales para la eliminación de los cuerpos. El temor a las represalias por la denuncia deja ver un posible subregistro de los casos de desaparecidos que no permite dilucidar la magnitud del fenómeno en esta municipalidad y en general en el Valle de Aburrá, pues la práctica no es ajena a toda la subregión.

Antes de que surgiera la denuncia realizada el 16 de julio, al término de un consejo de seguridad realizado en la Gobernación de Antioquia por Luis Pérez Gutiérrez, no se hablaba de los 12 desaparecidos, e incluso se había echado a olvido la desaparición, en el barrio Obrero, de Santiago Echeverri Ortiz y Santiago Pérez Villa, de 23 y 21 años, respectivamente, el 27 de julio de 2015. Este caso es la prueba contundente de que la desaparición forzada existe —y desde hace años— en Bello.

La denuncia fue tan contundente que de inmediato fue corroborada por la alcaldesa Adriana Salas, quien manifestó su preocupación al mandatario regional por las denuncias relacionadas con la desaparición de personas. Según él, un denunciante afirmó que las bandas criminales están arrojando los restos de personas desmembradas a los cerdos y añadió: «Es un acto tan atroz, tan brutal, tan inhumano, que a uno le da es pena decir esto en público. Yo lo estoy diciendo es para que nos ayuden a que la gente participe más y que esto no vuelva a ocurrir. Yo le pedí a la Fiscalía, le pedí a la Secretaría de Gobierno, les pedí a las autoridades que empiecen a hablar más con el testigo, y que nos indiquen qué hay que hacer en este tema y si alguna gente conoce esta situación tan atroz que nos dé información».

Como suele suceder, los primeros que se mostraron sorprendidos fueron los altos oficiales de la Policía Nacional, aduciendo que no tenían pruebas fehacientes de lo ocurrido en Bello. Ni el director general de la Policía, general Óscar Atehortúa, ni los oficiales de inteligencia, sabían de los 12 desaparecidos ni del caso de los jóvenes Echeverri y Pérez, y, menos aún, que algunos restos humanos los hayan arrojado a los cerdos, pese a que en el bajo mundo y en los corrillos barriales de algunas zonas de Bello se dice tajantemente que «eso es cosa vieja, nada nuevo dijo ese cucho, desde hace años eso lo hacen aquí».

Análisis Urbano hizo un registro expedito sobre los 12 desaparecidos y lo primero que se puede concluir es que no es mentira lo expuesto por la Secretaría de Gobierno de Antioquia y la Alcaldía de Bello. El reporte habla de tres menores, tres mujeres y seis hombres adultos.

Las víctimas son: un masculino, de 48 años, desaparecido el 3 de febrero; un adulto mayor que desapareció el 23 de febrero; un joven de 15 años, desaparecido el 28 de febrero; un adolescente de 13 años, desaparecido el 26 de marzo; un joven de 17 años que desapareció el 4 de marzo; un adulto mayor, de 83 años, desaparecido el 25 de marzo; una mujer desaparecida el 30 de marzo; una mujer desaparecida el 20 de mayo; un joven desaparecido el 5 de junio —no se reporta la edad—; otro joven, de 23 años, desaparecido el 14 de junio; una mujer desaparecida el 20 de junio; y un hombre, de 26 años, que desapareció el 30 de junio. Los nombres permanecen en reserva para no entorpecer las posibles investigaciones que surjan a partir de la denuncia pública del mandatario antioqueño.

Apunte Urbano

Hace varios años, diversas fuentes informaron que en Bello había casas de tortura y pique, por ejemplo, en cercanías al Coliseo Tulio Ospina, en el barrio Niquía; en Pachelly, en Quitasol, Ducado y la Selva. Aclaramos que hoy no sabemos si existan las mismas o hayan sido movidas o desmanteladas, pero sí que las hay en otros lugares del municipio.