Es una constante de los últimos tiempos, en los que se viene agudizando la protesta social en Bogotá, que después de intensas jornadas de manifestaciones, en las que el vandalismo ha sembrado su cuota de miedo, surjan investigaciones que terminan en la captura de algunos manifestantes; pero no es gratuito. Si bien es innegable que detrás de las marchas hay indignación y un clamor de cambios, también han sido escenario de delitos, que deslegitiman la lucha social.
Las marchas no solo las aprovechan quienes creen en la destrucción como respuesta a las fallas de los gobiernos. También, según las últimas investigaciones de la Fiscalía, lo hacen estructuras subversivas que se infiltran entre activistas, jóvenes universitarios o que residen en sectores populares, para realizar un adoctrinamiento, que termina por convencerlos de perpetrar desmanes.
La última indagación se dio a conocer la semana pasada contra cuatro personas (tres jóvenes y un adulto), señalados de terrorismo y concierto para delinquir, sobre todo en las marchas de noviembre de 2019. Aunque ninguno aceptó los cargos, la Fiscalía reveló interceptaciones, videos, fotos y mensajes, que el juez consideró suficientes para enviarlos a prisión. Era algo que días antes había sugerido el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que la destrucción de setenta CAI no era algo espontáneo y detrás estaba la mano de alguna estructura organizada.
Pero la teoría del ente acusador no aplica solo para las marchas. La existencia de células urbanas en la capital, que responden a estructuras armadas ilegales, se vienen haciendo más visible desde 2015, cuando se registró una serie de explosiones en Chapinero; en 2017, con la explosión en el barrio La Macarena, y el atentado al centro comercial Andino, en los que procesaron a varios universitarios señalados de pertenecer a un desconocido Movimiento de Revolución Popular (MRP).
No obstante, pese a las investigaciones y las evidencias, en las que parece no quedar duda sobre la relación de los actos de vandalismo con grupos ilegales, lo cierto es que hoy varios procesos judiciales están estancados. Tan difícil ha sido para la Fiscalía demostrar la responsabilidad de los detenidos, que la mayoría están libres por vencimiento de términos. Así suene a broma, la única condenada es Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, por destruir estaciones de Transmilenio.
¿Estigmatización?
Todo conduce a varias preguntas. ¿Si es tan clara la participación de organizaciones armadas, por qué hay tan pocos resultados? ¿qué tan infiltradas realmente están las marchas? o ¿no serán las capturas una forma de mostrar resultados con investigación a medias? Al menos eso es lo que piensan quienes están del otro lado y han salido a protestar, quienes coinciden en que las sospechas de infiltración no son más que una forma de estigmatizar la protesta social, algo que tampoco es nuevo.
Según el libro ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?, alojado en la biblioteca de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se muestra que en el país se viene señalando a los manifestantes desde los tiempos de los expresidentes Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay (1974-1982). Entonces se publicaron decretos que prohibieron las marchas e, incluso, el Estatuto de Seguridad de Turbay tipificó como delito “ocupar lugares públicos para presionar decisiones de las autoridades”.
Aunque esa visión se intentó cambiar con la Constitución de 1991, que reconoció como derechos fundamentales la reunión y la manifestación pacífica, liderar una marcha termina hoy en señalamientos. Amoc, apodo de uno de los miembros de la Primera Línea, grupo creado para defender las marchas de las acciones del Esmad, cree que esto no ha cambiado, porque “es fácil” señalar a jóvenes que vienen de barrios o regiones complicadas.
“Es difícil de digerir esa versión de que la guerra se trasladó a Bogotá. Es mediocre seguir buscando culpables más allá de los mismos gobernantes y lo más sencillo es señalar a unos pelados que han vivido descontentos con el Estado”, dice Amoc, quien añade que la única organización es la que busca defender las marchas. “Desde que decidimos cubrirnos los rostros nos exponemos a una estigmatización, pero es para protegernos. En todo esto se estigmatiza incluso la academia, el trabajo barrial y el pensamiento crítico”, agrega.
Una postura similar tiene Jenny Romero, estudiante de la U. Nacional y defensora de DD. HH., quien resume que desde hace décadas se ha buscado crear enemigos internos para justificar acciones contra la oposición. Según ella, los gobiernos poco se preocupan por resolver las exigencias de estudiantes, campesinos, indígenas y otros grupos . “Se enfocan en señalar lo malo que es que la gente proteste y no que lo malo son las inequidades”.
Eso sí, como universitaria reconoce que en efecto el ambiente académico es propicio para generar organizaciones estudiantiles, pero para cuestionar al Estado y buscar cambios. “Son pensamientos divergentes y en la universidad se gestan iniciativas para transformar el país. Eso, por supuesto, no les sirve a muchos políticos y grupos económicos”, agrega.
En síntesis, según la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), la infiltración es un imaginario que se refuerza con operativos que ocurren justo antes y durante cualquier movilización. “La táctica es estigmatizar los movimientos sociales. Dicen que hay vínculos con las Farc u otra guerrilla, para judicializar personas sin pruebas y minimizar las causas por las que la gente protesta”.
Así las cosas, recién se abre un nuevo capítulo en el que la Fiscalía debe probar la incidencia de grupos ilegales en la protesta social. Entre todos queda el reto de probar si en efecto hubo organizaciones detrás de los desmanes del 9S y las marchas del paro nacional. De lo contrario, podría convertirse en un nuevo revés en el afán por probar que la ilegalidad está enquistada en el movimiento social.
Tomado de El Espectador
