Artículo publicado en el medio de comunicación #PUENTEAEREO
Nota: Análisis Urbano tiene la autorización para publicarlo por parte del autor.
Por Bruno Sgarzini (@brunosgarzini)
Por la noche de Puerto Príncipe silbaron las balas y los estruendos de granadas que cubrieron el escape del grupo que mató a Jovenel Moïse, mandatario del país.
Julio 10 de 2021.- Se retiran, por favor, que esta es una operación de la DEA (Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos)”, gritó uno de los miembros del grupo, antes, al ver a los vecinos del barrio residencial de Pétion-Ville en Puerto Príncipe.
La versión oficial afirma que, en realidad, eran mercenarios contratados para asesinarlo. Moïse, de acuerdo a la pericia forense fue acribillado de doce balazos calibres 5,56 y 7,62 mm. Sus hijos salieron ilesos por haberse escondido, mientras su esposa fue herida de gravedad. Antes, le partieron un brazo y un pie para que firmara una carta de renuncia. “Pero se negó”, de acuerdo al Ministro de Asuntos Electorales, Mathias Pierre.
Un día después, 15 colombianos y dos ciudadanos estadounidenses haitianos fueron detenidos, dando un total de 17 arrestados por el crimen. Once de los 17 fueron arrestados en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe luego de que se intentaran refugiarse en la sede diplomática. Otros dos fueron hallados cuando se escondían en unos arbustos con sus ropas manchadas con barro en Jalousi, una zona próxima a la casa del presidente.
La muchedumbre casi los lincha al grito de “¡mataron al presidente! ¡Dánoslos! Vamos a quemarlos”. Pero la policía intervino antes de que sucediera al subirlos a un auto y llevarlos detenidos. Se estima que en la operación participaron 28 personas, entre ellas siete murieron en enfrentamientos con la policía y el paradero del resto es aún desconocido.
Según el parte policial, en uno de los vehículos de los atacantes se encontró dinero y una chequera, robada a la familia Moïse, armamento pesado, varios teléfonos, el contrato de alquiler de dos autos y las grabaciones de la residencia de Moïse.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó que seis colombianos eran militares retirados de las Fuerzas Armadas del país. Algunos de ellos entraron a Haití, unos días antes de la operación, a través de República Dominicana. El jefe de la policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, informó que cuatro empresas privadas reclutaron a los militares.
Uno de ellos es Francisco Eladio Uribe, investigado por la Jurisdicción Especial de Paz por dos casos de falsos positivos, una práctica del Ejército durante la era Uribe en la que se asesinaba civiles y luego se los pasaba por guerrilleros. Su esposa declaró ante la radio W de Colombia que su marido fue contratado por una agencia para “cuidar jeques”. Según su testimonio, se lo llevaron a República Dominicana donde le iban a decir para qué tarea lo habían empleado. En su última conversación, le dijo que lo “estaban atacando, que no sabía qué estaba pasando, que no entendía”.
Exmilitares colombianos, como se sabe, engrosan las filas de contratistas privadas en países como Yemén, Afganistán, Irak, luego haber sido entrenados para lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En poco más de un año, Colombia se vio involucrada en dos magnicidios: el fallido asesinato de Nicolás Maduro y el de Moïse.
Mientras que los estadounidenses se identificaron como Joseph Vicent y James Solages. Según sus testimonios, dados al juez Clément Noël, su función era hacer de traductor de los colombianos para detener a Moïse y presentarlo a un magistrado de instrucción. “Conseguimos el trabajo por internet”, respondió Solages después de la pregunta obligada sobre quién los había contratado.
La biografía de Solages es más que llamativa, dado que fue jefe de guardaespaldas de la embajada de Canadá en Puerto Príncipe, y es director de la ONG Save the Children, con sede en La Florida, Estados Unidos, dedicada al envío de ayuda a niños de Jacmer, su ciudad natal.
Solanges vivía en Pétion-Ville, la misma zona de Moïse, y Vicent en Frères desde hace tres meses.
El juez también citó a los jefes de seguridad de Moïse, Dimitri Hérard y el comisionado divisional Jean Laguel Civil, por ser sospechoso como el grupo entró a su casa, sin ser repelidos por las garitas de seguridad y los efectivos a su alrededor. Los mercenarios, además, se habrían quedado en una casa de la diputada del partido de Moïse.
“No tengo nada que ver con esa casa desde hace tres meses fue dada a mi abogado”, fue la respuesta de la dirigente del partido Tét Kale.
Llama la atención, por supuesto, que el grupo entrara de forma sigilosa y se escapara, sin dejar rastros por varias horas. También el hecho de que hayan sido hallados en un barrio de Puerto Príncipe como si no tuvieran un plan de escape, o fueran abandonados a su suerte.
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Antecedentes y el día después
El lugar de Moïse fue asumido por su primer ministro, Claude Joseph, quien ordenó un estado de excepción por quince días y pidió el envío de tropas a Washington. La Casa Blanca, por su lado, lo reconoció como nuevo presidente, a pesar de que solo faltaban cinco días para que entregara su puesto a Ariel Henry luego ser destituido por el mismo Moïse.
Su sucesor Henry reclamó el puesto, sin éxito, por lo que Joseph quedó a cargo de organizar las elecciones generales en los próximos meses. Como si dirimiera el conflicto, el Senado nombró como presidente provisional a Joseph Lambert del partido oficialista.
Uno de los aspectos más problemáticos de los comicios es la reforma constitucional, propuesta por Moïse, para quitarle poder al Parlamento al pasar a un Congreso unicameral, sin Senado ni Diputados. Una que le da potestad al presidente de tomar decisiones sin pasar por el Congreso, el difunto mandatario, en reiteradas veces, había criticado a los parlamentarios por bloquear su mandato, y desde hace un año, gobernaba por decreto.
Incluso, alargó su mandato y cerró el Parlamento hace unos meses con el autonombramiento del juez Joseph Mécène como presidente del país. Por supuesto, las protestas estallaron en su contra, a pesar de anunciar que entregaría el mando en 2022 después de unas elecciones generales.
Unos meses antes de su asesinato, el propio Moïse afirmó que un grupo de “oligarcas querían asesinarlo y tomar el control de Haití”.
Una de las familias nombradas por Moïse fueron los Vorbe, propietarios de la compañía eléctrica Sogene, a quien su gobierno suspendió sus pagos y exigió la devolución de 123 millones de dólares por fraude al Estado. En el marco, además, de una acusación judicial contra la compañía por ofrecer sobornos a funcionarios del gobierno de Haití, entre ellos la esposa del expresidente, René Preval.
Se sospechaba desde su gobierno que habían sido los Vorbe los principales impulsores de una investigación de la Comisión Especial de Investigaciones del Senado de Haití sobre la corrupción del programa Petrocaribe, acordado con Venezuela para acceder a combustible barato y obras públicas a pagar en 25 años con 1% de interés.
La investigación involucró a las administraciones de sus antecesores de su partido, el Tet Kale, y 16 de sus asesores. Y detonó un ciclo de protestas, que al día de hoy continúan, con la campaña Petrochallenge, financiada supuestamente por los Vorbe.
Esta guerra comenzó cuando Moïse anunció su plan de reforma del sector eléctrico, inspirado en el realizado en Afganistán por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para eliminar las conexiones clandestinas y disminuir la compra de energía a privados. Se estima que el valor de la electricidad en Haití está por encima de la de sus vecinos cuando solo consume 39 kWh al año, menos de lo que se necesita para hacer andar un refrigerador estadounidense promedio durante un mes, según el Centro para el Consenso de Copenhague.
Los hechos de corrupción, por supuesto, indignaron a la mayoría de los haitianos porque la Comisión del Senado estimó el robo en más de dos mil millones de dólares, el total de lo enviado por Petrocaribe.
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Las nuevas protestas, las ongs y la reaparición de grupos armados
Pero ¿qué más sucedía alrededor de Moïse?
Desde 2017, gobernaba con el halo de un supuesto fraude en su elección en 2015, anulada por las protestas y continuos cuestionamientos. Un año después, ganó por el 55% en una presidencial donde votaron tan solo el 18% de los haitianos.
También estos comicios fueron cuestionados, pero la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea los avalaron. Muchos años antes, en 2010, su antecesor Michel Martelly, un reconocido humorista haitiano, pasó a segunda vuelta luego de que la Misión de la OEA cambiara los resultados en los que había perdido. “Fue la primera vez que vi la modificación de un resultado sin contar todas las actas”,declaró Fritz Sheuren, estadístico principal de la OEA, poco antes de la victoria Martelly en la segunda vuelta.
Moïse asumió, en medio de las protestas en su contra, con la promesa de llevar agua y luz residencial a la mayoría de los haitianos. Pero en agosto de 2017, las sanciones de Donald Trump contra PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, bloquearon el envío de gasolina barata de Petrocaribe, usado para que funcionaran algunas plantas eléctricas del país, en total un 26% del total de energía generada en el país.
Comenzaron, de inmediato, los cortes eléctricos con tres horas de luz al día en algunas partes de Haití, según la agencia estadounidense Associated Press.
Hasta el bloqueo estadounidense, Petrocaribe representaba el 31% de la ayuda internacional, mientras el 49% era de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el resto se repartía en un 9, 7 y 4% entre el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, respectivamente.
Para The Nation, las grandes beneficiadas de esta realidad fueron las ONGS, dado que se estima que entre, 2005 y 2009, la ayuda, distribuida por ellas, fue de más del 100% de los ingresos totales del gobierno. “Después del terremoto, el flujo de ayuda de socorro y recuperación superó significativamente, en más de un factor de cuatro, los ingresos internos del gobierno”, según las periodistas Kathie Klarreich y Linda Polman The Nation.
Por eso, Haití fue llamada una “república ong”, por pertenecer al grupo de países, donde “las organizaciones no gubernamentales, y los donantes, han creado estados paralelos infinitamente más ricos y, al final del día, más poderosos que los propios gobiernos nacionales”. Como si fuera un ejemplo de ello, una ONG del actor Sean Penn fue la que, luego del terremoto, derribó el edificio del Parlamento Nacional.
En este contexto, James Solages, uno de los asesinos de Moïse, dirige la ONG Save The Children con sede en La Florida, Estados Unidos. Muchas veces, este tipo de organizaciones, además, son las que permite a privados haitianos acceder a dinero de la ayuda internacional, o esconder negocios de lavado de dinero. En La Florida, por otro lado, vive una de las diásporas haitianas más importantes y también, los hombres y mujeres más ricos del país.
Las ongs en Haití, como se sabe, son un negocio tal que después del terremoto solo se entregó la mitad de los 5.300 millones de dólares. Uno de los implicados fue la Fundación Clinton quien fue señalada de favorecer a una empresa privada de Estados Unidos para un contrato de teléfonos móviles, pagados con ayuda humanitaria. En 2016, Donald Trump utilizó las denuncias de corrupción en contra de Hillary Clinton para ganar las elecciones.
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Los interrogantes del contrato y la desaparición lenta del gobierno
La fragilidad del gobierno de Moïse, acosado por un ciclo de protestas reprimidas con masacres, puede encontrarse en el final del Petrocaribe. ¿Por qué? Debido a que el grueso de la gasolina y las obras públicas del programa eran gestionados por el Poder Ejecutivo y Legislativo dirigido por el partido oficialista, Tét Kale. Por lo que la interrupción detonó una grave crisis en la gestión del Estado y una crisis económica en la isla por la falta de gasolina barata.
Luego, Moïse acordó en 2018 una serie de reformas con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito de 229 millones de dólares, como la quita de subsidios a la gasolina y la suba de alimentos. Hasta que masivas protestas en su contra derribaron las reformas y debilitaron aún más a su gobierno, considerado uno de los más corruptos del mundo por Transparencia Internacional.
El poder político se quedó sin dinero, luego de las denuncias de corrupción en su contra, con un Congreso que bloqueó a Moïse al calor de las protestas.
En este entorno, aparecieron 77 grupos armados en el país, entre ellos, Grupo de los 9 en familia y alianza liderado por el expolicía Jimmy Cherizier, antes miembro de la Unidad de Mantenimiento del Orden.
En Haití, las Fuerzas Armadas fueron disueltas por Bertrand Aristide y removilizadas en 2017 por el difunto Moïse. La falta de militares fue uno de los argumentos usados por Estados Unidos para ocupar el país luego del golpe a Aristide en el 2004, promovido por Washington mediante grupos armados privados, y el terremoto de 2010.
Lautaro Rivara, corresponsal de Telesur en Haití, sostiene que el grupo tenía conexiones con el gobierno de Moïse hasta que Cherizier grabó un vídeo, hace pocos días, en el que llamaba a una “revolución armada en el país”. El enfrentamiento entre estos grupos llevó al desplazamiento de más de 17 mil personas en barrios de Puerto Príncipe como Martissant, Village de Dieu, Grand Ravin, Bas Delmas, Bel Air, Cité Soleil, Fort Dimanche.
En cinco años, se estima que el tráfico de armas se duplicó en Haití. Por el país, se trianguló, por ejemplo, el comercio de armas y drogas a Jamaica. También es un paso obligado de parte de la cocaína y marihuana dirigida a Estados Unidos.
Haití, como se sabe, nació como una colonia de Francia donde los esclavos llegaban para cultivar azúcar, como parte de un comercio triangular que permitió florecer a las industrias de Francia e Inglaterra. Su independencia nació de una revuelta de esclavos dirigida por Alexandre Petion y Jean-Jacques Dessalines. Hasta el día de hoy, Haití no ha dejado de ser un paso estratégico en el Caribe.
En este contexto, la clase política de Haití se volvió más dependiente del círculo criminal en el país. En febrero de 2019, por ejemplo, se registró un antecedente de actividad de mercenarios cuando la policía detuvo a un grupo armados con rifles de asalto, drones y teléfonos satelitales. “Su misión clandestina supuestamente era escoltar al asistente del presidente, Fritz Jean-Louis, al banco central haitiano, donde haría una transferencia electrónica de US$80 millones de un fondo petrolero del gobierno [Petrocaribe] a una segunda cuenta controlada exclusivamente por el presidente Moïse”, de acuerdo al portal InsightCrime.
Entre los detenidos, dos eran ex miembros de las Fuerzas Especiales, uno ex marine, dos croatas, un haitiano. Uno de ellos, Cristhoper Osman, culpó a una pelea política entre el presidente y el por entonces primer ministro, Jean-Henry Céant, y agradeció a la embajada de Estados Unidos por su liberación a los pocos días. Todos fueron empleados de contratistas militares de Estados Unidos como K17, Hawkstorm Global y Patriot Services.
La empresa involucrada en la operación fue Preble-Rish Haiti SA, quien mucho antes había sido empleada por el gobierno de Haití, y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que muestra la frecuencia con la que se presta servicios de mercenarios en el país. Michel Martelly, el antecesor de Moïse, fue quien más lo contrató.
Con estos antecedentes, el Centro de Análisis e Investigación sobre Derechos Humanos de Haití se preguntó en un documento “¿cómo pudo planificarse y ejecutarse con tanta facilidad el asesinato de un presidente sin incidentes, ni que un guardia presidencial fuera alcanzado?”
¿Fue una vendetta de los miembros del partido de Moïse? ¿O una operación privada con complicidad de la guardia presidencial?
Otro interrogante se abre sobre el papel de Estados Unidos, quien ha ocupado el país en dos oportunidades. ¿Sus autoridades no sabían de antemano sobre este tipo de planes por sus organismos de seguridad? ¿O dejaron que sucediera?
En Puerto Príncipe, mientras, los haitianos que detuvieron a dos de los mercenarios también gritan; “queríamos sacar del poder a Moïse, no matarlo”.
215 años atrás, Jean-Jacques Dessalines, líder independentista de Haití, era asesinado por sus propios compañeros para sacarlo del poder.
A veces, la historia se repite, una y otra vez. ♣♣♣
