¿Quién o quiénes ordenaron desestabilizar la seguridad de Medellín?

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La ola de criminalidad y violencia que se refleja en el alto número de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados intraurbanos, más de 400 personas expulsadas en pocos meses de 2018, aumento de vacunas, enfrentamientos con fusilería que opacan por estos días el panorama de seguridad de Medellín, tiene unos responsables directos y no reconocerlo es un gran error que está cometiendo la institucionalidad en cabeza del alcalde de Medellín, el comandante de la Meval y el director de la Seccional de Fiscalías de Medellín, quienes obvian a los responsables directos de esta situación.

Son varias zonas las que se observan desestabilizadas por el accionar criminal en Medellín, en la actualidad: comuna 8, Villahermosa; comuna 7, Robledo; comuna 15, Guayabal; comuna 12, La América; comuna 13, San Javier; comuna 10, Candelaria —centro de la ciudad—; comuna 16, Belén —parte alta—; corregimiento de Altavista; y también podría estar la comuna 4, Aranjuez.

Sin embargo, solo se observa la violencia de la comuna 13, por ser símbolo de la arremetida paraestatal encarnada en la operación Orión que desembocó en el Proyecto Orión: «Sembrar de paramilitares la comuna 13, a Medellín y el resto del Valle de Aburrá», y por tantos anuncios de que todo estaba cambiando en tan importante zona de la ciudad, reconocida nacional e internacionalmente, las otras zonas donde la violencia impera parecieran no importar.

 Lo que ha venido sucediendo en la comuna 13 no obedece solamente al enfrentamiento entre la alianza de las bandas Betania y La Agonía contra otros que perdieron poder, Los Pesebreros —como se ha estado diciendo—, por el control territorial —aunque muchos quieren evitar decir quienes se enfrentan—, sino que tiene un trasfondo que desde hace varios meses hemos venido comentando: el 80 % y el 20 % de la Oficina del Valle de Aburrá se encuentran en una guerra fría que podría terminar en la guerra total o un acuerdo nuevo que aclimate la pacificación urbana.

¿Qué significa el 80 % y el 20 % en la Oficina del Valle de Aburrá?

El 80 % significa la llamada Alianza del Norte, la línea mayoritaria de la Oficina del Valle de Aburrá denominada la Oficina de Envigado, en la que se encuentra la llamada Dirección Colegiada de Grupos Armados del Valle de Aburrá, quienes parecieran propender por una salida decorosa a través de una Ley de Acogimiento o Sometimiento que les dé dignidad sin impunidad, además que no termine en extradición a Estados Unidos.

El 20 % es una minoría que no significa que sean débiles, por el contrario estarían  buscando la retoma violenta de Medellín e incluso del resto del Valle de Aburrá. Dos o tres facciones la componen y buscarían también la negociación, pero de manera equivocada, ya que creen que el enfrentamiento armado y la desestabilización de la ciudad y retar a la institucionalidad les traerá mayor aceptación sin tener en cuenta que les puede generar el desmantelamiento de las organizaciones y, por consiguiente, la extradición.

Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que una poderosa banda de la ciudad —las autoridades la llaman ODIN—, al perder muchos territorios, entre ellos Betania, se enfrentó a los nuevos mandos de ese lugar y por consiguiente con La Agonía, las dos patrocinadas por una de las líneas de la Oficina. ¿De quiénes se trata? Obviaremos su nombre y los de quienes la dirigen para que sea la institucionalidad quien, sabiendo de antemano, lo diga, los desenmascare. El balón queda en el campo del general Gómez Heredia, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Raúl Humberto González Flechas, director Seccional de Fiscalías de Medellín.

Aunque desde la institucionalidad se habla de un 60 % y 40 %, es decir, la división del crimen que podría ir a la guerra, siendo el 40 % el bloque de las bandas que están generando caos en la ciudad, desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y la Agencia de Prensa Análisis Urbano nos reafirmamos y atrevemos a hablar del 80 % y 20%.

La institucionalidad sabe de una posible guerra dentro de la Oficina del Valle de Aburrá y de quiénes estarían agitando las cifras de homicidio en las comunas. Lo que no le ha dicho a la opinión pública es quiénes son ellos.

Nosotros proponemos una medida que, aunque puede generar risa, es una solución. Llevar a los cabecillas de la banda que está generando el caos y  que están tras las rejas a altamar y ponerlos en buques y fragatas de la Marina, allí perderían el poder criminal y terminarían rindiéndose a los pies de la Justicia. En 2007 funcionó con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quienes fueron llevados a una fragata en el mar Caribe para evitar que siguieran delinquiendo. Estarían cómodos en un «buque cárcel» [Ver noticia Semana].

La lucha contra el crimen debe partir por develar la verdad sobre quiénes están detrás del incremento de homicidios en la ciudad. La comuna 13 y las otras zonas de la ciudad no necesitan militarización acompañada de violación de derechos humanos, sino que le bajen la presión externa producida por el 20 % del bloque criminal que busca ir a la guerra y esto se consigue con una certera inteligencia estatal, depuración de la institucionalidad, control con efectividad a estos criminales que creen en la desestabilización y se sienten más poderosos que el Estado. Además, lo más importante es que la presencia del Estado Social de Derecho se despliegue en los territorios urbanos y rurales.

Apunte Urbano

 Fuentes institucionales y del bajo mundo con alta credibilidad le informan a la Agencia de Prensa Análisis Urbano que La Terraza, parte de la línea 20 %, o minoritaria, habría optado por el diálogo con la línea 80 %, o mayoritaria, en aras de evitar la guerra. Siendo esto así, ya estaría claro quiénes son los que quieren el sometimiento a la justicia y la paz. El otro reducto de la línea 20 % deberá ser sometido. Qué bueno sería empezar por llevarlos a altamar, un escarmiento para que entren en razón y se sometan sin condiciones. La última palabra la tiene el fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia y el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto, Iván Duque.

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