Para llegar al lugar donde explotó un artefacto del cual hasta el momento se desconocen sus características, es necesario caminar unos 30 minutos por escarpados y casi insondables parajes montañosos.
Murieron ocho personas y otras tres resultaron heridas tras una explosión el pasado jueves 21 de marzo a las 2:40 p.m. en la vereda las Juntas, corregimiento Cisneros, en momentos en que se preparaba el recibimiento logístico de cerca de cinco mil personas que se sumarían a la movilización que se realizará este domingo 24 de marzo en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, suroccidente de Colombia, según indicó Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
“A partir de la decisión de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) de sumarse desde la macro-occidente a la Minga del Sur-Occidente a partir de este domingo 24 de marzo. Esta decisión implica la llegada de unas 5 mil personas al punto de congregación, por lo cual una avanzada de la que hacían parte estos jóvenes guardias muertos se desplazó a la zona para adelantar tareas de logística para acomodar a las y los comuneros que participarán de la Minga”, dijo la CRIC en un comunicado.
“Las víctimas son todas indígenas, jóvenes, guardias, cumpliendo tareas para una minga, acción ancestral colectiva, por la vida, la justicia, la democracia el territorio y la paz, en un país en el que estos asuntos requieren de movilizaciones y acciones de hecho para intentar que siquiera sean escuchados”, agregó el Consejo Indígena.
“La comunidad estaba en la preparatoria de la minga de este domingo para apoyar a los compañeros del paro en el Cauca que luchan por unos derechos negados y contra la destrucción del territorio”. En el sitio se estaban concentrando 150 personas, entre ellos guardias indígenas. Esta reunión era en solidaridad con los compañeros del Cauca. Con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quedamos en una minga pacífica. Pero siempre tenemos que poner muertos para que nos escuchen”, relató Noelba Fernández Daqua, gobernadora de la comunidad del Cañón del río Pepitas.
Por las difíciles condiciones del clima y del terreno, las autoridades señalaron que en la mañana de este viernes 22 de marzo realizarían las respectivas diligencias forenses. Pero en la madrugada, indígenas y campesinos decidieron ir hasta el sitio en una montaña de La Delfina, rescatar los cadáveres y trasladarlos a la cabecera del municipio de Dagua.
Aunque las autoridades hablan de una presunta indebida manipulación de explosivos, la comunidad indígena refiere que se trató de un atentado, tal vez con una granada u otro artefacto. La certeza la darán los resultados de los estudios realizados tanto en el lugar de los hechos como en los cadáveres de las víctimas, que fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Cali.
“La justicia del estado es una farsa”
Sobre lo ocurrido, la CRIC cuestiona en un comunicado a los medios de comunicación que “se apresuraron a aseverar que quienes fallecieron como consecuencia de una explosión manipulaban explosivos, sembrando esta versión aún antes de que se iniciaran las investigaciones”.
En el escrito, el Consejo Regional Indígena del Cauca señala que “las autoridades y el Ejército pretendían realizar los levantamientos sin permitir la presencia de indígenas. Dada la tradición establecida de manipular pruebas y los intereses creados en que esto se haga encubriendo la verdad, las autoridades indígenas y la guardia impidieron que se realizaran estos levantamientos en su ausencia”.
Agrega que “la vida se irrespeta y masacra sistemáticamente. Los acuerdos firmados entre el Estado y las Farc han sido incumplidos y, en consecuencia, la guerra se ha profundizado en los territorios y el asesinato de más de 600 líderes y líderesas sociales por defender estos mismos puntos a partir de la firma de los acuerdos es consecuencia de una acción sistemática de terror que sólo puede provenir del estado colombiano. Nadie más tiene la capacidad de identificar, amenazar y asesinar estas personas en todo el país camuflándose generalmente como paramilitares”.
Señala que “la justicia del Estado es una farsa. No sólo se han negado a reconocer el carácter sistemático de esta persecución asesina contra los pueblos, sino que, uno de los encargados de hacerlo es el Fiscal General de la Nación contra quien hay evidencias de corrupción en el escándalo de Odebrecht y el principal testigo de estos hechos murió envenenado con cianuro, al igual que su hijo mientras el propio Fiscal sigue en su cargo y ahora judicializa y persigue a los pueblos movilizados en Minga. Si la mayor autoridad de la justicia es semejante criminal protegido desde el Presidente y el Gobierno, todo lo demás de ahí para abajo está podrido y sirve a un régimen cuya justicia consiste en encubrir a los poderosos que despojan y perseguir a quienes exigen derechos y libertades”.
Añade que “en este contexto, el Presidente objeta la Jurisdicción Especial para la Paz con la clara intención de encubrir uno de los bandos de una guerra sin límite de modo que la insurgencia armada sea tratada como delincuentes mientras que gobernantes, poderosos, ricos, militares y fuerza pública y transnacionales, sean protegidos y encubiertos. Todo un acuerdo de paz hundido para proteger a un ex-presidente que sigue gobernando a pesar de sus crímenes”.
Denuncia el CRIC que los territorios vienen siendo destruidos por megaproyectos minero-energéticos y entregados a transnacionales y terratenientes. “La mayor represa hidroeléctrica del país, Hidroituango, se construye luego de desaparecer y matar miles de campesinas y campesinos de la zona, en una zona de fallas geológicas, sobre rocas que no aguantan el muro, causando desplazamiento forzado, en un proceso plagado de corrupción, con ganancias incalculables para inversionistas extranjeros y sus cómplices nacionales al más alto nivel (varios gobiernos y presidentes). Hidroituango ya causó en mayo de 2018 una catástrofe por sus fallas y malos cálculos, ha causado una catástrofe ecológica humanitaria y cultural y amenaza con causar una calamidad incalculable aún si no se cayera el muro, pero este, tarde o temprano se va a caer. Pero además y a pesar de que el Gobierno y la EPM que construye el proyecto aseveran lo contrario, no se necesita un kilovatio de lo que ha de generar este proyecto. Hidroituango represa el río Cauca y simboliza la destrucción de los territorios para la codicia desbordada y criminal. Es apenas un ejemplo. Tal vez el peor. Pero otro más entre muchos es que este Gobierno ha aprobado el Fracking, la tala de la Amazonía y la entrega de riquezas y territorios a intereses extractivistas. Los territorios son violentados sistemáticamente desde el Estado”.
Y se cuestiona: “¿Democracia? Nada se consulta todo se impone. Todo se impone y se encubre con el lenguaje perfumado de la propaganda por parte de una mafia de corruptos de cuello blanco articulados a poderes corporativos y neo-imperiales del capital transnacional mafioso. Para encubrir esta guerra contra los pueblos, se fomenta desde el gobierno una guerra continental contra Venezuela. Guerra que permitiría desviar la atención de la ilegitimidad criminal del régimen y su ataque contra los pueblos. Ni salud, ni educación, ni libertades, ni derechos. En nombre de estos, se montan negocios de modo que el pueblo debe pagar para no recibir nada más que abuso y maltrato y los empresarios del despojo…ganancias. No hay democracia en Colombia. Hay una dictadura. Una tiranía. El Plan de Desarrollo, la Reforma Tributaria, el IVA a la Canasta básica, se imponen todos contra los pueblos sin consulta. Deben derogarse”.
La guerra no se acabó, sostiene el colectivo indígena y campesino: “A esta guerra económica, política, represiva, militar, paramilitar, en todos los ámbitos, se le conoce como post-conflicto y paz en Colombia. En los territorios hay mafias consolidadas que someten y reclutan para mafias que generan ganancias para políticos, transnacionales, fuerza pública, narcotraficantes y grupos armados con todo tipo de discursos y pretextos. No se acabó la guerra. La paz consolida una fase del capitalismo mafiosa, totalitaria. Una guerra total, transnacional y al servicio de reactivar la acumulación capitalista y la ingeniería demográfica del despojo que elimina excedentes de población y capital mientras captura riquezas y recursos escasos para la codicia de unos pocos”.
Reitera que son muchas las razones para convocar una minga y no ceder hasta tanto el Gobierno no se comprometa con los campesinos e indígenas apostados en el Cauca: “Vida, justicia, territorio, democracia y paz son sueños inalcanzables en la Colombia de la guerra total para la acumulación que impera y que el poder intolerante de quienes gobiernan, en cabeza de Uribe-Duque, imponen. Ante esto, se convoca una Minga. Se bloquean vías en el Cauca para exigir que el régimen escuche y respete. Es esto, o la miseria, la muerte y el despojo para beneficio del crimen organizado que gobierna y somete”.
En medio del dolor, el Consejo tiene claro que “el régimen asesino” quiere hacer parecer la minga como un acto delincuencial intolerable. “Mientras la investigación sobre la explosión en Dagua que masacró indígenas concluye. Mientras familiares, comunidades y pueblos lloran a las víctimas. Mientras difícilmente se llegue a saber la verdad; la muerte de estos jóvenes indígenas que hoy lloramos se debe a este régimen asesino, mafioso, corrupto, intolerante que nos mata si obedecemos y nos mata por tener dignidad y no dejar que nos humillen, despojen y destruyan. Van teniendo éxito, al parecer, quienes señalan a quienes convocaron y asumen esta Minga, al presentar este acto de dignidad como un acto delincuencial intolerable. Llaman los gremios a la guerra y amenaza con represión y masacre el Presidente y las fuerzas militares. Disparan contra Minguerxs inermes, utilizan armas no convencionales, violan todos los derechos y luego se presentan como víctimas manipulando y engañando”.
Y concluye: “Hoy hay muertos indígenas y varios heridos irremplazables. Hoy hay más sangre y dolor. Hoy defender la vida, la justicia, la paz, los territorios y la democracia convierte a quienes tienen la dignidad de hacerlo en delincuentes. Alimenta el odio y legitima las masacres. Reitera en el poder a quienes nos roban y niegan todo, empezando por el país, y nos convierte, a la mayoría, en cómplices u observadores manipulados y manipulables. Mientras sabemos más hay un hecho cierto, este régimen debe obedecer el mandato de los pueblos que dicen ¡Basta ya!. La Minga dice ¡Basta Ya! y llorando de rabia y dolor gritamos que la Minga es con todas y todos y no sólo por unos recursos para unos que se levantan sino para liberarnos de quienes nos están quitando todo, hasta la capacidad de conmovernos con esta masacre. ¡Así No! ¡Ya Basta!”.