La decisión judicial involucra además al ex secretario de Planeación y a un contratista que ocasionaron un detrimento patrimonial por más de 112 millones de pesos en el municipio.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CUNDINAMARCA, COLOMBIA, (29 AGO 2024) – Un juez de conocimiento ratificó la condena de 12 años y 3 meses de prisión contra Carlos Humberto Calvo, exalcalde de Caparrapí (Cundinamarca), por su participación en irregularidades contractuales que causaron un detrimento patrimonial de más de 112 millones de pesos al municipio. La decisión judicial también involucra al exsecretario de Planeación, Ómar Romero Medina, y al contratista Néstor Alonso González.
Los hechos que motivaron las condenas se relacionan con la firma de dos contratos en 2015. El primero, por un valor de 180 millones de pesos, tenía como objetivo construir la red de acueducto del barrio El Municipio, mientras que el segundo, por 10 millones de pesos, buscaba pavimentar varias vías del municipio. Ambos contratos fueron adjudicados al contratista Néstor Alonso González y supervisados por el entonces secretario de Planeación, Ómar Romero Medina.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación reveló que el exalcalde permitió el pago anticipado de 112 millones de pesos al contratista, a pesar de saber que los trabajos no podrían llevarse a cabo debido a otras obras en curso en el municipio. Como resultado, ambos contratos fueron suspendidos, lo que llevó a un detrimento patrimonial significativo.
Además de las penas de prisión, el exalcalde, el exsecretario de Planeación y el contratista deberán pagar multas de 100 millones de pesos cada uno por su responsabilidad en la apropiación indebida de dineros públicos y el incumplimiento de los requisitos legales para la contratación.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.