El afán mediático de la Fiscalía General de la Nación llevó al ente acusador a reabrir un capítulo en la historia de la justicia colombiana al que han dado por denominar “Elenopolítica”. Asegura la entidad de la rama judicial que tiene pruebas suficientes para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que investigue a dos hombres de comprobada rectitud por sus presuntos nexos con el Eln.
Con el deleznable acto, alejado de toda garantía constitucional, la Fiscalía demuestra una vez más que en nombre del Estado se ha empeñado en perseguir a quienes se han convertido en voceros de esas comunidades en las que precisamente el Estado brilla por su ausencia y de manera irresponsable vincula a dos reconocidos líderes sociales con grupos armados al margen de la ley. Pareciera ser que para el Estado todos los defensores de los Derechos Humanos son delincuentes, revoltosos. Sospechosos.
Se trata del senador Jesús Alberto Castilla Salazar y el representante a la Cámara Germán Bernardo Carlosama López, de quienes la Fiscalía asegura tener “información, elementos materiales probatorios y evidencias” que los vincularían con la guerrilla del Eln. Absurdo.
Asegura la Fiscalía en el documento que envió a la Corte que el senador Castilla es “integrante de esa organización criminal” y que, del representante Carlosama, tiene al menos dos pruebas que lo asocian con el Eln.
Análisis Urbano, Corpades, al igual que otras 300 organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y políticos, tanto nacionales como internacionales, rechaza la decisión del ente investigador.
Somos unos convencidos de que se trata de una persecución política y judicial contra luchadores sociales que se esfuerzan por transformar las condiciones de inequidad en las que sobreviven connacionales en caseríos, pueblos y ciudades de todo el territorio colombiano.
Las armas que empuñan estos hombres son la palabra y su compromiso constante con el movimiento social. Su apuesta es por una solución política y dialogada del conflicto armado. Sus esfuerzos están encaminados a construir democracia y a luchar por una institucionalidad que respete los derechos sociales, económicos políticos y ambientales del pueblo colombiano.
¿Quiénes son?
Castilla se inició como líder social en 1985 en Convención, municipio de Norte de Santander en el que nació y del que fue concejal en 1995 y alcalde encargado en 2001. Ese año precisamente vivió en carne propia la arremetida paramilitar. Es conocido como el “senador campesino”, es vocero nacional del Congreso de los Pueblos y milita en el partido Polo Democrático Alternativo. Fue reelegido el pasado 11 de marzo.
Por su parte, Carlosama es integrante de las Autoridades Indígenas de Colombia –AICO- y de la Minga por la paz de Nariño. Fue alcalde y gobernador indígena del Resguardo del Gran Mallama. Allí defendió, y defiende aún, los principios heredados de sus antepasados y los derechos de las comunidades indígenas.
Este es el manifiesto con el que rechazamos las acusaciones temerarias de la Fiscalía General de la Nación contra estos dos representantes del movimiento social.
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