Los grupos armados ilegales han aprovechado la pandemia del coronavirus para aumentar el control en los territorios y seguir reclutando a menores de edad para engrosar sus filas. Esa es la conclusión principal del seguimiento regional realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y documentado en el informe “El problema del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes”.
Se trata de un fenómeno que ya venía siendo alertado por distintos organismos, e incluso en julio pasado la Procuraduría había pedido a la Fiscalía investigar el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante la pandemia, señalando que no solo era una práctica del Eln y las disidencias de las Farc, sino de por lo menos otros ocho grupos armados ilegales.
De acuerdo con la información recopilada por la Fundación, con la suspensión de clases presenciales y el aumento de las brechas sociales y económicas, los grupos armados han tenido más posibilidades de actuar, y hay cifras que lo demuestran. Mientras que en 2019, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), se evidenciaron 67 eventos de reclutamiento y la utilización que afectaron a por lo menos 200 niños, niñas y adolescentes en el país (un aumento del 34 % en comparación con 2018), y para el primer semestre de 2020 ya se reportaban 40 eventos, donde se habrían podido reclutar 190 menores de edad.
Aún así no hay cifras claras de cuántos niños forman o han formado parte de los grupos armados, ya que la falta de denuncia es uno de los obstáculos, pero la FIP también resalta que la política pública sobre prevención de reclutamiento y utilización no es priorizada en las agendas nacionales y locales.
Según el GAHD (Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado), del Ministerio de Defensa, desde agosto de 2002 hasta abril de 2020, se habían desvinculado de los grupos armados 5.524 niños y niñas. Por su parte, el Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF reporta 5.799 niños y niñas desvinculados y atendidos por el Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos entre 2003 y junio de 2018. Estas cifras no están unificadas y, para ese mismo período, el GAHD registra 680 niños menos. Observando los datos se encuentra que en algunos años hubo más desvinculados reportados en el GAHD que en el Programa de Atención Especializada, aunque la ley establece que los niños y las niñas que se desvinculan de organizaciones armadas deben ser entregados de manera inmediata al ICBF.
Entretanto, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales identificó 184 municipios que presentan un alto nivel de riesgo de reclutamiento, utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados; de estos, 103 son municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Para la investigadora de Ideas para la Paz Paola González, esto supone unas condiciones especiales que se deben superar en cuanto a brechas socioeconómicas, falta de oportunidades y capacidades institucionales. Además de dinámicas de violencia e inseguridad por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.
La FIP clasificó estos municipios con las categorías del DNP y el Equipo de la Misión para la Transformación del Campo (que, a partir del análisis de varios factores, dividieron el país en: ciudades y aglomeraciones, intermedios, rural y rural disperso), encontrando que el 64,6% de los municipios con mayor nivel de riesgo de reclutamiento están en las categorías rural y rural disperso, es decir, en los promedios más bajos de cobertura en educación y el más alto en el índice de pobreza multidimensional. De hecho, para 2018 el porcentaje de personas en situación de pobreza en el país fue del 19,6 %, mientras que el promedio de estos 184 municipios fue del 49,3%.
Dinámicas de reclutamiento en las regiones
En Norte de Santander la población queda en medio de la disputa por el control territorial de los grupos armados, hay presencia de las disidencias de las Farc, el Eln y el Epl, además de grupos como los Rastrojos y la Línea. Diamar Urbina, investigadora regional de la FIP, explica que, por lo general, a los niños reclutados les encomiendan labores ligadas a actividades de vigilancia, cobro de extorsión, transporte de armas y droga. Mientras que niñas y adolescentes sufren violencias basadas en género, son víctimas de abusos, agresiones sexuales y trabajo infantil. Según el informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes, los municipios más afectados por el reclutamiento forzado en esta región son Tibú, La Gabarra y El Tarra.
En Hacarí también se ha recrudecido la violencia, los grupos armados están usando a los niños y niñas para desempeñar labores de limpieza o servidumbre. La investigadora advierte que hay subregistros en las cifras, pues no se denuncia por las amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados, pero las organizaciones sociales alertan un aumento de reclutamiento en toda la zona, pues los grupos armados han aprovechado la situación para atraer menores de edad con vehículos, armas, motos y dinero. Además, los asesinatos y la desaparición forzada también habrían aumentado, especialmente en las trochas. Urbina pone como ejemplo la masacre de ocho jóvenes que fueron reclutados por grupos armados, “al parecer varios de ellos se opusieron. Los habrían llevado con engaños, fueron trasladados al Catatumbo y allí los asesinaron”. Urbina pudo identificar que en zonas como La Gabarra se han organizado mujeres o juntas de acción comunal para ir hasta los campamentos y pedirle a los grupos que regresen a los niños y niñas. En ocasiones, la Fuerza Pública retoma el caso, pero al intentar conocer la ubicación de los grupos, se pone en riesgo a los menores de edad y a sus familias. Este no es un tema exclusivo de la zona rural, las comunidades han advertido la presencia de grupos ilegales en zona urbana. Así mismo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) informó que no solo están siendo reclutados niños colombianos, se han reportado casos de migrantes de Venezuela y Ecuador.
El aislamiento obligatorio también incrementó el control de los grupos armados en Caquetá, especialmente de las disidencias de las Farc. Los pocos ingresos de las familias durante el confinamiento, la violencia intrafamiliar, la suspensión de clases presenciales y la falta de acceso a internet para desarrollar clases virtuales son algunos de los factores. De acuerdo con la investigadora regional Julieth Cardona, la institucionalidad y la Fuerza Pública le han prestado atención al tema, especialmente después de hechos como el bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán, en agosto de 2019, donde perdieron la vida ocho niños y niñas reclutados. Para Cardona, los municipios con mayor riesgo son San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y El Doncello, e incluso Solano, un municipio habitado por grupos étnicos.
“El Acuerdo Final de Paz trajo esperanza al Caquetá, se percibió una disminución de hechos victimizantes, incluido el reclutamiento forzado, sin embargo, ahora instituciones y organizaciones han alertado el recrudecimiento de esta violencia”, afirma. Cardona reconoce que la fuerza no es el único mecanismo usado por los grupos armados, estos muchas veces atraen a los menores de edad con dinero, pero en estos casos también se debe hablar de reclutamiento forzado. Otra de las preocupaciones es que, en ciertos territorios, por las condiciones socioeconómicas, se considera una opción de vida viable ingresar a un grupo armado.
En el sur de Córdoba, por su parte, los controles de entradas y salidas durante la pandemia son una de las estrategias de los actores armados. La investigadora regional de la FIP encontró una red de jóvenes que busca opciones económicas para quienes están en riesgo de ser reclutados. “Antes de que se vayan de manera permanente les ofrecen alternativas, por ejemplo la venta de perros calientes”, dijo. A pesar de los esfuerzos comunitarios, la pandemia agudizó este fenómeno en la región. De acuerdo con fuentes de la zona, las familias de 10 jóvenes en Tierralta tuvieron que salir del territorio en los últimos meses para evitar que sus hijos fueran llevados por los grupos armados. Del mismo modo, hay denuncias sobre explotación sexual de niñas indígenas, en las que estaría involucrado el Clan del Golfo.
En Tierralta y Puerto Libertador hay preocupación por el reclutamiento de jóvenes indígenas y campesinos, e incluso las fuentes locales han identificado campamentos de entrenamiento. Las organizaciones sociales denuncian que los Caparros reclutan y probablemente también las disidencias de las Farc. Siendo Montelíbano y San José de Uré otros de los municipios más afectados por este delito. La investigación en esta región estableció que no hay información oficial al respecto y algunos funcionarios públicos manifestaron no tener la capacidad operativa para trabajar el tema.
En Guaviare, ahora el reclutamiento está ligado al ofrecimiento de dinero y supuestas “oportunidades de empleo”, los grupos ilegales se aprovechan de las condiciones económicas que son aún más difíciles en tiempos de pandemia. En el departamento no hay cifras y la población tampoco denuncia, pero en la investigación se identificaron casos de desplazamiento de jóvenes que deben salir del territorio al verse presionados por los grupos armados. El investigador Andrés Cajiao señala que las comunidades indígenas son las más afectadas por el reclutamiento de las disidencias de las Farc. Incluso algunos de los entrevistados afirman que un porcentaje del frente 1 está compuesto por jóvenes provenientes de estas comunidades que habrían sido reclutados por este grupo disidente.
Paola González hace énfasis en que hay varios desafíos que siguen pendientes. El primero de ellos es el fortalecimiento institucional en materia de prevención. Entre otras recomendaciones, la FIP habla de la importancia de fortalecer la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (Ciprunna). Una instancia creada para articular y hacer seguimiento a las acciones que adelanten las entidades responsables en la materia. Asimismo, se hace urgente unificar las cifras y articular las instancias a escalas local y nacional para destinar recursos, crear planes y hacer investigaciones.
Por otro lado, la FIP recomienda fortalecer la capacidad social y comunitaria que ya está en las regiones, pues hay organizaciones sociales que llevan años trabajando el tema. Además de fortalecer redes de protección al trabajar con maestros, escuelas y familias. Finalmente, señala la FIP, es vital atacar las causas estructurales y los factores de riesgos que propician el reclutamiento. González reconoce que eliminar estas brechas sociales y económicas es uno de los retos más grandes, por eso es importante empezar a promover desde diferentes frentes el desarrollo local en los territorios más afectados por el conflicto.
Impunidad en los casos de reclutamiento de menores de edad
El departamento de Estado de los Estados Unidos recuerda que otro de los grandes desafíos es la impunidad en los casos de reclutamiento forzado. En un informe afirman que, aunque para 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió 37 investigaciones a excombatientes por el reclutamiento forzado de niños, los casos siguen abiertos sin ninguna sentencia condenatoria. De hecho, desde 2017 no se ha condenado a ningún miembro de grupos armados ilegales por este delito.
Los menores nunca salieron de la guerra es un informe de la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, este muestra que según la Fiscalía entre el 2000 y octubre de 2019 hubo 4.685 casos abiertos de procesos por reclutamiento forzado de menores de edad, para febrero de este año, 4.356 se encontraban en etapa de indagación; sólo 47 llegaron a etapa condenatoria. Del total de los casos, 2.023 procesos se encontraban activos a octubre de 2019, mientras que 2.662 estaban inactivos. En el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, se definió que el delito de reclutamiento de menores de 18 años es juzgado por la JEP y no por la justicia ordinaria.
Tomado de El Espectador
