Reclutamiento forzado de menores, mal que atiza las llamas de la violencia en la región

FECHA:

A Juan*, Javier, Wilmar y otros 5 jóvenes más, oriundos del corregimiento El Guáimaro, en zona rural de Tarazá, la vida les cambió drásticamente de la noche a la mañana.

Hace unas dos semanas ellos tuvieron que salir de ese corregimiento bajo medidas de protección brindadas por el Estado. Se fueron junto a sus familiares que también huyeron de la zona para evitar represalias. En total salieron 21 personas.

Los 8 jóvenes habían sido incluidos en un censo hecho en diciembre pasado por un grupo armado ilegal que hizo presencia en la zona. Al parecer, el propósito del grupo era saber con cuánto personal contaban para integrarlo y fortalecer sus filas.

Estas familias huyeron, abandonando lo poco que tenían, tratando de salvar sus vidas y las de sus hijos. Tomaron esa difícil situación a raíz de los hechos violentos ocurridos en ese corregimiento el viernes 17 de enero en horas de la mañana. En esa oportunidad, entre los asesinados estuvieron 3 jóvenes que también aparecían incluidos en el censo hecho por los ilegales. Al parecer, fueron asesinados porque los jóvenes se negaron a enrolar sus filas.

En Caucasia, hace tres días, dos jóvenes fueron sacados del Bajo Cauca con medidas de protección por iguales razones. De hecho, recientemente se conoció que en la zona urbana, hay unos 12 jóvenes menores de edad en la lista de otro grupo armado que hace presencia en este lugar. El temor de los jóvenes, y sus familias, a sufrir represalias los cohíbe de denunciar antes las autoridades correspondientes.

El reclutamiento de menores no es un hecho aislado, ni tampoco asunto del pasado remoto. Hace solo dos meses atrás, en diciembre del año pasado, un grupo al margen de la ley, realizó un censo similar en El Doce, jurisdicción del municipio de Tarazá, y en ese entonces se prendieron las alarmas.

En esa ocasión, la situación fue denunciada en su cuenta de twitter por Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Sin embargo, cuando medios de comunicación nacionales se contactaron con la alcaldesa de entonces, Gladys Vides para que diera declaraciones al respecto, esta expresó que «nadie había venido hablar ni con la secretaría de gobierno ni con la Personería», y sus palabras conclusivas fueron una perla para enmarcar: «Si las personas no denuncian es porque no pasa nada».

Sin embargo, muchos no denuncian los hechos delictivos por temor a que los asesinen, a ellos y/o a sus hijos. La realidad es que, en este caso, para los ciudadanos hacer las denuncias tendrían que ir hasta la cabecera municipal donde están ubicadas las oficinas de las entidades del Estado, pero los grupos armados ilegales son intimidantes, pues «visitan» a las familias en su propio hogar y están presentes en la zona, donde la mayoría de las veces, los actores legales brillan por su ausencia.

El 21 de agosto del año pasado, en un comunicado de prensa, el Ejército Nacional informó que hasta esa fecha del 2019 habían recuperado 111 menores de edad en Antioquia, Córdoba, Chocó, parte de Sucre, Santander y Boyacá. Esa cifra es escalofriante, lo que evidenciaría el secreto a voces que los grupos al margen de la ley consiguen nuevos reclutas con jóvenes vulnerables de la región donde hacen presencia. Obtienen así mano de obra barata, personal sin antecedentes y personalidades moldeables al gusto e intereses de ellos.

Yeris* narró a este medio que a su hermano mayor un grupo armado ilegal se lo llevó a la fuerza cuando tenía solo tenía 16 años, y que él, por ser el más niño, quedo en «lista de espera» para cuando fuera más grandecito. Sus padres tuvieron que sacarlo de la zona, aduciendo que él quería superarse académicamente y que solo donde unos tíos, que vivían en una ciudad lejana, tendría dicha posibilidad. Fue la única manera en que pudo escapar del destino fijado para muchos jóvenes de zonas rurales dominadas por los ilegales.

Caucasia fue noticia nacional por el ataque con granada ocurrido el pasado jueves 23 de enero, en billares «Los recuerdos de ella», en el barrio Caracolí que dejó como resultado 12 personas heridas.

Un testigo presencial, dio a conocer a este medio que en ese lugar se encontraba, en esos momentos, un integrante del clan del golfo intentando reclutar jóvenes que hacían presencia en el establecimiento. Por lo que se cree que, integrantes de Los Caparros, al identificar al miembro del grupo contrario, lanzaron la granada para matarlo, dejando como resultado los hechos conocidos por todos.

Los jóvenes presentes en el lugar, ahora están bajo medidas de protección y fueron sacados de la zona. Lastimosamente, entidades como la Personería han quedado cortas para direccionar con celeridad la ruta que debe seguirse en estos casos.

La situación de seguridad ha tenido en las últimas semanas una significativa mejoría. Se ha visto la presencia del ejército y la Policía mucho más seguido en el territorio. Los integrantes de los grupos armados se han ido camuflando, adaptándose a sus nuevas circunstancias, pero siguen ahí, esperando que terminen los operativos de gran magnitud insostenibles en el tiempo para seguir andando a sus anchas. La comunidad no se confía, el temor sigue vivo.

Los jóvenes que han salido bajo medidas de protección no regresarán a sus hogares, han sido llevados a otras zonas donde hacen nuevas vidas. Ahora le cuentan a las autoridades todos los vejámenes sufridos por los actores ilegales que querían reclutarlos. Sus testimonios serán muy valiosos para armar el rompecabezas del comportamiento del conflicto en el Bajo Cauca.

Tomado de Región Al Día

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