“Yo tenía 11 años cuando me llevaron. Ellos se dieron cuenta de dónde me había escondido yo, que era como un montecito. Llegaron donde yo estaba, me taparon con las camisas de unos uniformes, una gorra para que no me reconocieran y me subieron en una lancha”. Ese es el último recuerdo en libertad de una menor de edad que terminó reclutada por el Eln en Nariño y pasó parte de su infancia patrullando en medio de sembradíos de coca de ese departamento.
Ella es una de los más de 16.800 niños que a lo largo del conflicto armado han sido reclutados a las malas por grupos ilegales y obligados a empuñar armas en el país, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
El más reciente informe del secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad de ese organismo dice que en todo el 2018 se verificaron, en total, 120 casos de reclutamiento y utilización que afectaron a 293 niños del país. En 2017 habían sido 169 los niños sometidos a esa práctica, lo cual representó un incremento del 73,3 por ciento, que se registró cuando las Farc ya habían dejado las armas y se creía que los niños estaban a salvo del considerado mayor reclutador de menores del país.
Pero las nuevas dinámicas del conflicto, el control por las rentas ilegales y las disputas de las bandas criminales terminaron poniendo de nuevo armas en las manos de los menores, que en su gran mayoría proceden de áreas rurales y pertenecen a las familias más vulnerables.
Fuentes de inteligencia de la Fuerza Pública estimaron que en la actualidad, en las filas del Eln hay entre 45 y 55 menores, siendo el frente de guerra Occidental, que delinque en Chocó, el mayor reclutador, con unos 30 niños.
Igualmente señalaron que las disidencias de las Farc tendrían en sus filas unos 100 menores, la mayoría de ellos en el bloque 62, que delinque en Guaviare, donde habría unos 40 menores.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía, encargada de judicializar a los responsables de esa práctica proscrita internacionalmente, señalaron que las cifras pueden ser más altas, pero que la falta de denuncia de los familiares de los menores, que en muchos casos siguen viviendo en las zonas donde mandan los verdugos de sus hijos, hace muy difícil tener un dato más cercano a la realidad y avanzar en los procesos penales contra los victimarios.
Pero ser forzados a dejar sus hogares para ingresar a grupos ilegales es solo una parte de una cadena de violencias a las que los niños se ven obligados en la histórica tragedia del reclutamiento de menores en Colombia.
Tanto la Fiscalía como la JEP, que tiene un caso dedicado al reclutamiento infantil, cuentan con testimonios de cómo dentro de las filas de grupos armados, los menores han sido violentados física y psicológicamente –hay registros incluso de menores que se suicidaron estando en la desaparecida guerrilla de las Farc–; muchas veces víctimas de abuso sexual y obligados a usar métodos de anticoncepción o a abortar; fusilados por cometer alguna infracción de los reglamentos; desaparecidos y torturados.
También hay registro de cómo muchos niños, además de resultar heridos, acaban muriendo, como sucedió el pasado 29 de agosto tras un bombardeo contra un campamento de disidencias de las Farc en Caquetá, que causó la muerte de 8 menores de edad. Ellos, según información en poder de Naciones Unidas, fueron sacados de sus hogares aproximadamente mes y medio antes de la operación militar que tenía como objetivo a ‘Gildardo Cucho’, señalado por las autoridades de formar parte de la avanzada de la disidencia de ‘Iván Márquez’.
María Paula Martínez, directora de la ONG Save The Children en Colombia, dice que el reclutamiento forzado multiplica los riesgos para la niñez. “Por sí solo es un delito, pero también hay violencia sexual, física; los ponen en riesgos de caer en combates militares, caen en minas, cuando son entregados se someten a largos interrogatorios…”, comentó.
Solo este año, hasta septiembre, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habían ingresado 141 menores de edad tras ser rescatados en operaciones militares o de dejar de forma voluntaria las armas. En la actualidad, la institución tiene bajo su protección a 242 menores que fueron recuperados de grupos armados.
En el historial del ICBF, 6.732 menores han ingresado desde 1999 al programa de atención especializado para cuando salen de los grupos ilegales.
Quiénes están detrás
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza el caso sobre reclutamiento y utilización de niños, que tiene hechos ocurridos antes de 2016. Allí ya hay identificadas 8.839 víctimas de reclutamiento por las Farc. A ese caso, la JEP vinculó a 37 exjefes de las Farc, y 14 comenzarán a rendir versiones libres el 9 de diciembre.
De otro lado, en un informe sobre hechos de conflicto en los primeros seis meses de este año, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) registró que el Eln sigue reclutando menores en zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, y en municipios como Segovia, en Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, en Bolívar, y Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Riosucio y Juradó, en Chocó. La OEA advirtió que especialmente en los últimos dos sitios se está reclutando a indígenas.
El organismo también registró casos de reclutamiento por disidencias en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, en Caquetá; La Macarena, Meta; San José del Guaviare y Miraflores, Guaviare; Suárez y Corinto, Cauca; y Arauca y Arauquita, en Arauca.
En cuanto al año pasado, el informe de la ONU indicó que los principales autores de reclutamiento fueron las disidencias de las Farc, con al menos 82 niños, seguidos por el Eln, con 69, y el ‘clan del Golfo’, con 12 casos.
Roberto Menéndez, jefe de la Mapp/OEA, dijo que han detectado un incremento en la tendencia de vinculación de menores por todos los grupos armados e hizo un llamado a que dejen de utilizarlos en sus filas.
Una autoridad local de Caquetá, que pidió no ser mencionada por seguridad, dijo a EL TIEMPO que tras la firma del acuerdo de paz con las Farc hubo más o menos un año y medio de tranquilidad, “pero desde junio del año pasado se empezó a sentir la presencia de las llamadas disidencias. Y a partir de diciembre del año pasado, empezaron a llevarse a la fuerza a los niños en zona rural de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico y Solano”.
Sobre cuántos han sido los menores reclutados, indicó que no hay un registro exacto ni denuncias: “A mí me contó una mamá que se le llevaron al hijo mayor, de 16 años. El muchacho no se quería ir, y lo fácil fue decirle que si no se iba con ellos, le matarían a la mamá”.
En Putumayo, la Iglesia católica ratificó que hay más casos que denuncias por reclutamiento. “Extraoficialmente se afirma que son al menos unos 150 menores de edad, muchos de comunidades indígenas, los que han reclutado en 18 meses, entre los 12 y 17 años”, señalaron.
Y en Guaviare, un líder del sector educativo comentó que la alerta está principalmente en Miraflores y Calamar, donde disidencias de los frentes primero y séptimo de las Farc se llevan a los menores. “La alerta de reclutamiento está en los internados, en los que los niños están de domingo en la tarde a viernes. Desde hace seis meses se le está exigiendo a cada padre de familia que los recoja y los lleve, porque el peligro está en enviar solos a los menores; en el camino se los llevan a la fuerza”, dijo.
Otro dato preocupante es que desde hace unos meses se ha detectado que los grupos ilegales no solo están armando a menores colombianos, sino también que están utilizando a niños migrantes venezolanos, como lo ha advertido la Defensoría.
De otro lado, Martínez señaló que otra situación grave es que el reclutamiento también sucede en las ciudades. Y agregó que algunos menores que son rescatados de sus victimarios terminan con el tiempo regresando a las zonas en donde viven sus familias y en las que fueron reclutados, cayendo en riesgo de ser nuevamente reclutados.
Mientras que el Gobierno anunció a través de Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los Derechos Humanos, el lanzamiento de una política contra el reclutamiento el próximo 19 de noviembre, la suerte de los menores violentados generó rechazo en el país y la comunidad internacional, que emitió pronunciamientos como el del embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje conmovedor sobre el dolor de solo imaginar que su hija corriera la suerte de los menores muertos del Caquetá y que “fuera reclutada a la fuerza por algún grupo armado ilegal, explotada, transformada en blanco militar con el riesgo de terminar despedazada por un bombardeo, sin saber de ella”.
Luego, Mignot agregó: “Claro, es una visión teórica porque esas cosas no pasan en Francia ni en los barrios privilegiados de Bogotá, donde vivimos”.
¿Cuál es el rol del ICBF?
La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, explica que el trabajo de esta institución en los territorios en donde los grupos armados organizados reclutan a menores de edad se concentra en la prevención de riesgos mediante la generación de entornos protectores.
“Se contemplan procesos de movilización social que buscan sensibilizar y desnaturalizar prácticas asociadas al riesgo de reclutamiento, y promover la configuración de proyectos de vida”, dice Pungiluppi. La funcionaria señala que se desarrollan planes que “incluyen actividades de prevención, pero sobre todo de fortalecimiento territorial, que aborden las raíces estructurales de la ilegalidad en las zonas”.
La directora recuerda que desde la Alta Consejería para los Derechos Humanos se creó una política para contrarrestar dicho fenómeno, la cual priorizará “las zonas en donde se concentran los grupos armados y todos aquellos municipios en donde están los denominados corredores estratégicos para las rutas del narcotráfico”.
Texto de María Isabel Ortiz Fonnegra
Tomado de El Tiempo
