Por Luis Fernando Quijano Moreno
En diciembre de 2010 culminó la guerra dentro de la Oficina del Valle de Aburrá —u Oficina de Envigado—. Se creía que todo estaría tranquilo, mejor dicho, pacificado —léase a sangre y fuego, eso es pacificación urbana— en el Medellín metropolitano con la supremacía del grupo vencedor regido por alias Sebastián, quien se impuso sobre el grupo dirigido por alias Valenciano, quien optó por abandonar la guerra y dedicarse al macronegocio del tráfico de drogas desde puertos colombianos y venezolanos hacía Europa y Estados Unidos. Este último entrego varios de sus bastiones territoriales a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las comunas 5, 8, 13 y 16.
Pero el ingreso desde el segundo semestre del 2010 de las AGC —denominados en ese entonces como Los Urabeños, posteriormente Clan de los Úsuga y recientemente rebautizados como Clan del Golfo— presagiaba que las cosas podrían cambiar y que una nueva guerra urbanorrural, que incluía la periferia de la ciudad, era inminente. Era claro que la Oficina no se dejaría quitar el poder en el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia. Así ocurrió.
Después de haberse vivido un 2011 rodeado de una sospechosa calma, llegó 2012 con la explosión de una nueva guerra en el Valle de Aburrá; esta vez no era la Oficina la que se dividía provocando un nuevo enfrentamiento, sino las AGC que se habían embarcado en la guerra contra la Oficina. La ciudad se calentó, explosiones y disparos confirmaban que el conflicto había iniciado. Ese año fue difícil y los primeros seis meses de 2013 también; las fronteras barriales y corregimentales estaban activas, la lluvia de balas acompañadas de desplazamiento intraurbano, desaparición forzada, masacres, homicidios selectivos, casas de tortura y vacunas estaban al orden del día.
Hasta que llegó el Pacto del Fusil, con el que se dio el reacomodamiento de las estructuras paramafiosas y sus bandas paramilitarizadas. Una nueva cartografía criminal emergía y dos jefes asumían el control militar del acuerdo ilegal. La pólvora, las verbenas y la satisfacción y apoyo de un sector institucional, además del respiro que sentía la comunidad que siempre es la que está bajo fuego, mostraba que el Pacto del Fusil “era lo mejor para Medellín y el resto del Valle de Aburrá”. Dudas siguen quedando y preguntas surgen: ¿cuánto ha sido el costo del Pacto del Fusil a la fecha en el número de vidas humanas aniquiladas, desplazados, vacunados y perdida de la legitimidad del Estado? Todavía no se ha hecho el inventario, pero Corpades y Análisis Urbano lo presentarán prontamente. Es bueno que se conozca para qué sirve un acuerdo criminal avalado y protegido por la legalidad en todos los órdenes.
Pero a regañadientes acepto que el Pacto del Fusil bajó los niveles de confrontación militar y trajo cierta “paz” en barrios y corregimientos, y que además reguló la violencia representada en homicidios, desmembramientos, torturas, entre otros delitos. En lo concerniente a si se acabó la desaparición forzada y las casas de tortura —conocidas como casas de pique— sigo convencido de que no; Popular I y II lo mostraron recientemente.
Digo que a regañadientes porque es vergonzoso e inaudito que se haya cimentado la falsa premisa de que la paz vino del accionar institucional. Es claro que aquí los criminales han tenido la batuta que dirige la pacificación del Valle de Aburrá.
Las mentiras oficiales vendieron la idea de que capturas, decomisos y derrochar miles de millones de pesos en seguridad fueron las acciones que forjaron la pacificación urbana. Con eso buscaron premios nacionales e internacionales, sin darles la mínima vergüenza; por ejemplo, el día que la Medellín ganó el premio Ciudad más Innovadora del Mundo, se sentía el tableteo de los fusiles en comunas y corregimientos. O la de Bello, que es fuera de serie, cuando fue considerada la quinta ciudad más segura del país. El chiste se cuenta solo, en ese municipio cogobierna el crimen.
Con pacto y todo, ciertas disputas se mantuvieron en las comunas 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16 y 15, y los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado; más los hechos violentos que se han presentado en Bello, Itagüí, Barbosa, Copacabana y Caldas son ejemplo del grado de tensión que se vive adentro de las bandas de la Oficina, y digo adentro de las bandas de la Oficina, porque si esto fuera una guerra entre AGC y Oficina del Valle de Aburrá, la lluvia de balas y explosivos harían su aporte a la grave contaminación que vive Medellín y buena parte de su área metropolitana, e igualmente la violencia se dispararía.
En 2016, el Pacto del Fusil se mantuvo pese a los enfrentamientos que hicieron aumentar la violencia en algunas comunas de municipios como Medellín y Bello, muchos han creído erróneamente que cada vez que se presentan enfrentamientos armados eso es sinónimo del fin del acuerdo criminal, pero todavía no ha pasado. Eso no quiere decir que no ocurra, la criminalidad urbana, al igual que la política, es dinámica, e intereses particulares de índole políticos, electorales, económicos y foráneos podrían activar una confrontación.
Año 2017, cuatro meses después, nuevamente afloran los enfrentamientos armados. Pese a que marzo se convirtió en el mes con menos homicidios en los últimos 30 años de la ciudad de Medellín y que se presagiaba época de tranquilidad, los primeros días de abril han sido de confrontación armada en las comunas 8 y 16. ¿Será que el Pacto del Fusil se rompió? ¿Será que la estrategia de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez no está funcionando? ¿Será que el crimen urbano se está reconfigurando a partir de la capturas de algunos de sus jefes y subjefes?
En el próximo artículo trataré de mostrar qué está pasando en comunas 8 y 16, además de hacerle una revisión a la estrategia de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez y sus aliados en la Policía, Fiscalía, alcaldías del resto del Valle de Aburrá, Gobernación de Antioquia y Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen urbano, porque algo no ha permitido que se pueda decir que ya se ha triunfado sobre las bandas, la Oficina y las AGC. A pesar de la declaración de lucha abierta contra ellas y los golpes dados, estas estructuras no ceden. Parecería que toda la estrategia está basada en retórica y show mediático que no conduce a ninguna parte. ¿Será el culpable Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín? Pareciera que no.
Apunte Urbano
Ya fueron capturados alias Chamizo y Soto, se espera que próximamente caiga Carlos Chata —podría ocurrir en Semana Santa—. ¿Por qué no se han activado los operativos para la captura de sus sucesores?
¿Será que la institucionalidad no sabe que alias Queso reemplazó a Diego Chamizo, Pichi reemplazó a Soto para proteger a Cataño, el socio del recién capturado, y que alias Joaquín o Joaco ya se presentó como el sucesor de Carlos Chata?
Es claro que capturas de jefes, subjefes, junta directiva, patrones y patrones de patrones no acabará con las bandas, la Oficina y mucho menos con las AGC, pero podría servir para impedirles su pronta reorganización. Esperemos que la institucionalidad, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, lo entienda, aunque dudas quedan…
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