A principios de abril, la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, en Antioquia, recibió un audio en el que Guillermo Correa, rector de la Institución Educativa San Francisco de Asís (ubicada en zona rural de Jericó) les comunicaba a sus profesores que la compañía minera AngloGold Ashanti les iba a ofrecer a los estudiantes del grado 11, voluntariamente, un pre-Icfes virtual, y para los niños de primaria, un curso de inglés.
Para obtener el beneficio debían pasarle una lista con los nombres de los alumnos y teléfonos de los padres de familia. En esa lista tenían que incluir si los estudiantes y su núcleo familiar eran opositores o no al proyecto Quebradona, de minería subterránea de cobre, ubicado en Jericó y que aún se encuentra en evaluación por parte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Esta acción fue calificada por varios líderes del municipio como ilegal, pues además de que el colegio estaría suministrando información de menores de edad a una empresa privada, estaban excluyendo a quienes no están de acuerdo con el proyecto Quebradona.
Para Fernando Jaramillo, vocero de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, se trató de una petición que viola la intimidad de los menores de edad y sus familias. “Por esa razón hicimos la denuncia formal en la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación y la Procuraduría. Sabemos que por la emergencia sanitaria la respuesta a nuestro requerimiento no será oportuna; sin embargo, esperamos que se tomen cartas en el asunto”, dice Jaramillo.
Juan Carlos Upegui, abogado, profesor de la Universidad Externado e investigador de Dejustica, asegura lo ocurrido no es un delito, pero puede haber una infracción a la ley de protección de datos. «Además, el uso los datos personales de menores de edad está limitada por la ley y solo se puede dar para el cumplimiento de obligaciones legales y con situaciones relacionadas con derechos de las niñas y niños, pero este no aparece ser el caso».
Pero el punto más delicado, dice Upegui, es que ese tipo de información no se le debe preguntar al niño y en su contexto es muy sensible, «porque si hay una familia que se oponga al proyecto minero, la información puede ser utilizada para discriminar o perfilar a familias», dice el abogado.
Ahora, en el caso del rector Guillermo Correa, puede recibir una falta disciplinaria relacionada con el incumpliendo de la ley de protección de datos de los estudiantes.
El diario El Tiempo se contactó con la oficina de comunicaciones de AngloGold Ashanti y a través de un comunicado de prensa aseguraron que se trató de una confusión del rector Correa, que él luego aclaró a sus profesores en un segundo audio.
“Tanto Minera de Cobre Quebradona como AngloGold Ashanti son empresas respetuosas de la normatividad vigente y cumplidoras, a carta cabal, de las leyes colombianas. No hemos promovido prácticas como la referenciada en la denuncia, relacionada con la recolección de datos personales e información sobre si menores de edad y sus familias están a favor o en contra del proyecto minero. Esta situación obedeció a una imprecisión en la comunicación realizada por el rector de la institución educativa San Francisco de Asís de manera autónoma, que fue aclarada y corregida por la misma institución”, dijo la compañía.
En el segundo audio al que se refieren en el comunicado, el rector solo menciona que la convocatoria era abierta y que no era obligatoria. “Solo es para los que quieran recibir la ayuda, no es para hacer una distinción entre personas”, dice el rector Correa.
En esa misma dirección, la compañía afirmó que los cursos virtuales son de carácter gratuito y abiertos para todos los estudiantes, con el fin de prepararse para las pruebas Saber 11. Además, dicen que lo hacen con la intención de promover un mayor desarrollo económico, ambiental y social en la región.
Pero para Jaramillo claramente están usando las necesidades de las comunidades rurales para obtener su aprobación, generando discordia entre los habitantes del corregimiento Palocabildo, en donde la compañía está entregando estos beneficios.
“Todos los regalos, donaciones y ayudas tienen por objeto mostrar a los jericoanos una generosidad que oculta las graves afectaciones ambientales y sociales que traería la explotación por 21 años de ese yacimiento, y que destruiría las fuentes de agua de corregimientos de Jericó y Támesis y del acueducto de La Pintada y el tejido social de todas estas comunidades”, denunció Jaramillo.
Tour’ AngloGold Ashanti
Además de que presuntamente el rector Correa estaría solicitando información personal de sus estudiantes para entregarlos a la compañía minera AngloGold Ashanti, Jaramillo también denunció, que en diciembre de 2016, este rector y otros dos directivos de otros colegios fueron invitados por AngloGold Ashanti a Brasil durante un fin de semana para conocer las bondades de la minería.
En efecto, la compañía minera también le aseguró a EL TIEMPO que esta invitación a Brasil, con todo pago, fue para que los rectores conocieran la operación en Córrego Do Sítio, “una mina de AngloGold Ashanti que coexiste con agricultura, turismo y una reserva natural. Al conocer experiencias mineras como la de Brasil, le permite a ellos comparar cómo en un territorio con condiciones similares a las de Jericó, en materia de medioambiente, cultura, costumbres y modelos productivos, es posible la convivencia y completa armonía con la actividad minera, generando desarrollo y bienestar a sus comunidades”, dijo la compañía.
Sin embargo, según un comunicado emitido por la Secretaría de Educación de Antiquia en 2017, los rectores abandonaron su puesto de trabajo durante esta semana, ya que no tenían el permiso para ausentarse de sus actividades en el colegio. “Reportamos a la oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Antioquia descontar los días no laborados por los rectores”, dice el comunicado.
Para Jaramillo y otros líderes de Jerícó, la medida no fue suficiente, “en el caso del rector Correa, claramente siempre ha estado dispuesto a favorecer al proyecto minero Quebradona, y pese a que está al frente de una institución educativa, nadie hace nada”, concluyó.
Tomado de El Tiempo
