Red de cooperantes en Medellín han fortalecido crimen en la ciudad

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Redacción Analisisurbano.com

Históricamente, en la ciudad se ha demostrado que tanto las rede de cooperantes como las cooperativas de seguridad sólo han servido para fortalecer las redes criminales y mafiosas que perpetúan la inseguridad en Medellín.

La mayor muestra de esto, y que es de común conocimiento, ha sido el laboratorio de seguridad que llamaron Las Convivir: el 27 de abril de 1995, la Superintendencia expidió una resolución que legalizó y legitimó el nombre de las convivir, una cooperativa creada para apoyar los servicios de seguridad y cuyo espacio de acción era en su mayoría rural y en el territorio de Urabá.

Sin embargo, en 1997 se había expandido y trasladado, casi en su totalidad, a Medellín y su operatividad estaba demostrando ser de carácter criminal y extorsivo. La situación se estaba saliendo de control, razón por la cual ese mismo año, y desde el gobierno nacional, se les prohibió el porte de armas, pero el argumento usado fue que éstas eran de uso privativo de la fuerza pública, evadiéndose así el problema principal que era involucrar a civiles en asuntos de seguridad.

El problema adquirió efervescencia y el error no se pudo ocultar por más tiempo. Entonces, a finales de 1997 e inicios de 1998, el gobierno ordenó el desmantelamiento absoluto de la cooperativa de seguridad Las Convivir. No obstante, durante sus casi tres años de existencia legítima, debido a los recursos -económicos, logísticos y militares- que obtuvieron provenientes del apoyo que se les brindó la institucionalidad, y los aportes que les ofrecieron los grupos empresariales de carácter privado, Las Convivir consolidaron un poder criminal que los enquistó en la suciedad al punto que hoy, 20 años después, siguen existiendo y sólo han modificado su operar en contadas ocasiones.

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Con el tiempo se multiplicaron, y según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), los grupos que conforman Las Convivir son 35, la mayoría de estos ubicados en la zona céntrica de Medellín.

No siendo suficiente el error cometido y la evidencia del control territorial que esta política le otorgó a los criminales, la institucionalidad una vez más le apostó a lo mismo y en 2011 volvió a involucrar a “civiles” en asuntos –o problemas- con relación a la seguridad e inseguridad de la ciudad, y se decidió a crear una red de cooperantes conocida entonces como Red de Apoyo Ciudadano, la cual hacía parte de la Empresa Metropolitana para la Seguridad (Metroseguridad), que actualmente es la Empresa de Seguridad Urbana (ESU).

Los comerciantes de la ciudad, quienes en su mayoría han sido y siguen siendo las principales víctimas de extorsión en Medellín, comenzaron a reclamar sobre el actuar de esta red de apoyo y a relacionarlas con Las Convivir.  Por tal razón, aburridos de la situación, ya que se trataba de una red de cooperantes con respaldo de la Administración -Metroseguridad era una dependencia de la Alcaldía de Medellín-, los comerciantes se decidieron y denunciaron a las personas que les estaban cobraban por el servicio de vigilancia del sector; cobro que hicieron obligatorio amedrentando como herramienta.

El reclamo y la denuncia fueron masivos, y como los señalamientos fueron directos, la policía se vio obligada a capturar a 77 personas. Sin embargo, pocas horas después, las autoridades se vieron obligadas a dejarlas en libertad por falta de pruebas, y porque, efectivamente, estas personas portaban radios y carnets que los identificaban como miembros de la Red de Apoyo Ciudadano.

Las Convivir organigrama completo.

Gabriel Jaime Urrego, quien entonces era el gerente de Metroseguridad, argumentó que los documentos eran falsos y que los seriales de los carnets no coincidían con ningún número de los de su empresa, pero nunca se aclaró el origen de los radios de comunicación.

Supuestamente, la policía se comprometió a investigar a las personas para ver si podría relacionarlas con algún tipo de delito, pero no se volvieron a ofrecer resultados frente a este caso.

Estos dos casos emblemáticos, sumado a la corrupción existente al interior de un sector de la fuerza pública que se ha demostrado estar al servicio de “La Oficina”, demuestras que la política de red de cooperantes o de vigilancia son ineficientes y sólo fomentan el crecimiento de la criminalidad por los beneplácitos y facilidades que obtienen para camuflarse.

Hoy, en pleno 2015, y desconociéndose la historia delictiva y criminal que desafortunadamente acompaña a Medellín, se vuelve a hablar de red de cooperantes como la salida eficaz al problema de seguridad que vive la ciudad. Una apuesta política que ya se ha probado consecutivamente y que ha demostrado que no soluciona nada.

Los problemas no se pueden contrarrestar con las mismas decisiones y las propuestas deben ser radicalmente diferentes. Ni las cámaras de seguridad, ni el aumento del pie de fuerza, ni la red de vigilantes o cooperantes van a traer como resultado una Medellín segura, eso es falso. La solución debe enfrentar el problema de raíz, observar sus causas, y, sobretodo, debe tener en cuenta todas las partes del conflicto.

Mientras las estructuras criminales sigan existiendo en el centro y en el resto de la ciudad, aunque disminuyan su presencia como lo hacen ahora en el centro, una estrategia que implementan para disminuir su visibilidad y poder actuar con mayor eficacia y tecnología, Medellín no será segura.

Ya es hora de sentarse y hablar con seriedad sobre el tema, el crimen de la ciudad no se cura con paliativos. La solución no es acabar el conflicto con más conflicto, la apuesta política debe ser diferente.

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