La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica denunciaron públicamente los “señalamientos y amenazas de muerte en contra de líder social, directivo y defensor de Derechos Humanos en el departamento del Cauca, Héctor Marino Carabalí Charrupí.
Carabalí Charrupí es beneficiario de Medidas Cautelares otorgadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, es integrante de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afro descendientes – CONAFRO, de la Mesa Departamental de Víctimas, del Comité de Justicia Transicional Municipal y Departamental, del Consejo Comunitario Cuenca Rio Timba Mari López, del Comité Interétnico en Defensa del Territorio, de la Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI de Buenos Aires, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
El líder social Héctor Marino recibió vía mensaje de texto un mensaje en el que se le señala de ser un “revolucionario enmascarado” que se cubre “detrás del cuento de ser defensores de derechos humanos”. Y agrega el vulgar, deleznable y amenazante mensaje: “Izquierdistas hifueputas (sic), malparidos sapos, con ideologías guerrilleras. Héctor Mario Carabalí, Odorico Guerra, Gloria Quienceno, Sandra Castañeda, Blanca Yoli Leal, y al resto de sapos patrocinadores de marchas y eventos revolucionarios. Ustedes huelen a muerto”.
Ante estas amenazas, la Red de Derechos Humanos del Cauca y Marcha Patriótica, responsabilizan “al Estado Colombiano en cabeza del señor Iván Duque Márquez, a la Gobernación del Departamento de Cauca en cabeza de Óscar Rodrigo Campo Hurtado, al brigadier general Jorge Horacio Romero Pinzón, comandante de la III División del Ejército Nacional; y al coronel Fabio Alexánder Rojas García, comandante del Departamento de Policía Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones Militares y Policiales del Estado Colombiano”.
Asimismo, exigen “responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo del líder social, directivo y defensor de Derechos Humanos Héctor Marino Carabalí Charrupí y su núcleo familiar y de los/as líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos integrantes de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afro descendientes – CONAFRO, la Mesa Departamental de Víctimas, el Comité de Justicia Transicional Municipal y Departamental, el Consejo Comunitario Cuenca Rio Timba Mari López, el Comité Interétnico en Defensa del Territorio, la Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI de Buenos Aires, el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca”.
También solicitan al Estado Colombiano el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
A la Gobernación del Cauca, exigen que adelante las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo del líder social, directivo y defensor de Derechos Humanos Héctor Marino Carabalía Charrupí.
A la Defensoría del Pueblo instan a cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo del líder social, directivo y defensor de Derechos Humanos Héctor Marino y de su núcleo familiar y de los/as líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos.
Igualmente solicitan a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Oacnudh-, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
Finalmente, instan a los organismos de Derechos Humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta frente a la crítica situación de Derechos Humanos que está afrontando del Departamento del Cauca.