La creación de redes de cooperación ciudadana, que está dentro de la política de seguridad que presentó el presidente Iván Duque este miércoles 6 de febrero, desató un nuevo debate.
Mientras algunos sectores aseguran que esta herramienta fortalecerá la lucha contra el crimen, otros tienen temor sobre los alcances de la política.
La idea del presidente Duque es que la ciudadanía coopere con las autoridades y tenga un papel más activo en la defensa de su seguridad y, además, en la soberanía nacional.
“La seguridad es un asunto de todos, no exclusivamente de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la administración de justicia y el Gobierno: Los ciudadanos son los primeros que deben velar por su protección. La solidaridad ciudadana es fundamental para prevenir el delito, determinar los hechos cuando éstos se cometen, asegurar la sanción efectiva con el criminal y proteger a las comunidades”, dice el documento de la nueva Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, que será la hoja de ruta de los próximos cuatro años en esta materia.
Sin embargo, algunos sectores expresaron su temor sobre los alcances de la política y sus similitudes la Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otros lo aplauden.
Uno de los más fuertes críticos es el senador por el Polo, Iván Cepeda, quien incluso aseguró que con redes de informantes y con recompensas “comenzó hace algunos años la tenebrosa historia de los falsos positivos”.
Y es que, como explicó el senador liberal Luis Fernando Velasco, la ciudadanía debe colaborar con las autoridades buscando la justicia y no dinero, pues quien da información a cambio de plata, “no siempre está interesado en la verdad”. Esto, agregó, podría aumentar la figura de los falsos testigos.
“Hay quienes le tenemos temor a ese tema, temor porque comprar colaboración puede terminar como política, no digo que no se pueda hacer, pero primero desestimula el papel del ciudadano y segundo tenemos unas experiencias que no son las mejores, las de testigos falsos”, comentó Velasco.
También está en duda qué tan acorde es la nueva política para el momento actual del país, pues el fin del conflicto con las Farc, que duró más de 50 años, es una oportunidad para apostarle a otros temas, como la educación, el empleo y la salud, y dejar a un lado la actitud belicista e invertir menos recursos en la guerra.
Así lo explicó el representante a la Cámara por Cambio Radical, y vocero de ese partido ante el Gobierno, José Daniel López: “Esta es una política que no está sincronizada con el momento actual del país, de una Colombia en posconflicto, de llevar desarrollo a las regiones, sino que se nos vende la lógica de la confrontación armada, se está poniendo el acento en unas acciones que obedecen a un país guerra. Se propone una red de cooperación ciudadana, que lo que hace es llevar mayor conflictividad a las regiones y pone en vulnerabilidad a las comunidades”.
No obstante, hay quienes aseguran que el presidente Duque está siendo coherente con su actual discurso y es pertinente, a propósito de los hechos recientes del Eln, tras el atentado de la guerrilla en la Escuela de Policía General Santander, que dejó 21 cadetes muertos.
“Su gobierno está siendo coherente con un respaldo que recibió de los ciudadanos y que legítimamente cree que para enfrentar el crimen se necesita esa red de cooperantes, la recompensa, entre otros”, explicó Velasco.
En las últimas semanas el presidente Duque viene radicalizando su discurso contra el Eln, el terrorismo y los grupos armados, temas que son muy bien recibidos en algunos sectores políticos y ciudadanos que insisten en la necesidad de combatir y no negociar con grupos que secuestren, atenten contra la infraestructura del país y, además, asesinen a líderes sociales.
De hecho, hace apenas una semana el jefe de Estado le puso precio a la cabeza de los “matalíderes” –como el mismo lo dijo–. El Gobierno ofrece hasta 4.000 millones de pesos por los jefes del Eln; 3.000 por alias Otoniel, máxima cabeza del llamado ‘clan Úsuga’ y 2.000 millones por alias Gentil Duarte, jefe de una de las disidencias de las Farc.
“El matrimonio perfecto entre seguridad y justicia edifica el concepto de legalidad, para que la Fuerza Pública tenga las condiciones necesarias para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos”, trinó el congresista uribista Carlos Felipe Mejía tras la presentación de la política de seguridad.
Lo mismo piensa el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. El congresista considera que la integración de la Fuerza Pública con la sociedad civil es clave para combatir el delito de una manera efectiva. Además, considera que esa estrategia, cuando Álvaro Uribe la utilizó, fue efectiva.
“La política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, que integraba este elemento, fue muy aplaudida en su momento y mostró resultados concisos y visibles. Por lo tanto, El gobierno de Duque, debe no solo mantenerla sino perfeccionarla”, afirmó Motoa.