Londres, 15 de junio de 2022.- El Gobierno del Reino Unido confirmó este miércoles que seguirá adelante con su plan para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, pese a las numerosas demandas legales que obligaron ayer a suspender el primer vuelo.
La ministra del Interior, Priti Patel, dijo en la Cámara de los Comunes que el Ejecutivo de Londres «sigue comprometido» con el programa acordado con Kigali por más de 120 millones de libras (140 millones de euros) y condenó a quienes «denigran» al país africano «sin saber de lo que hablan».
Patel reiteró su «sorpresa» por la intervención a última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que llevó a anular el despegue del Boeing 747 desde una base militar inglesa, pero indicó que «ya han comenzado los preparativos» para organizar un próximo vuelo.
DISPUESTOS A CAMBIAR LA LEY
Tras la decisión de esta corte, que no está vinculada a la Unión Europea sino al Consejo de Europa, del que el Reino Unido es miembro, sectores del Partido Conservador han pedido al Gobierno que se desvincule de la Declaración Europea de Derechos Humanos de 1953 que lo apuntala, y que paradójicamente este país contribuyó a elaborar.
El primer ministro, Boris Johnson, ya ha indicado por su parte que puede ser necesario «cambiar la ley» a fin de poder enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen a Inglaterra por rutas irregulares, tras lo cual ya se quedarían en ese país.
Patel destacó hoy que el TEDH no declaró «ilegal» el plan británico en su conjunto sino que solo prohibió de manera cautelar la deportación de tres migrantes (de siete pasajeros previstos), hasta que la Justicia inglesa se pronuncie sobre la iniciativa en julio.
Aseguró que las presiones legales no impedirán que prospere una política que calificó de «moralmente responsable», pese al torrente de críticas recibidas tanto dentro como fuera del Reino Unido.
«No aceptaremos que no tenemos derecho a controlar nuestras fronteras», dijo la ministra, que insistió en que hay que «disuadir» a las bandas de traficantes de personas que trasladan a solicitantes de asilo desde Francia a Inglaterra en pequeños botes por el Canal de la Mancha.
SIGUE LA CONTROVERSIA
Por su parte, Ruanda confirmó este miércoles que sigue también «plenamente comprometida» con el acuerdo suscrito y asegura que tiene sus instalaciones preparadas a la espera de que lleguen los primeros deportados.
En el Parlamento, la portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, afirmó que el plan del Gobierno «tory» «es un desastre» e instó a centrar la atención en ampliar y mejorar el actual sistema de asilo, que presenta retrasos en las decisiones de hasta cinco años.
Además, reprochó a Patel que intentara que el primer vuelo despegara el martes pese a las demandas legales en curso, con un coste para el erario público de medio millón de libras (580.000 euros), y sabiendo que entre las personas que planeaba enviar a Kigali había «víctimas de tortura y tráfico», que «no había un proceso de selección adecuado» y que en el grupo inicial «había menores».
Amnistía Internacional declaró hoy que la cancelación ayer del vuelo debería haber sido el fin de esta política «cruel».
«No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido», dijo el director ejecutivo en el Reino Unido, Sacha Deshmukh.
Deshmukh criticó que este país abandone «su responsabilidad bajo la Convención de Refugiados» y recordó que Israel ya intentó sin éxito subcontratar a Ruanda la gestión de los solicitantes de asilo.
Judith Mora
EFE
