La pandemia ha dejado al descubierto las debilidades de nuestra economía. En un país en el que cerca del 48% de la población vive de la informalidad, una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo podría aumentar la tasa de pobreza más allá del 32%., según cálculos de expertos de la Cepal. Eso significaría que el país retrocedería casi 20 años en los logros en esta materia. Mientras persista el cierre de varios sectores económicos serán cada vez más los ciudadanos que dependerán del Estado para sobrevivir.
En medio de ese panorama, la discusión para que se apruebe la renta básica, es decir, una asignación monetaria mensual pagada por el Estado, ha tomado una mayor relevancia. En Colombia parece ser un debate nuevo, pero hay ejemplos que podrían dar luces de cómo funcionaría. Uno de ellos está relacionado con el acuerdo de paz y los excombatientes de las Farc.
Cuando se firmó el acuerdo entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional quedó estipulado que los exguerrilleros, para su proceso de reincorporación, recibirían una renta básica mensual que corresponde al 90% del salario mínimo vigente, lo que actualmente equivale a $790.021 pesos. Además, se les asignaría un impulso de dos millones de pesos iniciales y, una vez tuvieran un proyecto productivo consolidado, recibirían ocho millones más. El proceso que proyectó la exguerrilla, basado en el modelo cooperativista, preveía que el Estado le giraría ese último recurso a cooperativas organizadas cuyo proyecto fuera aprobado por una instancia donde estuvieran ambas partes, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Cuando se conoció esta decisión del Gobierno, hubo una fuerte oposición porque se consideraba que podría ser un fracaso entregar tantos recursos para los proyectos productivos. Pero la realidad es otra. El proceso de aprobación de esos emprendimientos ha sido muy lento y apenas el 27% de los 13.000 excombatientes ha recibido esos 8 millones de pesos para sus proyectos colectivos o individuales, a pesar de que ya se cumplen tres años de la dejación de armas. De hecho, la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) tuvo que extender el plazo de la asignación mensual. Si no hubiera sido por eso, insisten los exguerrilleros, no hubieran logrado reincorporarse con éxito.
Tierras, proyectos y cooperativas
Cuando 162 guerrilleros llegaron a la zona veredal de Agua Bonita, en Caquetá, en febrero de 2017, sólo tenían sus fusiles y pertrechos, que debían entregar meses después. Para entonces, contaban con una tierra prestada, ganas de trabajar y muchas ideas dispersas. “Luego llegó la renta básica y decidimos armar un fondo común, donde cada uno se comprometió a dar un millón de pesos y así organizar iniciativas que nos permitieran crear expectativas de mejores condiciones de vida”, cuenta Federico Montes, exguerrillero y quien hoy vive en la vereda.
Durante tres meses, sacaban parte de su mensualidad para dos negocios que, creían, serían un éxito. En Caquetá son famosas las piñas, así que decidieron invertir los 162 millones en un cultivo y también en un proyecto de piscicultura. Mano de obra y conocimiento había de sobra, pues la gran mayoría de los excombatientes provienen de familias campesinas y querían trabajar la tierra.
Gracias a esa mensualidad pudieron darle vida a sus iniciativas y conformar una cooperativa: “La renta básica también permite que haya otro tipo de asociaciones y trabajos, como las cooperativas. Este tipo de organizaciones son diferentes, porque desde su conformación se piensa que no es justo que al interior existan quienes tienen más que otros. El cooperativismo se basa en relaciones de cooperación y ayuda mutua, y espera que todos sus integrantes tengan garantizados sus derechos”, agrega Montes.
Las ventas se incrementaron y con las ganancias crearon una papelería, una carpintería, una tienda, una miscelánea y una panadería. El Espacio Territorial empezó a convertirse en un pueblo: “Hoy todas esas iniciativas, donde ya hay más 300 personas, nos han ayudado a conformar el poblado Édgar Ramírez, en la vereda de Agua Bonita”.
Con más presupuesto en sus manos, los excombatientes pensaron en un nuevo reto: adquirir la tierra que les había alquilado el Gobierno. De nuevo, se reunieron y todos los miembros de la cooperativa se comprometieron a sacar una parte de su mensualidad para comprar la tierra: “Llegamos a un acuerdo de compra y venta del predio para el antiguo propietario. Él nos dio una tarifa cómoda y nos dio una facilidad de pago de siete años. Estamos en ese proceso. Con los excedentes que tenemos de los proyectos, vamos abonando, de acuerdo a nuestras condiciones”.
Una historia similar vivieron en el ETCR de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar). Abelardo Caicedo, conocido en las filas de la guerrilla como Solís Almeida, relata que si no hubiera sido por la renta básica no hubieran comprado el terreno de 130 millones de pesos donde viven.
“Nos conseguimos una plata prestada con un banco, que nos cobró un interés bajo. Cada uno debía pagar un millón de pesos más los intereses, que no fueron altos. Haciendo cuentas, cada uno tuvo que pagar 100.000 pesos más. Gracias a eso hoy tenemos tierra, donde construiremos nuestras viviendas. Entre otras cosas, ya tenemos la casa modelo”, dice Caicedo.
También lograron crear la Asociación de Pequeño Ganaderos (Asopegan), que hoy es su gran fuente de sostenimiento y les ha dado reconocimiento en la región. “En este momento compramos 30 novillas y un toro, y con eso arrancamos. Además, otros muchachos invirtieron en gallinas ponedoras y cultivos. A esa plata le sacamos el jugo”.
Una vez los proyectos marcharon a buen ritmo, los 182 exguerrilleros de Tierra Grata invirtieron en mejoras de las instalaciones del ETCR. A partir de la renta básica, asegura Caicedo, instalaron el agua y la luz 24 horas: “Cada uno puso una plata para comprar manguera y nosotros mismos traer el agua. Pusimos la mano de obra: 1.800 jornales. Un jornal es lo que equivale a un día de trabajo. Ese proyecto alcanzó a impactar a la comunidad del Mirador, un barrio de San José de Viento, en el corregimiento de La Paz. También pusimos la luz. En este momento estamos conectados a Electricaribe. Ese proyecto lo realizamos gracias a las dos cooperativas que creamos. Ambas pusieron la plata”.
Caicedo resalta que esos trabajos funcionaron como un proceso de reconciliación. Los excombatientes trabajaron con la comunidad y la Fuerza Pública. El Ejército les asignó a un enfermero que apoyaba a los trabajadores lesionados y, además, envió soldados para las labores de fuerza. Pero ese no fue el único apoyo. El 90% de esos proyectos de excombatientes han recibido apoyo de los diferentes fondos que se han creado con recursos de comunidad internacional y con apoyos de gobiernos de manera unilateral.
Con el equipamiento listo, nacieron nuevas ideas. Ahora cuentan con talleres de ornamentación, carpintería y confección. Les va bien en la venta de uniformes, pero con la pandemia se dedicaron a la producción de tapabocas, que han donado a varios hospitales de la región. También destacan la creación de la multitienda, creada junto con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Para evitar los contagios, conformaron un comité que se encarga de abastecer el ETCR y asignar precios justos.
Por todo esto, Caicedo afirma que “la renta básica es la cuota inicial para poder vivir mejor”. Cree que es un impulso para que las personas emprendan proyectos de vida dignos y desarrollen su creatividad. Y en eso concuerda Montes, desde Caquetá, para quien esta mensualidad es una manera de erradicar la violencia. Está seguro de que si esta herramienta no hubiera existido, muchos habrían vuelto a las armas o algunos se hubieran dejado tentar por economías ilícitas al no contar con otras alternativas, pues para ese momento no tenían experiencia y laboralmente no eran competitivos. Con esa herramienta han podido profesionalizarse.
Para ambos, en medio de la pandemia, el Gobierno Nacional debería asignar una renta básica de emergencia para quienes quedaron desempleados o tienen trabajos informales. “Con este virus nos hemos dado cuenta de que es necesaria, porque garantiza que la gente tenga con qué comer.En el Cesar, por ejemplo, mucha gente vivía de vender empanadas, agua, jugos en la calle. Estas personas que no tienen un empleo formal han quedado en la miseria”, añade Caicedo.
La renta básica, manifiesta Montes, puede ser una manera de saldar la deuda histórica estatal de acabar con la desigualdad y la pobreza. Incluso, la ve como una oportunidad para quienes prefieran invertirla, como ellos, en un emprendimiento: “Puede verse como una solución que permita salir de esta crisis y también una alternativa para replantearnos como sociedad, porque no podemos seguir siendo un país donde más del 50% de la fuerza productiva dependa del rebusque. Es increíble que en una sociedad que se llame a sí misma civilizada hayan seres humanos que no tengan cómo vivir dignamente”.
David Cassasas, investigador de teoría social y política de la Universidad de Barcelona y miembro de la Basic Income Earth Network (BIEN), dice que solucionar un problema tan profundo de violencia implica procesos masivos de inserción social de la gente. Eso significa pensarse a qué sociedad se invita no sólo a los exguerrilleros sino también a excombatientes de otros grupos, como los exparamilitares, e incluso a quienes han optado por negocios ilícitos.
“¿A qué sociedad los invitamos: a una donde haya oportunidades u otra donde lo que te espera es un trabajo de mierda, informal y con baja remuneración? Entiendo que proyectos que pasan por la garantía de recursos para todos y todas pueden permitir plantear una convivencia social y económica más fructífera. Cuando tienes la posibilidad de vincularte con un proyecto de vida en lo colectivo ayuda mucho a que dejes atrás lo que te llevó a esa violencia e insertarte y generar tejido social con capacidad de absorber a personas que quieren arrancar una vida nueva”, señala el académico.
En las últimas semanas, los partidos de oposición, entre ellos el de la exguerrilla Farc, han liderado un proyecto de ley para que durante los meses de confinamiento las personas más pobres puedan acceder a esta herramienta. Si bien los defensores de la renta básica lo ven como un derecho universal e ilimitado, las bancadas en Colombia la ponen sobre la mesa como una alternativa para evitar que más familias caigan a la pobreza en medio de la emergencia sanitaria.
«Es un programa de emergencia por el tiempo de la pandemia, para darle respuesta a la situación de confinamiento. Estas circunstancias no les permiten a las familias subsistir y es un deber del Estado apoyarlas y darles dinero. Si una persona va a la cárcel, el Estado les garantiza en la cárcel sus comidas, su salud y techo. Pues esperamos que haga lo mismo con quienes deben encerrarse en sus casas para protegerse de un virus. Esto no es descabellado, porque para eso está hecho el Estado, nos pertenece a todos por igual. Por eso pagamos impuestos», explica Iván Marulanda, senador por el Partido Alianza Verde y quien lidera el proyecto.
Sin embargo, Marulanda reconoce que su propuesta abre la puerta para una discusión más amplia sobre esta herramienta que es cada vez más popular en el mundo. Considera que en las próximas elecciones será un tema obligatorio, aunque por lo pronto lo ve como un salvavidas para las nueve millones de familias afectadas. Hasta ahora se ha hecho un debate en la comisión tercera y hay reuniones informales para recibir más apoyo de otros partidos.
Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, expresa que hasta el momento Colombia no se había enfrentado a esta discusión, a pesar de que incluso existiesen ejemplos con buenos resultados como el de los excombatientes. Cree que la renta básica servirá para avanzar en una mejor redistribución los recursos, un necesidad que quedó en evidencia tras la pandemia: “Colombia tiene un sistema tributario inequitativo, deficiente, poco redistributivo. Cuando usted ve la distribución del ingreso antes y después de impuestos es exactamente igual. Es decir, el rol del esquema tributario, que busca para pasar dinero de ricos a pobres, es prácticamente nulo”.
La nueva tarea, según Sepúlveda, será diseñar la herramienta bajo el principio del cuidado mutuo y el mandato de que sea sostenible y tenga un impacto real en la vida de quienes reciben una mensualidad del Estado. Pero para ello también habría que pensarse en otros mecanismos donde los hogares más ricos paguen impuestos y esto no sólo recaiga sobre las empresas. Así, insiste, se recauda más y, sobre todo, hay un mayor incentivo para que en el país se creen más empresas y tengan tanto éxito como sucede con los exguerrilleros.
Tomado de El Espectador
