Lima, 29 de septiembre de 2022.- El Poder Judicial de Perú reprogramó para el próximo 10 de octubre la audiencia prevista para este jueves para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, mientras es investigada como presunta coordinadora de una supuesta organización criminal en el Gobierno.
En una sesión retransmitida en directo por el canal Justicia TV, el juez Raúl Justiniano resolvió no instalar la audiencia prevista para este jueves a solicitud del abogado principal de Paredes, Benji Espinoza, quien alegó que su conexión digital no era la adecuada desde el exterior, donde se encuentra.
Espinoza insistió en la voluntad de la primera dama, quien participó también de manera virtual, de que sea él quien sustente su defensa ante la solicitud de medidas restrictivas que presentó el Ministerio Público.
Tras escuchar a las partes, el juez aceptó el pedido de Espinoza y dispuso reprogramar para el próximo 10 de octubre la audiencia, aunque advirtió a Paredes de que, si aquel día no se presenta su abogado, se le asignará un defensor público y que la diligencia se realizará «sí o sí».
El pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país contra Paredes se conoció el pasado 22 de agosto y se extiende a sus hermanos Walter y David Paredes, quienes supuestamente también están implicados en esta presunta red corrupta.
En esta organización, siempre según la versión fiscal, también están presuntamente involucrados otros miembros del Ejecutivo y la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial y hoy está bajo arresto preventivo.
Por este caso también está siendo investigado el empresario Hugo Espino, quien confesó ante la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes en el Palacio de Gobierno un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo y recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para adjudicarse obras de infraestructura con el Estado, según reveló un medio local.
Castillo tiene abiertas en su contra seis pesquisas preliminares del Ministerio Público, que lo investiga por supuestamente encabezar esta red corrupta, así como por la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.
También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, exministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en las coordinaciones de esta presunta organización criminal.
Asimismo, el mandatario es investigado preliminarmente por presuntas irregularidades en ascensos policiales y militares y por el supuesto plagio de su tesis de maestría.
EFE
