BELLO, COLOMBIA. (24 DIC 2024) – En un operativo de alta precisión, funcionarios del Gaula de la Policía lograron el rescate de un joven de 22 años que había sido secuestrado por presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “Los Chatas”.
El operativo tuvo lugar en el barrio Cabañas del municipio de Bello, donde se capturó en flagrancia a tres presuntos miembros de esta organización, quienes exigían 12 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima. Entre los detenidos destaca alias “Mazamorro”, señalado como cabecilla del GDO “Las Brisas”, estructura subordinada a “Los Chatas”. Este individuo cuenta con una trayectoria criminal de más de 23 años y estuvo recluido en prisión en 2001 por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Motivación del secuestro
Según las investigaciones preliminares, el secuestro estuvo relacionado con la pérdida de 8.000 dólares invertidos en una plataforma de criptomonedas. La víctima habría conectado a uno de los capturados con un individuo conocido como “Omar”, residente en Ciudad de México, quien habría recibido el dinero invertido y posteriormente desaparecido sin dar respuesta sobre el destino de los recursos.
Acciones judiciales
Los tres detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de secuestro extorsivo.
Impacto en la lucha contra “Los Chatas”
Con estas capturas, se sigue debilitando la capacidad operativa del GDO “Los Chatas”. En lo que va del año, las autoridades han logrado la aprehensión de 29 integrantes de esta estructura criminal, que tiene un amplio historial de delitos en el Valle de Aburrá.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.