Cuando se presentó la llamada guerra contra el narcotráfico a finales de la década del ochenta y comienzos del noventa, múltiples hechos de violencia ocurrieron, entre los que se cuentan, las bombas, las masacres, los homicidios, sin embargo, hubo un hecho que marco la ciudad de Medellín, el asesinato de cientos de policías por los cuales el cartel de Medellín, ofrecía entre un millón quinientos mil y tres millones de pesos por cada uno de ellos, lo cual trajo como retaliación el asesinato de miles de jóvenes, la mayoría inocentes. En esa época turbulenta aparecieron los encargados de castigar la muerte de uniformados.
Para unos esa labor de vengadores la realizaron los paramilitares urbanos, aliados con bandas y capos que enfrentaban a Pablo Escobar y sus secuaces, los llamados Pepes (Perseguidos de Pablo Escobar) una mezcla de narcos, policías, militares, paramilitares que se enfrentaron en una cruenta guerra al llamado patrón del narcotráfico.
Para otros la venganza la realizaron grupos conformados por miembros de la Policía quienes activaron comandos sicariales que se dedicaron a vengar a los policías que eran asesinados. Sucedió en aquellos días que la degradación de la guerra devenida en la puesta de precio a la cabeza de policías, hizo que dentro de la institución, agentes mandaran a matar sus propios compañeros para cobrar esas macabras comisiones, incluso un oficial de grado teniente, perteneciente a esta institución, era el encargado de pagar la muerte de los policías al sicariato.
En ese tiempo surgieron los llamados carros cascones, (matones) que pertenecían a la fuerza pública, muchos de ellos fueron repelidos militarmente por las milicias urbanas, algunas de ellas pactaron la protección de los uniformados que corrieron a refugiarse a sus comunas, la Nororiental es una fiel testigo del acuerdo entre Milicianos y uniformados.
Es claro que legales (policía) e ilegales se dedicaron a fomentar el miedo y el terror en Medellín, con el ánimo de quitarle apoyos y simpatías a Pablo Escobar, su antiguo jefe criminal.
No solo era vengar la muerte de los uniformados caídos sino que la situación fue propicia para golpear las entrañas del cartel de Medellín, representada en sus apoyos barriales, lógicamente en esa macabra estrategia murieron miles de inocentes, por el solo hecho de vivir en barrios y comunas, parados en las esquinas, las mismas donde el sicariato del cartel de Medellín, pululaba y muchas de las bandas esperaban la oportunidad de conectarse con los ‘duros’.
Desde aquella época se ha venido aplicando el “ojo por ojo diente por diente” que configuraron a posteriori alianzas criminales entre agentes del gobierno y el crimen organizado, entre otros se creó el conocido Majaca (Muerte a jaladores de carros) Amor por Medellín, la misma operación Orión, reconocida por ser una siniestra unión entre Gobierno y paramilitares para sofocar y liquidar cualquier vestigio de guerrillas y milicias urbanas., Todo esto es un vivo ejemplo de esa decisión de tomar justicia por mano propia desde lo legal apoyado por lo ilegal.
Ahora que Medellín, pareciera estar en paz, según la institucionalidad que muestra con orgullo la reducción de homicidios como modelo de cambio en la dinámica urbana, no importándole las desapariciones, los desmembrados, la pacificación a sangre y fuego, en otras palabras, no importándole el Pacto del fusil, a la par de esto se ha venido resurgiendo paulatinamente una modalidad que siempre ha estado ahí, nunca se ha ido, los comandos ilegales conformados por uniformados, los cuales se reactivan cuando el crimen organizado mata a policías honestos, ellos nunca actúan con los que son muertos por sus compinches en el bajo mundo, los uniformados conectados y pagados en la nómina paralela del crimen urbano.
Análisis Urbano, ha publicado el artículo, “Pesebreros, los matapolicías en Medellín, también bajo protección oficial” en este se esbozaba que en la muerte de dos policías que no quisieron hacer favores a los Pesebreros, fueron condenados a morir por ellos y que personajes como Camilo A o Camilo el Grande, y alias El Tío, Bernardo o Careperro y el Diablo habrían participado en los asesinatos de los uniformados, el primero como jefe que dio las ordenes de muerte y los segundos como coordinadores de las mismas ya que tienen el mando en el barrio la Iguana.
Se planteó que es urgente la actuación de la policía nacional en cabeza del Brigadier General, El general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, (Meval) de la Fiscalía General de la Nación, para que lleven ante la justicia a los criminales mencionados, pero nunca se pensó que los vengadores llegaran a actuar nuevamente.
Análisis Urbano y la ONG Corpades, ha recibido informaciones inquietantes sobre actuaciones de hombres armados que al igual que sus antecesores los antiguos vengadores, han decidido hacer justicia por mano propia, al parecer son miembros de la Policía, estos han comenzado a actuar horas después del asesinato del Policía Rubén Darío Soto Giraldo.
Hombres armados ingresaron al barrio el Pesebre, en horas de la noche en busca de los presuntos homicidas del uniformado e igual como se hacía antes arremetieron contra jóvenes del sector, montándolos a vehículos y luego de tenerlos allí empezaron a torturarlos poniéndoles bolsas plásticas en la cabeza, electrocutándolos con tábanos y golpeándolos inmisericordemente, para luego darles un “paseo de susto” donde les hablan de que si no dicen dónde están los asesinos de policías los matan, el periplo termina en algún lugar de Medellín.
Indudablemente la institucionalidad saldrá a negar este tipo de hechos, desafortunadamente para ellos, la aparición de estos mercenarios intra-institucionales no es cosa de ahora, es la constante en la ciudad metropolitana desde la década del setenta.
Es urgente y necesario que la justicia actué y que la fuerza pública ponga ante la justicia a los criminales que atacan a la ciudadanía y a su policía, lo que no puede pasar es que algunos uniformados crean que como ocurría anteriormente ellos son los llamados a vengar a sus compañeros caídos, Medellín, tiene que erradicar la justicia por mano propia y para hacerlo debe empezar por desarraigarla de sus fuerza pública.
Un testigo afirma, “No es posible que horas después del asesinato del policía. Una familia de uniformados de la policía ingresen al barrio el Pesebre en horas de la noche en busca de los presuntos homicidas, arremetan con varias personas (jóvenes) de la comunidad y cometan actos de tortura, secuestro, retención y violación a los derechos humanos, dándoles cómo se podría decir “el paseo de la muerte”, en donde algunos fueron aporreados, electrocutados y dejados abandonados en otros lugares de la ciudad. ¿Esta es pues la justicia que necesitamos de las autoridades públicas?
Cabe mencionar que no solo por parecernos a alguien somos culpables o tenemos que estar vinculados con los actores armados que hacen presencia en la zona.
¿Será que por vivir en el barrio nos convertimos en objetivo militar tanto de las autoridades públicas como de los grupos armados?”
La respuesta la tiene la institucionalidad.
Perla Urbana
La mayoría de los jóvenes que mantienen en las esquinas y parches barriales son gente buena, no se puede estigmatizar y perseguirlos por el solo hecho de vivir en territorios donde cogobierna el crimen, más bien la institucionalidad debería depurarse para sacar a quienes sirviéndole al crimen posan de honestos. El Medellín metropolitano, no debe tener nómina paralela y protección oficial al crimen, en todo momento debe actuar el Estado Social de Derecho.