Jorge Horacio Romero, brigadier general del Ejército, fue «llamado a calificar servicios» por parte del ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego de que se conocieran denuncias en contra del alto oficial por presuntos hechos de corrupción en la institución castrense.
Según declaraciones del fiscal general encargado, Fabio Espitia, las denuncias en contra de Romero llegaron al ente investigador en junio del año pasado. Los hechos por los que está siendo investigado el alto oficial del Ejército están relacionados. Según la revista Semana – medio de comunicación que reveló estos hechos -, un empresario, un militar y un civil lo denunciaron ante Procuraduría y Fiscalía por malos manejos de recursos del Estado (se habla de más de $1.000 millones).
El empresario declaró que Romero, cuando estuvo a cargo de la IV Brigada (con sede en Medellín) entre 2015 y 2017, empezó a pedirles dinero a cambio de aprobarles las licencias para portar armas. Presuntamente exigía $11 millones por cada salvoconducto.
Botero también indicó que el segundo comandante del Ejército, el general Adelmo Fajardo, solicitó vacaciones para preparar su defensa. El alto oficial, quien al parecer fue denunciado ante la Fiscalía, fue señalado por varios hombres que trabajaron con él de, supuestamente, pedirle dineros para que el general pudiera irse de viaje al exterior con su familia. Según la Revista Semana, Fajardo exigía a sus subalternos dinero, bajo el temor de ser trasladado a algún lugar complejo.
Otra de las decisiones tomadas por el Ministerio fue trasladar al general Eduardo Quiroz, del comando de apoyo de contrainteligencia. Sobre el general Quiroz, la revista divulgó que supuestamente ha ofrecido hasta $100 millones o seis meses de permiso a quien identifique qué oficiales han hablado con la prensa.
Una «persecución» que habría comenzado luego de que el diario The New York Times revelara que en el Ejército se habían emitido unas directrices con la sque se estimulaba el aumento de operaciones, de capturas y, también de muertos en combate. El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, negó en su momento que se estuvieran estimulando los llamados «falsos positivos». Aun así, retiró la directriz cuestionada.
El comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, señaló rechazó la versión de que, mientras fue inspector general del Ejército, conoció de estas supuestas irregularidades cometidas por altos oficiales, a los cuales él mismo ubicó a finales del año pasado en cargos tan sensibles como el comando de contrainteligencia. Martínez señaló que mientras era inspector atendió «una inspección judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada, de los que no conozco los detalles, los supuestos implicados y el avance de la investigación».
La Procuraduría también ya abrió investigación disciplinaria en contra de los tres altos oficiales del Ejército. «Presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación», señaló el procurador general, Fernando Carillo.
Tomado de El Espectador
