Bogotá, 20 abril.- Varios colectivos y organizaciones sociales e indígenas entregaron un escrito a la Corte Constitucional, respaldado con más de 20.000 firmas, en el que solicitan que impida que el Gobierno colombiano retome la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato.
Una decena de personas, con carteles de «no al glifosato» y «el glifosato nos mata» y una bandera de los pueblos indígenas de más de 10 metros, acudieron hoy a la sede del Constitucional a realizar una entrega simbólica del escrito, aunque, por la pandemia, tuvieron que radicarlo de forma telemática.
«Estamos con este escrito diciéndole a la Corte que tome una medida provisional e impida que de manera arbitraria el Gobierno de Iván Duque retome las aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos de coca», explicó a Efe el excongresista y abogado Alirio Uribe durante el plantón.
FUMIGACIONES ANTES DE JUNIO
En una entrevista con Efe, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró hoy que espera reanudar las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato a más tardar en junio de este año, a pesar de la oposición de algunos sectores por el riesgo de que ese químico cause cáncer en humanos y daños al medioambiente.
Su Gobierno aprobó el pasado 12 de abril un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas con glifosato, suspendidas en 2015 durante la Presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), y desde entonces otros organismos ambientales y sanitarios trabajan para modificar normas y conseguir que las aspersiones se adapten a lo dictado por el Constitucional en 2017 al ratificar la suspensión.
«Lo que hace este Gobierno es proteger a los narcotraficantes (…) y entre tanto se hace una guerra falsa, criminalizando a las comunidades, dañando la salud, el medioambiente, pero lo peor, gastando miles y miles de millones en una política que está probado que no tiene impacto para disminuir los cultivos de uso ilícito y de producción de cocaína», alegó Uribe, miembro del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Este colectivo, junto a una cuarentena de organizaciones, buscan con esta iniciativa «salvaguardar y hacer cesar las conductas amenazantes y violatorias contra los derechos fundamentales» de las comunidades y los territorios que se planean fumigar.
INDÍGENAS EN CONTRA
«Los pueblos indígenas hemos sido enfáticos en señalar que la principal víctima del conflicto armado en Colombia ha sido la naturaleza», explicó a Efe la líder indígena arhuaca Ati Quigua, quien también hizo parte del grupo que quiso entregar el escrito a la Corte Constitucional.
«Creemos que es necesario que la Corte Constitucional revise las medidas que ha adoptado el Gobierno colombiano y que agravan no solamente la situación de nuestros pueblos que están en exterminio físico y cultural por culpa del conflicto armado, sino que están afectando de manera sistemática nuestros derechos, nuestros cuerpos, nuestros territorios», alegó esta lideresa.
Quigua aseguró que 54 pueblos indígenas, «que hoy están en riesgo físico y cultural», se verán afectados por las fumigaciones con este herbicida que se considera cancerígeno, a pesar de que el Gobierno contempla medidas como la consulta previa en territorios indígenas antes de empezar las fumigaciones.
La erradicación de cultivos ilícitos era uno de los puntos que contenía el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC, y contemplaba la sustitución voluntaria y manual como la medida más eficaz para luchar contra los cultivos ilícitos.
Para que el Gobierno pueda ahora retomar las fumigaciones, aún queda la luz verde del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), donde se analizarán los documentos que aporten los ministerios de Justicia, Salud, Ambiente y Desarrollo Sostenible, al igual que los de la Policía, para ver si se autoriza la vuelta a la aspersión aérea.
En marzo del año pasado, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, sigla en inglés) calculó que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en 2019 hasta alcanzar las 212.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína llegó a un récord de 951 toneladas.
