S.O.S para 49 comunidades indígenas Awá de Cauca, Nariño y Putumayo

Imagen del CRIC.
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Colombia, 8 septiembre de 2022.- Colombia no pasa la página de la violencia estructural a la que viene siendo sometida por el reposicionamiento armado dejado por 4 años de ausencia de un Estado que no garantizó las condiciones propicias para la seguridad y compromisos de no repetición.

El Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo -Bogotá-, acaba de formular una nueva alerta sobre el profundo riesgo actual de cerca de 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de la comunidad Awá que habitan los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, además de comunidades afro establecidas en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos por ocasión de la fuerte disputa entre grupos armados en la zona por las rentas del narcotráfico, el contrabando y los corredores estratégicos de la región..

Este nuevo llamado de urgencia fue la misma conclusión de la Alerta Temprana 022 de 2022 de esta misma entidad, allí, también se documentaron los riesgos e impactos que determinaron la crisis humanitaria para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos (Nariño), además los Resguardos y Cabildos Awá en Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca).

Las contiendas entre grupos como facciones disidentes de las antiguas Farc-EP: frente 1° Carolina Ramírez, columna móvil Jhonier Toro Arenas (CCO), Comandos de la Frontera, han llevado a que cerca de 49 comunidades indígenas Awá y otros pueblos étnicos hallan alcanzado factores altos de vulnerabilidad que impiden las labores cotidianas y ancestrales de estas comunidades.

En esta AT 022-2022, se pone de manifiesto que estas estructuras siguen recurriendo a violaciones a los derechos humanos como el reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad para que hagan parte de las estructuras armadas ilegales.

Las comunidades coinciden en que el desastre dejado por el anterior gobierno y el no implementar el acuerdo de paz impidió que las comunidades gozaran de mejores garantías en sus territorios.

Como es corriente en este tipo de documentos, se hacen 20 recomendaciones donde se insiste a las entidades nacionales y regionales en respuestas que ayuden a aminorar la crisis humanitaria para proteger a estas comunidades bajo los enfoques propias de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

El riesgo queda demostrado en los hechos de violencia que no cesan.

En los primeros meses del año se han presentado 413 acciones violentas contra la población del departamento del Cauca, 134 en Nariño y 68 en el Putumayo. 

Hechos de violencia armada Cauca, Nariño, Putumayo 2021, 2022

En la AT 004-22, la Defensoría del Pueblo habría alertado sobre el peligro existente para habitantes de la zona donde se celebraron elecciones para la Circunscripción para la Paz de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en los cuales los municipios de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa, Florida y Pradera sufrían la presencia y fortalecimiento de grupos armados de las disidencias de Farc y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

La mayoría de las agresiones se concentra contra indígenas del pueblo Awá, pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo –ACIPAP INKAL AWÁ-, igualmente la comunidad de Jardines de Sucumbíos y Piamonte – Cauca.

Los peligros que corren estas comunidades es que podrían ser víctimas, atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil, afectación de la población civil como consecuencia de acciones bélicas, utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil, desplazamiento forzado de la población civil, reclutamiento forzado, restricciones de la movilidad, confinamiento, homicidios y violencia contra comunidades ancestrales.

Entre las recomendaciones sugeridas por la Defensoría del Pueblo están: la coordinación interinstitucional en defensa de la vida de estas comunidades, lograr adaptar medidas de prevención con base en los enfoques territoriales y atender la crisis humanitaria con estrategias humanitarias.

A.U.

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