Tras la fuga este martes en el norte de Bogotá de la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años de cárcel y quien aprovechó una cita odontológica para escaparse, el Gobierno decidió apartar de su cargo al director del Inpec, el General William Ernesto Ruiz, quien solo llevaba 8 meses en la institución.
Por estos hechos también fue retirada de su cargo Diana Muñoz, quien se desempeñaba como directora de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en donde estaba recluida Merlano, y quien autorizó la salida de la exsenadora para un tratamiento odontológico afuera del penal.
Además, el Ministerio de Justicia pidió también la renuncia de la subdirectora de El Buen Pastor.
El oficial Ruiz había llegado al cargo el 2 de febrero cuando se posesionó ante la entonces ministra de justicia Gloria María Borrero.
Tras 33 años de servicio en la Policía, el oficial había ocupado otros cargos como Comandante de la Región de Policía Número tres, integrada por las metropolitanas de Pereira y Manizales y los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
Muñoz, por su parte, es abogada con especialización en contratación estatal, desde 1995, de acuerdo con la información reportada en el Sigep (directorio de funcionarios públicos) ha trabajado con el Inpec.
Merlano había sido condenada por la Corte Suprema hace apenas dos semanas, por el porte ilegal de armas (por dirigir una empresa criminal que tenía armas en su sede política) fue sancionada con 124 meses de prisión; por concierto para delinquir se le sumaron 32 meses más; y por corrupción al sufragante obtuvo una pena de 24 meses. Esto para un total de 180 meses (15 años) de cárcel.
Este miércoles la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que confía en que la Fiscalía «establecerá con la mayor diligencia las responsabilidades penales, tanto de particulares como de funcionarios públicos, en los hechos que dieron como resultado la evasión de la señora Aida Merlano y así se determine si existió el delito de ‘favorecimiento de la fuga’ o cualquier otra conducta punible».
Cabello también dijo que revisarán en el Inpec el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a las personas privadas de la libertad, y le pidió a la Policía desplegar «todo su accionar» para recapturar a la excongresista.
«El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, reitera que no tolerará ningún acto que afecte la eficaz y recta administración de justicia, que ponga en tela de juicio nuestras instituciones (…). Esta señora privada de la libertad se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable y ni el Gobierno, ni yo como Ministra de Justicia, permitiré que este tipo de situaciones se repitan», concluyó Cabello.
Representantes del sindicado del Inpec señalaron que a Merlano se le redujo el nivel de seguridad, lo que habría facilitado la fuga. Los sindicalistas indicaron que el 19 de mayo pasó de nivel 1 a nivel 2 y explicaron que esto implica un esquema de custodia menor.
Además de estas decisiones que tomó el Gobierno, la Procuraduría General ya abrió una indagación preliminar contra funcionarios del Inpec por establecer por la fuga de Merlano, quien usando una soga descendió de un tercer piso hasta la calle, en donde la esperaba un motociclista con el que huyó del lugar.
Y la Fiscalía prepara varias órdenes de captura por la fuga de la excongresista, luego de realizar las primeras pesquisas que incluyen la recolección de testimonios de los guardianes del Inpec y las personas que se encontraban en el centro médico.
Fuentes oficiales señalaron que con esas primeras evidencias se va a sustentar la complicidad de varias personas con el plan de escape.
En las declaraciones no solo aparece mencionado el odontólogo sino un par de personas, un hombre y una mujer, que estaban en el lugar y se habrían presentado como familiares de Merlano.
La recompensa por información que permita la captura de Merlano pasó de 10 millones, a 50 millones de pesos.
Tomado de El Tiempo
