Madrid, 09 may – La activista Huria Samira Hamidi, responsable de campañas sobre Afganistán en Amnistía Internacional (AI), ha instado a la comunidad internacional a no normalizar el régimen talibán ni olvidar la grave violación de derechos humanos en el país, especialmente la opresión contra mujeres y niñas, y a exigir responsabilidades internacionales ante «la impunidad» de los talibanes.
Así lo ha pedido durante su visita a Madrid, donde se ha reunido con miembros del Gobierno, partidos y entidades sociales, a los que ha presentado propuestas para mejorar la acogida e integración de exiliados afganos, con un enfoque particular en las mujeres.
«No olviden Afganistán. Por favor, sigan hablando sobre la situación. Los talibanes no deben ser normalizados. Las violaciones de derechos humanos, especialmente las que afectan a 20 millones de mujeres y niñas afganas, no deben considerarse algo aceptable», ha apelado Hamidi en una entrevista con EFE en Madrid.
Ha pedido al Gobierno de España mayor apoyo financiero para la defensa de los derechos de las mujeres afganas y ha solicitado agilizar los procesos de reasentamiento.
Represión feroz
«Se han emitido más de 100 edictos y decretos, la mayoría de ellos reprimiendo y restringiendo los derechos de las mujeres», ha lamentado Hamidi.
«Las mujeres no tienen ningún tipo de libertad para viajar solas, para ir al bazar o a los mercados. En la mayoría del país, las mujeres deben ir acompañadas por un tutor masculino. No se les permite trabajar en la mayoría de los sectores, salvo algunas excepciones como la salud y la economía», explica Hamidi, que desarrolla su labor con AI desde Londres, ya que en Afganistán no podría ejercer su trabajo.
Aunque muchas mujeres siguen resistiendo, explica, se enfrentan a una represión feroz, son arrestadas de forma arbitraria, torturadas e intimidadas por desafiar las restricciones impuestas por los talibanes.
«Esta es la cultura de la impunidad que los talibanes, como controladores por defecto de Afganistán, están ejerciendo, haciendo lo que desean, y lamentablemente no han sido responsabilizados hasta ahora», denuncia la activista afgana, que previamente trabajó con la delegación de la Unión Europea en Afganistán, la Embajada de Noruega y ONU Mujeres.
Hamidi también ha recordado que hay 2,2 millones de niñas a las que se les niega el acceso a la escuela, «toda una generación a la que no se le permite continuar con su educación, cuyas aspiraciones y sueños están siendo literalmente destruidos».
Mientras, crecen las escuelas religiosas que sustituyen a la educación formal, lo que, según la activista, supone «un grave riesgo» a largo plazo.
«Afganistán tendrá una generación radicalizada, adoctrinada, un grupo de personas que no creerá en los derechos, que no respetará los derechos humanos ni a sus propias madres y hermanas», expresa.
Sobre la prohibición de que las mujeres hablen en público, Hamidi afirma que es un edicto «bizarro» e «imposible de controlar», pero que «demuestra su nivel de odio».
Todo este contexto de represión ha llevado a Amnistía Internacional a reclamar que se catalogue el apartheid de género como un crimen en el derecho internacional.
En paralelo, Hamidi pide mantener el respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), que en enero emitió una orden de arresto contra autoridades del gobierno de facto talibán, y advierte de que los recientes intentos de desacreditar y sancionar a la CPI, como los impulsados por Estados Unidos, ponen en riesgo su labor.
«Tenemos que seguir adelante. No podemos rendirnos. Las mujeres afganas y, en general, el pueblo afgano no merecen lo que están viviendo ahora», concluye.
EFE