San Pedro de los Milagros, ubicado en el norte de Antioquia, es parte de la llamada ruta de leche, producto que representa el principal renglón de la economía de ese y otros municipios cercanos. Colanta, una de las empresas lecheras más grandes del país, ha estado durante décadas asentada allí, generando empleo, sí, pero también apropiándose del poder local poniendo alcaldes y concejales.
¿Cuál es el impedimento entre ser empleado y concejal? El conflicto de intereses. Durante varios años Colanta ha sido beneficiada con la exoneración del pago del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, contando para ello con el voto de sus concejales. Ahí es donde está el pecado.
La empresa Colanta, además de agremiar a los lecheros de Antioquia, también se ha convertido en una casa política dirigida por Jenaro Pérez Gutiérrez, un dirigente gremial que estuvo durante más de cuatro décadas al frente de la empresa y varios periodos en el Concejo de Medellín, avalado primero por el Equipo Colombia, de Luis Alfredo Ramos Botero, y luego por Alas Equipo Colombia, tras la alianza entre Ramos Botero y Álvaro Araujo Castro, senador cesarense condenado por parapolítica.
Aprovechando su poder político han hecho elegir a varios de sus empleados en los municipios donde tiene plantas, como alcaldes o concejales, lo cual podría ser un conflicto de intereses. Como aparece en un extracto de una de las demandas interpuestas por ciudadanos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en San Pedro de los Milagros, una población de 27.513 habitantes, trabajan 1.200 personas, incluyendo 77 temporales, de los cuales 978 residen en el municipio, por lo que el dominio del empleo depende de Colanta.
Al revisar fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Primera, del Consejo de Estado, nos encontramos con varios concejales electos, por el Partido Conservador, que han perdido su investidura por ser, precisamente, trabajadores de Colanta y al mismo tiempo concejales.
Las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 reglamentan las funciones de diputados, concejales y alcaldes, refiriéndose al impedimento que deben presentar los servidores públicos que están en cargos de elección popular. Pese a esta advertencia en San Pedro de los Milagros esto ha sido letra muerta.
El alcalde Pérez Piedrahita
Dos años después de la última elección de alcaldes en el país, algunos de estos ven en riesgo su permanencia en el cargo. Es el caso Héctor Darío Pérez Piedrahita, alcalde de San Pedro de los Milagros, candidato del Partido Conservador, elegido con 4.648 votos. Su demandante ante el Tribunal Administrativo de Antioquia fue el excandidato por la Alianza Social Independiente (ASI), Jaime de Jesús Echeverry Marín.
La demanda solicita que se declare la pérdida de investidura, no de su dignidad como alcalde, sino como concejal, cargo que desempeñó Pérez Piedrahita en el periodo 1998-2000. La denuncia llega después de diecinueve años. Según registros de la página de la Rama Judicial, la demanda habría sido interpuesta ante el Tribunal el 23 de junio de 2017.
El entonces concejal Pérez Piedrahita, además de ser servidor público, trabajaba en la Colanta. Se argumenta en la demanda que el funcionario participó en la votación y el trámite del Acuerdo Municipal 045 de 1998, que en su artículo 41 trataba la exoneración del pago del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros de la empresa Colanta. Es decir, en palabras corrientes, el concejal favoreció desde su dignidad, de manera directa, a su empleador.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en fallo del 7 de septiembre de 2017 —diecinueve años después—, pues quien hoy es alcalde fue concejal en 1998, declaró la pérdida de investidura de Héctor Darío Pérez Piedrahita como concejal. Si el Consejo de Estado confirma el fallo del Tribunal sería la muerte política debería salir del cargo que ostenta actualmente, lo cual, desde la jurisprudencia, y teniendo en cuenta lo ocurrido con la concejal que más adelante se menciona, es una falta grave el tener conflicto de intereses siendo concejal y beneficiar a la empresa en la que se labora.
Los congresistas de ColantaDiversos personajes de la esfera política han estado directamente vinculados a Colanta, entre ellos figuran: Óscar Arboleda Palacio (fallecido), fue diputado, congresista y parlamentario andino. Óscar Darío Pérez, hoy del Centro Democrático. Gabriel Zapata, quien se jubiló en el Congreso. Marta Lucía Ramírez Orrego, actual gerente de la IPS Universitaria León XII. Juan Diego Gómez Jiménez, actual senador del Partido Conservador, quien aspiró en fórmula con César Eugenio Martínez, exdiputado, quien ahora está en lista para la Cámara con el Centro Democrático. Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, quien pasó del Concejo de Medellín a la Cámara y será la fórmula para el 2018 del senador Gómez Jiménez.
Consejo de Estado tumba concejala
El 7 de septiembre de 2016, la concejala Dora Liliana Osorio Zapata, abogada, fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por Rafael Gildardo Correa Arroyave, quien solicitó la pérdida de investidura de la concejala, electa en octubre de 2015 por la Alianza Social Independiente.
El pecado de Osorio Zapata sería, según se desprende de lo argumentado por los magistrados del Tribunal y de la Sección Primera del Consejo de Estado, fue haber actuado como apoderada de un grupo de personas para interponer una acción popular en contra del municipio de San Pedro de los Milagros, proceso que está en curso, como puede verificarse en el sitio web de la Rama Judicial.
El primero de enero de 2016, la abogada Dora Liliana Osorio Zapata tomó posesión del cargo de concejal, pero solamente el 13 de enero de 2016 presentó renuncia al poder entregado por los demandantes, siendo aceptado por el Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín el día 27 de mismo mes. Es decir, estando posesionada trató de remediar el error, lo cual le costó la pérdida de su investidura y la muerte política.
En decisión del 27 de julio de 2017 la Sección Primera del Consejo de Estado, órgano de cierre en lo administrativo, decidió en fallo declarar la pérdida de investidura —y muerte política— de la concejala Dora Liliana Osorio Zapata, por lo siguientes argumentos:
[…] está probado que la señora Dora Liliana Osorio Zapata, incurrió en una causal de incompatibilidad establecida en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la Ley 1368 de 2009, cual es ejercer la abogacía, mientras fungía como servidora pública en calidad de concejala del municipio de San Pedro de los Milagros (Antioquia), para el periodo 2016-2019 […]
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El poder empresarial y político en San Pedro de los Milagros, así como en otros municipios de Antioquia, es Colanta, teniendo el poder de Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Angostura, Entrerríos y Donmatías, por lo que los alcaldes y los concejales tienen quién los respalde. Otra cosa piensan los jueces. En el caso de la concejala, aunque no es de Colanta, violó la ley, pero el alcalde, quien fue empleado de Colanta y ahora tiene su respaldo económico y político, caerá en unos meses. Hasta dónde llega el poder del empresariado.
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