Un sábado en la noche, cuando decenas de personas departían tranquilamente, un grupo fuertemente armado asesinó a 16 hombres en la terminal de buses ubicada en el corregimiento Altavista, calle 20 con carrera 110, en Medellín.
Ocurrió a eso de las 9 de la noche del 29 de junio de 1996. Diez hombres fuertemente armados, portando distintivos del CTI y uniformes del Ejército, que extrañamente llegaron al sitio en tres vehículos Chevrolet Sprint, preguntaron a los presentes por la ubicación de los jefes de las milicias del sector. No hallaron respuestas.
Visiblemente molestos, les ordenaron que hicieran una fila para requisarlos. En ese momento sacaron un archivo fotográfico y compararon cada rostro con las imágenes del folleto.
Ninguno coincidió. A la fila sumaron los pasajeros de un bus que arribó en ese instante a la terminal. Hicieron lo mismo, preguntaron, compararon y no obtuvieron nada.
De pronto, sin mediar palabra, de una manera absurda, inhumana, violenta, sangrienta, los hombres armados empezaron a disparar contra las veinte personas que estaban filadas en el sitio.
Los asesinos subieron de nuevo a los autos, se fueron, pero amenazaron con regresar. La comunidad llevó a las víctimas a un centro médico. 16 hombres murieron y cuatro resultaron heridos.
El entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Alfredo Salgado Méndez, dijo que la masacre ocurrió por un enfrentamiento entre milicias de la guerrilla y un grupo de delincuencia común conocido como los Victorinos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Johny Alexander Ramírez Luján, de 15 años; Samir Alonso Flórez de 17 años; Eduard Andrey Correa Rodríguez, de 17 años; Mauricio de Jesús Cañola Lopera, de 20 años; Henry de Jesús Escudero Aguirre, de 20 años; Berley de Jesús Restrepo Galeano, de 20 años; Óscar Armando Muñoz Arboleda, de 20 años; Juan José Sánchez Vasco, de 20 años; Jharley Sánchez Ospina, de 21 años; Elkin de Jesús Cano Arenas, de 21 años; Carlos Gonzalo Usma Patiño, de 21 años; Jair de Jesús Muñoz Arboleda, de 24 años; Germán Ovidio Pérez Marín, de 25 años; Nelson de Jesús Uribe Peña, de 27 años; Leandro de Jesús Vásquez Ramírez, de 27 años; y Norbey de Jesús Ramírez Dávila, de 28 años.
A ningún vehículo particular o público le permitieron subir al lugar. Tampoco a los equipos periodísticos. Por seguridad, ese fue el argumento. Según la versión de habitantes de la zona, la Policía tenía acordonado el lugar desde antes de perpetrarse la matanza, en desarrollo de una “brigada cívica”, que utilizaba como pretexto para hacer inteligencia y tomar fotografías de todo aquel que consideraba sospechoso de pertenecer a las milicias populares.
Las tropas del batallón Pedro Justo Berrío del Ejército, que hacían presencia las 24 horas del día durante los siete días de la semana en el corregimiento, ese día se fueron en la tarde y solo aparecieron después de ocurrida la masacre. La Fuerza Pública no hizo nada. El Estado no investigó.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y fue admitido el 5 de agosto de 2009. El Estado argumentó que se trató de enfrentamientos entre bandas delincuenciales, entre células de las milicias que cobraban extorsiones a los tejares, a las areneras, al transporte público y al comercio. Un grupo antimilicias se estableció en la parte alta de Belén, comuna 16, exactamente en Buenavista, con el objetivo de combatir a esas milicias y la masacre fue el resultado de un choque entre ellos, fue lo que explicó en su momento la Policía.
El Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa con las víctimas el 17 de marzo de 2017. El 4 de octubre de ese mismo año, el Estado colombiano pidió perdón, en un acto que se cumplió en la Casa Museo de la Memoria de Medellín. La encargada del acto de desagravio fue Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien pidió perdón porque el Estado no garantizó el derecho a la vida de las víctimas y no pudo esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos.