En casa por cárcel está hoy el exsenador y exministro Alberto Santofimio Botero, el único político enjuiciado y condenado por su responsabilidad en el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.
Santofimio Botero fue condenado en 2007 a 24 años de cárcel por el crimen, que según la hipótesis de la Fiscalía, fue perpetrado con el apoyo de agentes del Estado entre integrantes de la Policía y agentes del DAS, financiados con plata del narcotráfico.
Aunque el exsenador fue condenado por ser el determinador del crimen de Galán, al instigar al capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria para que ordenara el asesinato, testigos han dado cuenta de las reuniones en las que se habría hablado del tema y a las que habrían asistido otros políticos.
Como parte de la investigación, en 2014 la Fiscalía citó a declarar a los políticos del Tolima Álvaro Sierra y Alfonso Parra Pérez. Y recientemente reapareció el nombre del excongresista Jairo Ortega, cercano a Pablo Escobar, en expedientes judiciales, esta vez citado a declarar en el caso por el crimen del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
En el proceso ha sido clave la labor de la Procuraduría que ha pedido la vinculación formal de personas al proceso y además solicitó que el caso fuera declarado delito de lesa humanidad.
Si bien personas cercanas a la investigación señalaron que aún falta que políticos sean llamados a dar explicaciones por el crimen de Galán Sarmiento, por los lados de la Policía y el DAS tampoco se han cerrado todos los cabos sueltos. No solo siguen las investigaciones por el plan de debilitamiento del esquema de seguridad de quien para la época de los hechos era la persona más amenazada del país, y que fue herido rodeado solo de seis escoltas, sino de quienes pusieron en marcha un plan para desviar la investigación.
Por esos hechos ya está condenado el exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, quien cumple una pena de 30 años de cárcel aunque insiste en su inocencia hasta el punto de buscar llevar su caso a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), que en abril de este año dijo que no es competente para revisar su condena.
Igualmente fue sentenciado uno de sus subalternos en el DAS, el coronel Manuel Antonio González, quien recibió una pena de 22 años de cárcel y también pidió cupo en la JEP. “Manuel Antonio González Henríquez no solo desatendió su deber de velar por la seguridad de Luis Carlos Galán sino que avaló el irregular nombramiento de Jacobo Torregrosa con la única finalidad de debilitar el esquema de seguridad del político y hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida”, se lee en la sentencia en contra del oficial en retiro.
En esa condena, el mismo juez absolvió al mayor Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía de Soacha, quien tenía la misión de coordinar el operativo para la protección del candidato en la manifestación en la plaza central del municipio. Tanto Montilla, en su declaración en el juicio, como el juez del caso coincidieron en que las irregularidades en la seguridad que facilitaron el homicidio tendrían relación con decisiones de los mandos de la Policía de Cundinamarca.
Aunque en el papel aparecían francotiradores, retenes y hasta una contraguerrilla desplegados a la Plaza de Soacha, en la realidad nada de eso sucedió.
“Nadie estuvo atento al servicio hasta el teniente que me iba a acompañar a coordinar el operativo me lo quitaron y lo mandaron llamar del comando del departamento», dijo Montilla.
Esa declaración, y las versiones de otros testigos, han terminado por enredar a oficiales como el general Argemiro Serna, quien al momento del crimen era subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.
En febrero del año pasado la Fiscalía señaló que el oficial “omitió dar cabal cumplimiento a sus deberes” de proteger a Galán, y mientras avanza la investigación en su contra, le prohibió salir del país.
En la misma decisión, el ente investigador le cerró el proceso al coronel Gentil Vidal Sarria, excomandante operativo de la Policía de Cundinamarca, y le cerró el caso, por su muerte, al coronel Gustavo Alfonso Leal Pérez, excomandante de la Policía en Soacha. Sobre su responsabilidad, el delegado de la Procuraduría General ha insistido en varias ocasiones en que sean llamados a juicio.
Por el plan para desviar la investigación que llevó a la injusta captura de Alberto Jubiz Hazbum y Norberto Murillo Chalarca, entre otros, a quienes sin ninguna evidencia detuvieron en 1989 en el centro de Bogotá y presentaron como los autores del crimen, fue vinculado el general Óscar Eduardo Peláez Carmona, entonces director de la Dijín que adelantó las investigaciones por el homicidio.
Por esos mismos hechos acaba de ser escuchado en versión libre el general Carlos Enrique Rodríguez González, quien para la época del crimen estaba en la Dijín y participó en las capturas.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no han sido judicializadas ni la mitad de las personas que participaron en el homicidio, y que aún faltan agentes del Estado y políticos que se tendrían que sumar a José Édgar Téllez Cifuentes, alias Pantera o Pascua, y Johan Lozano Rodríguez, los primeros condenados como autores materiales del crimen.
Tomado de El Tiempo
