Desde el mes de diciembre, AnalisisUrbano.com, agencia de prensa de la ong Corpades, denunció en un informe las anomalías e irregularidades que sucedían al interior de la Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial, en cabeza de Irma Lucía Ramírez Lezcano. La investigación, que consta de dos informes y está en construcción del tercero, aportaba pruebas que demostraban la posible comisión de algunos delitos por parte de algunos funcionarios que operan al interior de dicho despacho.
En enero de este año, otros medios de comunicación se interesaron en el tema y le hicieron seguimiento. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Wilson López, afirmó que sólo se pronunciarían en el momento en que se instalen las denuncias en Fiscalía.
Quién controla entonces el funcionamiento de Espacio Público, subsecretaría que hace parte de la Secretaría de Gobierno y por lo tanto es responsabilidad directa del secretario López. Al parecer López, como otros funcionarios públicos, ignora que ni los medios de comunicación ni las organizaciones dedicadas a la investigación o defensa de derechos humanos, están obligadas a recurrir a la Fiscalía para denunciar.
En tal caso, debería recomendársele al secretario López que antes de pronunciarse lea y comprenda la estructura del procedimiento penal del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), en la cual se aclara que la denuncia de una conducta con características de delito, emitida por un medio de comunicación, se constituye en sí como una Noticia Criminal y es de obligatoria indagación por parte de la Fiscalía, a través de la policía Judicial.
Al interior de Espacio Público algunos funcionarios y exfuncionarios cometieron acciones irregulares; personas que no quisieron seguirle el juego a la corrupción fueron despedidas; el cartel de contratación en que se convirtió la subsecretaría, especialmente en época preelectoral, en donde llegaron a contratar personal un día y al otro día era despedido, generó pérdidas enormes por las indemnizaciones que se pagaron, y aún no es claro de dónde surgió el dinero del pago, si de la empresa contratista o de los impuestos de los ciudadanos.
En resumen, algo no está bien al interior de Espacio Público y la Secretaría de Gobierno, que en últimas es responsable, está optando por ignorar el tema. Ya es hora de que se inicien investigaciones hasta de carácter disciplinario y que se llame a la contraloría y a la procuraduría a intervenir.
Si el secretario de Gobierno decide ignorar grandes denuncias como que “Espacio Público ¿Subsecretaría institucional o cartel criminal? primera parte” y en el centro «Las Convivir no son las únicas que vacunan’, Espacio Público también lo hace» segunda parte» entonces… ¿En manos de quién está la ciudad?