Sao Paulo, 14 septiembre.– La Fiscalía brasileña presentó este lunes una segunda denuncia contra el cesado gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de liderar una «organización criminal» dedicada al desvío de recursos públicos de la región.
Según el Ministerio Público, Witzel, suspendido del cargo desde finales de agosto por orden de la Justicia, «lideraba» una sofisticada red corrupta que operaba dentro del Gobierno de Río y se dividía en cuatro núcleos: económico, administrativo, financiero y político.
En la querella, presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ, tercera instancia), también fueron incluidos su esposa, Helena Witzel; el presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Everaldo Pereira, un influyente político y pastor evangelista próximo al jefe de Estado, Jair Bolsonaro, y otras nueve personas.
La Fiscalía indicó que el grupo inició sus actividades ilícitas en 2017, cuando incorporaron a Witzel, quien, antes de convertirse en gobernador de Río, ya recibió en su etapa como juez federal «casi un millón de reales» (190.000 dólares) en comisiones ilegales.
El gobernador cesado tuvo «una participación activa en todos los hechos delictivos», pues destinó recursos públicos «a favor de la organización delictiva», «recibió» comisiones ilegales y «blanqueó ese dinero» a través del «bufete de abogados» de su esposa, señalaron las autoridades.
El Ministerio Público indicó además que la red operaba de forma similar a las tramas destapadas en las anteriores gestiones de los hoy exgobernadores Sergio Cabral y Luiz Fernando Pezao, quienes fueron encarcelados en casos relacionados con la operación anticorrupción Lava Jato.
Esta es la segunda denuncia que la Fiscalía presenta contra Witzel, que ocupaba el cargo de gobernador de Río desde el 1 de enero de 2019. En la primera, se le acusó de desvío de recursos destinados a combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
Ello llevó a un juez del Superior Tribunal de Justicia a cesarlo de su cargo durante seis meses, decisión que fue ratificada posteriormente por el pleno de esa corte.
Su defensa intentó revertir el fallo en la Corte Suprema, aunque hasta el momento no ha tenido éxito.
Por esas denuncias, Witzel responde además en un juicio político con fines de destitución que se tramita desde junio pasado en la Asamblea Legislativa regional.
En una nota, el exjuez tildó las acusaciones de «mentira» y negó su participación en los ilícitos expuestos por la Fiscalía.
«Todo mi patrimonio se resume a mi casa, sin señales de riqueza en el exterior que puedan corroborar esa mentira», afirmó.
EFE
