El cuarto mes de este año, abril, cerró con 71 asesinatos en Medellín. El global (entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019) está en 231 homicidios. Esta es la primera de muchas pistas que revelan la difícil situación de seguridad que Medellín, con sus espejos en el resto del Valle de Aburrá y Antioquia. La violencia se reproduce, y la respuesta de las instituciones no es suficiente ni siquiera para contenerla.
Metida en el fondo de esta violencia por supuesto está la ciudadanía, protegida supuestamente por el Estado. La ciudadanía es la principal víctima del conflicto, pero esto no significa que la situación de Medellín sea una de «bueno contra malo» o «negro y blanco», pues ahora hay muchos matices: desde la corrupción en la institucionalidad, que permite las actividades delictivas de las bandas que cometen asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y extorsiones, hasta un entramado de bandas que se reparten los barrios de Medellín. En algunos tienen más poder del que los habitantes se imaginan.
Es cierto que Medellín ya no vive la violencia de los 90´s, y que las tasas de homicidio de los últimos años no están ni lejos de alcanzar a las de horror de aquella época. No obstante, no hay que desconocer que la ciudad sigue inmersa en una guerra de bandas organizadas con control de territorios, donde realizan actividades ilegales amparadas por pequeños ejércitos urbanos.
Una de las principales actividades que le da vida a estos grupos armados es el narcotráfico: desde el microtráfico de estupefacientes dentro de la ciudad hasta la producción, transporte y exportación de los mismos productos a otros países, con frecuencia en alianza con otros grupos criminales, sin olvidar otras actividades criminales que fortalecen las finanzas ilegales del crimen urbano como la extorsión (vacuna), el pagadiario, el contrabando, lavado de activos, explotación sexual, prostitución, apuestas ilegales y sicariato, entre otros.
La consecuencia directa de estas actividades y del enfrentamiento bélico entre los combos es la inexorable pérdida humana. Incluso, 152 de los 231 asesinatos que han ocurrido en Medellín este año han sido registrados en la parte occidental de la ciudad, zona donde el conflicto está álgido. Pero incluso en las zonas donde no se siente tanto la violencia sigue existiendo la disputa entre los grupos, en otras modalidades, en lo que se conoce como guerra fría de La Oficina.
Las propuestas de parte de la institucionalidad siguen siendo, en la práctica, la militarización y el ofrecer recompensas millonarias, pero esto ha demostrado que no da más fruto que unas ocasionales capturas de integrantes de los combos, quienes son reemplazados ni bien son capturados.
El alcalde Federico Gutiérrez, aunque ha reconocido el problema de seguridad en algunas de sus frecuentes alocuciones e hizo alguna vez presencia personal en ciertas capturas, no ha querido buscar alternativas para combatir la violencia, y su estrategia se basa en controlar el crimen, no desmantelarlo.
Este, el último año de Federico en la Alcaldía de Medellín, pinta para ser el más violento en el tema de homicidios desde que asumió el cargo en 2016.
¿Y Bello?
En Bello la situación de seguridad es tan alarmante que se convocó un consejo de seguridad el pasado 16 de abril, donde incluso acudió el ministro de Defensa Guillermo Botero. En el municipio hay fuerte presencia de las bandas de Los Chatas, El Mesa, Niquía-Camacol, Pachelly que tiene una división dentro de la organización, El Mirador, Los Triana, La Oficina de San Pablo y Las AGC, sin embargo, el enfrentamiento armado se da entre la Minoría Pachelly contra Niquía-Camacol y El Mesa, aunque se rumora que Las AGC estarían respaldando a la minoría.
Las comunas 6, 7 y 8 de Bello son las que en este momento más están sufriendo por la confrontación entre combos. En este año ya se han registrado más de 40 homicidios en Bello, pero este es apenas otro número oficial que desconoce, por ejemplo, a los desaparecidos forzados.
El conflicto tal y como está en Bello puede llegar a expandirse a los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa. Las comunidades sienten esto incluso en sus nichos familiares, como es el caso de la madre de Julián Velásquez Grisales, quien lleva esperando a que se lo devuelvan dos meses después de haber sido secuestrado en Bello por miembros de «los Pachelly». Julián tiene 15 años.
Aunque una militarización en el municipio puede ser un asunto de prevención de más sucesos como este, Bello necesita una reestructuración profunda en sus estrategias de seguridad con el objetivo de proteger a sus comunidades y abogar por sus derechos humanos más allá de la lógica de «combatir el crimen» que se traduce en controlarlos más no desmantelarlos. Son los mismos miembros de estas organizaciones los que reconocen que no pueden ser vencidos por el Estado, entonces una salida diferente puede ser la solución.
¿Cuál sería la salida a este conflicto urbano violento? Se podría pensar en una estrategia de seguridad local que se enlace a una estrategia de seguridad metropolitana y esta a su vez en una estrategia integral de seguridad departamental que contenga entre otros puntos: Depuración de la institucionalidad, presencia permanente del Estado Social de Derecho, eso incluye a la fuerza pública y una Ley de Sometimiento a la Justicia diáfana.
En este momento Bello es una puerta que pone a Medellín en el mapa del crimen de Antioquia, pues varios grupos de Bello a través de la Alianza Criminal del Norte hacen presencia en diferentes lugares de las latitudes antioqueñas, como son la subregiones norte, occidente, Bajo Cauca, Nordeste. Esta situación está ocasionando una mezcla del crimen urbano con el crimen rural.
¿Qué papel cumplirá el crimen trasnacional con rostro mexicano en todo esta expansión y reacomodamiento criminal?
También, si se tiene en cuenta que en el Bajo Cauca antioqueño hay presencia de organizaciones del crimen internacional con rostro mexicano y brasileño que están iniciando franquicias de narcotráfico, oro y lavado de activos, podemos hablar de que esta mezcla también reúne al crimen trasnacional.
Un ejemplo de los movimientos del crimen urbano del norte del Valle de Aburrá y del crimen rural venido de Urabá se vive en el municipio de Yarumal. Según informaciones de terreno, comenzó el «exterminio» del grupo «Los Varelas» por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, también conocidas como el Clan del Golfo. No sabemos hasta qué punto irá este exterminio, pero en cualquier caso los jefes de Los Varelas se refugian en Bello.
El panorama es complejo en el Valle de Aburrá y en el resto de Antioquia, el inicio de la contienda electoral complica más la precaria seguridad que existe, en manos de los candidatos y candidatas a los concejos municipales, Asamblea departamental, alcaldías y Gobernación se encuentra parte de las soluciones a la inseguridad derivada del accionar violento del crimen urbano, rural y trasnacional. ¿Qué papel cumplirán? Amanecerá y veremos…