El senador Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció este lunes al exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez por su presunta responsabilidad en escuchas ilegales a negociadores del proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Cepeda, que hizo parte de la mesa que negoció el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba, dijo que denunció a Martínez por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos y concierto para delinquir.
PRIMERAS ACUSACIONES
La querella de Cepeda tiene su origen, según explica, en una columna de opinión del periodista Daniel Coronell publicada el 24 de noviembre por la Revista Semana en la que se afirma «que dos exfuncionarios de la Fiscalía denuncian haber participado en presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que el exfiscal Martínez Neira habría ordenado» contra el comunicador.
Coronell también denunció que también fueron víctimas de esas prácticas el exjefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla Humberto de la Calle, el exministro Álvaro Leyva y los asesores jurídicos del partido FARC Enrique Santiago y Diego Martínez.
El pasado 28 de noviembre, también en Semana, la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo titulado «Los explosivos señalamientos de interceptaciones ilegales que salpican a Néstor Humberto Martínez», en el que se suministran nuevos datos sobre esa presunta acción ilegal por la que Cepeda lo denunció.
«Es evidente que de ser cierta toda esta información se pondría al descubierto una infame campaña que habría tenido por propósito entorpecer la implementación del acuerdo final y hacer fracasar el proceso de paz», afirma Cepeda.
BOICOT A NEGOCIACIONES DE PAZ
A renglón seguido el congresista dice que también se pretendía «obstruir el proceso de sometimiento a la justicia y la desmovilización del llamado ‘Clan del Golfo’, grupo heredero del paramilitarismo dedicado principalmente al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Cepeda recuerda que con el conocimiento personal y la expresa autorización del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) fue desde finales de 2012 «facilitador de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC».
Igual papel cumplió desde mediados de 2014 «en los diálogos con el ELN», y a partir 2016 realizó «también tareas de facilitación para el sometimiento a la justicia del llamado ‘Clan del Golfo'».
El senador agregó que de todas esas acciones tuvo «conocimiento el exfiscal Martínez Neira, quien con relación a la fallida desmovilización del ‘Clan del Golfo’ estuvo a cargo de adelantar diversas reuniones con el fin de examinar las condiciones jurídicas requeridas para ese propósito».
«A esos encuentros asistí junto a los voceros de esa organización y a la abogada de algunos de sus líderes, Consuelo Parra», apostilló.
DENUNCIAS ANTERIORES
En julio pasado, Cepeda y los también senadores opositores Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron que fueron víctimas de escuchas ilegales en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con lo que aseguraron que se busca crear un «montaje judicial».
En la década pasada se desató un escándalo en Colombia conocido como «las chuzadas», interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales hechos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por funcionarios del hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la antigua agencia de inteligencia colombiana, a periodistas y opositores.
Por ese caso fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia en la Administración Uribe Bernardo Moreno y la exjefa de la central de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
EFE
