Artículo de Revista Proceso, escrito por Rafael Croda. Cortesía para Análisis Urbano.
Senadores colombianos presentaron este miércoles 5 de junio una demanda penal contra agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por realizar operaciones “ilegales” en este país como parte de un plan para “socavar” los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las Farc.
La demanda también es contra el exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, por permitir las operaciones irregulares de la agencia estadounidense y por participar en algunas de ellas con recursos y policías de la institución.
Durante un debate convocado por la Comisión Segunda del Senado para analizar el tema de las actuaciones de la DEA y la Fiscalía frente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –el tribunal encargado de juzgar los delitos atroces del conflicto armado–, los legisladores señalaron que la agencia estadounidense realizó interceptaciones ilegales de comunicaciones en suelo colombiano.
El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, dijo que al menos desde junio de 2017, agentes de la DEA actuaron en operaciones encubiertas en el territorio colombiano y que el exfiscal Martínez ha reconocido que al menos una parte de ellas “se hicieron sin autorización de la justicia colombiana, es decir, que fueron ilegales”.
Por ello, Cepeda y el senador de la opositora Alianza Verde, Antonio Sanguino, anunciaron la demanda penal contra Martínez, quien renunció al cargo el mes pasado en medio de serios cuestionamientos por su actuación en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y contra los agentes de la DEA que participaron en operativos no autorizados.
Entre los agentes acusados figuran Brian Witek, quien dirigió un operativo de “entrampamiento” (incitación al delito, lo que es ilegal en Colombia) contra el exguerrillero de las Farc Jesús Santrich, quien fue acusado de narcotráfico en abril de 2018 por la justicia estadounidense y solicitado en extradición tras ser grabado por colaboradores de la DEA que se hicieron pasar por narcotraficantes.
La denuncia también es contra al menos dos mexicanos que son agentes o “cooperantes” de la DEA y que ingresaron en siete ocasiones a Colombia entre 2017 y 2018.
Los dos, que dijeron ser enviados de una facción del Cártel de Sinaloa que dirige el prófugo narcotraficante Rafael Caro Quintero, utilizaron a un familiar de un ex comandante de las Farc para llegar a Santrich y grabar con él un video en el que hablan de negocios, de “mercancía” y del “producto”.
Ese video fue filtrado a medios el pasado 16 de mayo, un día después de que la JEP decidió rechazar la extradición de Santrich a Estados Unidos con el argumento de que ni la Fiscalía colombiana ni las autoridades estadounidenses aportaron pruebas sobre el delito de narcotráfico que se le atribuye al exguerrillero y sobre la fecha en que habría ocurrido.
Esto es importante porque, según los acuerdos de paz con las Farc, los excombatientes que hayan cometido delitos después de la entrada en vigencia de ese pacto, el primero de diciembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria y perderá los beneficios que les ofrece la JEP, como penas alternativas y sentencias bajas.
El senador Cepeda dijo que el nombre de uno de los mexicanos utilizados como agentes encubiertos por la DEA es, al parecer, Marco Aurelio García Weinberg, quien habría participado en tres operaciones para “entrampar” Santrich” y al exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo.
Además, ese mismo agente, u otro de nacionalidad mexicana, buscó, sin éxito, a magistrados y asesores de la JEP para intentar sobornarlos y hacerlos aparecer como funcionarios corruptos.
Cepeda dijo en la sesión de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de los asuntos internacionales y de seguridad, que todas esas operaciones se realizaron “utilizando el llamado método de entrampamiento, es decir, la acción deliberada de agentes provocadores de la DEA”, que constituye otra “causa de ilegalidad”.
El senador acusó al exfiscal Martínez de emplear el entrampamiento “como un instrumento para destruir el proceso de paz” y dijo que el uso de agentes de la DEA para incentivar la comisión de delitos “es una vulneración de la soberanía nacional y de la autonomía de la justicia colombiana”.
Cepeda dijo que debe realizarse una investigación profunda sobre la actuación de la DEA en Colombia, “porque ese no puede ser un poder paralelo a la justicia colombiana”.
El senador Sanguino señaló que los ilícitos que se le atribuyen a la DEA y al exfiscal Martínez deben ser investigados por la Comisión de Acusación del Congreso y la Fiscalía, que en estos momentos está a cargo de un fiscal interino.
Son hechos, agregó que deben ser “censurados y castigados” para que no se vuelvan a repetir. “Colombia no es Puerto Rico, no es un estado anexo a Estados Unidos”, aseguró.
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RC
