El Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes/sas Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos en Antioquia denunció a través de un comunicado “la forma en que el Defensor Regional del Pueblo, Jhon Jaime Zapata, viene ocultando la realidad y descalificando las alertas que realizamos sobre la situación de líderes/as y defensores/as en el departamento”.

Este jueves 1 de noviembre, en una reunión realizada en las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, la Organización rechazó el homicidio del líder comunitario Eladio de Jesús Posso Espinosas y le reclamó al Defensor Regional del Pueblo por la falta de pronunciamiento y de acciones de la Defensoría del Pueblo por la grave situación de líderes/as y Defensores/as en el departamento, pero en especial por la situación de esta población en la subregión del Bajo Cauca.

A este reclamo, el Defensor Regional respondió que la organización estaba “realizando falsas denuncias” y que el motivo de su reclamo era porque él “no estaba de acuerdo con la veracidad de dichas alertas, aseveraciones bastante preocupantes sobre una problemática que este año en nuestro departamento cuenta con las vergonzosas cifras de 29 homicidios, más de 120 amenazas y más de 233 agresiones contra esta población”.

El Proceso Social de Garantías asumió la respuesta como un “ataque de parte del funcionario” a la labor que la organización viene realizando en el departamento, “buscando acciones eficaces de parte de la institucionalidad para que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no siga siendo objeto de agresiones”.

En el comunicado, la organización agrega que cada año presentan como mínimo 2 informes sobre la población en cuestión e innumerables comunicados, denuncias y alertas sobre las diferentes agresiones. “A esto se le suma la interlocución permanente que sostenemos con todas las instituciones del Estado, cada información consignada en estos documentos y mecanismos está debidamente sustentada y verificada y no vamos a permitir que un funcionario que pretende ocultar la situación de lo que pasa en nuestro territorio nos descalifique”, dice en uno de sus apartes el texto.

Al parecer, han sido erradas, según el escrito, las decisiones administrativas tomadas por Jhon Jaime Zapata, para trasladar a los defensores comunitarios y “ocultar la realidad de los territorios como ocurrió con la defensora comunitaria Carmen Cristina Anaya en la subregión del Bajo Cauca, que desde que fue trasladada de este territorio la Defensoría del Pueblo dejó de jugar el importante papel de acompañar, denunciar y solicitar acción por parte de las diferentes instituciones del Estado. Claramente sacaron de este territorio a la única funcionaria que cumplía con su deber y le era incómoda al resto de las instituciones porque decía la verdad”.

Finalmente, en el comunicado, el Proceso Social de Garantías solicita al Defensor Regional del Pueblo, Jhon Jaime Zapata, que indique cuántas y cuáles denuncias y pronunciamientos del Proceso Social de Garantías ha recibido; que trámite se ha realizado con estas, cuál es el estado y cuáles de éstas son falsas.

Asimismo, pide al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, “aclarar si las aseveraciones realizadas por el señor Jhon Jaime Zapata tachando de falsas las denuncias realizadas por el Proceso Social de Garantías, hacen parte de una postura oficial de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, de lo contrario exigimos se tomen los correctivos”.

Y exige de parte de la Defensoría del Pueblo como Institución, que “cumpla con las demás funciones en nuestro departamento, en particular las acciones en pro de la protección de los líderes/as y defensores/as de DD HH”.

Comunicado Público 

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