Por Luis Fernando Quijano Moreno

Por décadas nuestro país ha vivido en guerra rural y urbana, sin embargo, este panorama empezó a cambiar desde hace algunos años cuando afloró la esperanza con el proceso de diálogo, negociación y dejación de las armas de las Farc y su posterior ingreso a la vida política colombiana, así como viene ocurriendo con los diálogos con el ELN que se desarrollan en Quito, Ecuador. Aunque de nuevo surge la frustración tras el resurgimiento de la confrontación armada después del cese bilateral al fuego temporal. Espero que esto sea momentáneo y se reactiven las conversaciones prontamente; aunque el panorama se  vea oscuro, no se puede perder la esperanza y menos aún dudar de la sensatez de las partes.

Teniendo en cuenta el proceso de diálogo y negociación con el ELN, sin perderlo de vista y esperanzado en que se superen los obstáculos que han surgido, quiero centrarme en otros actores de la guerra en Colombia que están creciendo sin reparo ante la mirada inerte e incluso complaciente de sectores del Estado; hablo de las estructuras paramafiosas, conocidas como bacrim. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Habrá diálogos, negociación y acogimiento? Como van las cosas, pareciera que este semestre no será posible, debido a las elecciones parlamentarias y presidenciales que necesariamente ocuparan el centro de la discusión nacional.

¿Qué hacer entonces ante las reiteradas solicitudes de diálogo, negociación y sometimiento que han expresado públicamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y sectores de la Oficina del Valle de Aburrá? ¿Desecharlas? ¿Impulsarlas? ¿Esperar?

Considero que es urgente y necesario que las organizaciones de la sociedad civil sigan avivando la urgencia manifiesta de alcanzar la paz completa con todos los actores de la guerra en Colombia, por un lado con la mesa de diálogo y negociación con el ELN para que ellos, Estado y sociedad civil se vuelvan a sentar y se inicie con pie derecho, un nuevo y definitivo cese bilateral al fuego como base sólida para la culminación del proceso de paz, obviamente el Estado deberá demostrar en el terreno que los acuerdos pactados con las Farc se están cumpliendo.

Por el otro lado, impulsar que la Ley de Acogimiento sea una realidad y pueda llevar al desmantelamiento de las AGC, la Oficina del Valle de Aburrá y sus más de 500 bandas, eso sí, que dicha Ley apuntale a la liberación de los territorios y de la comunidad en general. Qué bueno sería que todos ganaran en una negociación y acogimiento, estructuras criminales, Estado y sociedad.

Hoy 11 de enero veo con optimismo el editorial de las AGC expresando que serán persistentes y confían que el Estado dará el paso de diálogo, negociación y acogimiento. Eso esperamos la mayoría de los colombianos, no solo con las AGC sino con el conjunto de las organizaciones criminales que pululan en el territorio nacional.

Llama la atención esta declaración en el editorial: «Sabemos que una paz estable y duradera debe hacerse extensiva a todos los grupos armados existentes en el país. De lo contrario, mientras unos languidecen los otros se robustecen. Así ha sido hasta ahora, además de que debe evitarse la atomización de los grupos, lo que haría que el fenómeno de la violencia se volviera incontrolable, y en lugar de avanzar, retrocediéramos». Interesante anotación. ¿Qué hacer para que otros no ocupen el espacio que se deja?

Con la dejación de armas de las Farc el Estado cometió el grave de error de no ocupar los territorios dejados por esta guerrilla. Es necesario entonces diseñar la estrategia que permita al Estado Social de Derecho la retoma de los territorios que dejarán en el futuro el resto de actores del conflicto en Colombia.

2018 es el año electoral, pero si nos ponemos de acuerdo podría ser el año de la paz completa, que no es otra cosa que paz urbana, paz rural y reconciliación nacional.

Apunte Urbano

Importante sería ver una comunicación pública donde las bandas de la Oficina del Valle de Aburrá denominada como la Oficina de Envigado anuncien un cese de acciones violentas y criminales durante seis meses como aporte a la promulgación de una Ley de Acogimiento a la Justicia.

Bueno sería que Los Pachelly, Los Chatas, El Mesa, Los Pesebreros, Los Chamizos, Las Convivir, La Terraza, San Pablo, Los Triana, entre otros se animaran y dieran su aporte real a este anhelo de paz que hoy más que nunca reclaman los ciudadanos del Valle de Aburrá y el resto de Antioquia. ¿Qué les cuesta parar la violencia y las actividades criminales? Pensaría que poco…