La Institucionalidad, en cabeza de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá y la Alcaldía de Medellín, han planteado durante cuatro años que la estrategia de seguridad implementada en la ciudad es un éxito total gracias a la lucha exhaustiva que han desplegado para neutralizar el crimen, lo que ha llevado, según sus voceros, al desmantelamiento de decenas de organizaciones y bandas, y que por consiguiente se ha reducido la vacuna, el control territorial y el homicidio. Una de las razones que esgrimen para ese supuesto triunfo es el programa Seguridad por Cuadrantes, que cubre en su totalidad a Medellín.
Se podría pensar que son ciento por ciento veraces los informes presentados a la sociedad y el gobierno central, sin embargo, durante tres años seguidos la ciudad recibe balances triunfalistas que terminan opacados cada 30 de noviembre en la noche y 1 de diciembre al amanecer, cuando toneladas de pólvora son quemadas a lo largo y ancho de la ciudad. La práctica se ha extendido incluso a buena parte del Valle del Aburrá.
Pero no solo han sido los años 2011, 2012 y 2013, en que la ciudadanía ha presenciado tan grotesco espectáculo. La llamada alborada —que en realidad debería calificarse como alborada mafiosa— se realiza sin interrupción desde hace doce años. Esta evocación al poder criminal que celebra sus cometidos en cualquiera de us líneas criminales, tiene una duración de alrededor de catorce horas donde la delincuencia, representada en mafias y bandas criminales, demuestra su poderío territorial, militar y social. En resumidas cuentas: la criminalidad celebra, lo institucional se desvanece y la comunidad se somete.
Para quienes todavía tienen dudas sobre ese espectáculo y quiénes lo promueven y ejecutan, los invitamos a conocer, La historia de ‘La Alborada mafiosa’, y se darán cuenta de que no son los ciudadanos del común los que tienen tan inmensa cantidad de recursos económicos para hacer semejante celebración. Sin duda, hay todavía personas que tienen la costumbre —nada plausible— de comprar algunos kilos de pólvora; pero eso no se compara con las toneladas que se queman en los territorios controlados por las bandas que trabajan para las dos estructuras paramafiosas dominantes en la ciudad metropolitana y que tienen un acuerdo criminal desde julio de 2013 —Pacto del fusil—: La Oficina y Los Urabeños.
Para conocer los alcances de esa celebración traqueta, nada mejor que revisar los resultados de la realizada el año anterior. Tres personas resultaron lesionadas con armas de fuego y quince personas quemadas con pólvora, entre ellas seis menores de edad —una niña con lesiones graves en un ojo y dos adultos con amputaciones en miembros superiores—; además de la cantidad de animales silvestres y de compañía muertos o lesionados por las detonaciones, cifra que queda sin cuantificar. En total se decomisaron dos toneladas y media de pólvora en Medellín. Estas eran las cifras del informe de la Alcaldía de Medellín el primero de diciembre de 2014, después de la mal llamada alborada en la noche anterior.
Medellín, hasta el año 2002, en las vísperas navideñas, no pasaba de celebraciones ruidosas a altas horas de la noche o al amanecer; encabezadas por grupos juveniles de iglesias católicas, en su mayoría, con un balance de miles de buñuelos engullidos con agua de panela caliente mientras se cantaba a coro canciones alusivas a la Navidad antioqueña y religiosa. Pero es en el fatídico 2003 que hace su aparición en nuestra cultura un monstruo bélico y violento, legitimado y legalizado desde el Estado, llamado “paramilitarismo desmovilizado” e interviene esta sana costumbre con descargas de pirotecnia estruendosa la madrugada del 1 de diciembre celebrando así su supuesta reincorporación a la vida civil.
Una noche que cambia de villancicos y canticos religiosos por descargas detonantes que más bien parece un preludio de guerra que un anuncio de paz espiritual y fiesta familiar como lo pregona esta época de fin de año.
Don Berna, uno de los personajes más grises de nuestra historia reciente, con sus cientos de hombres armados y regados por las diferentes comunas y barrios de la ciudad, denominados bloque Cacique Nutibara, toman el poder de una de las noches más bellas del año y hasta el día de hoy hacen sentir su poder, a pesar de los supuestas estrategias de seguridad implementadas por la alcaldía con su Decreto 1869 de 2014 y la Policía Metropolitana a base de cuadrantes de seguridad y escuadrones antipólvora en barrios como Belén, Trinidad, Guayabal, Portales del Poblado, Miraflores, Milagrosa, El Salvador, El Nacional, Caicedo, Trece de Noviembre, Villa Hermosa, Manrique, Castilla, Picacho, Independencias, Robledo, entre muchos más y veredas de corregimientos como La Loma. En estos lugares estallan arsenales de detonantes coincidiendo con el dominio ilegal de estas estructuras entre comunidades que tratan de resistirse a este dominio mafioso.
Hoy, en medio de un pacto de no agresión entre criminales o Pacto del fusil, como lo denomina Corpades y Análisis Urbano, desde sus inicios, dichos arsenales de pólvora ilegal son ingresados a la ciudad por dos de sus vías principales: carretera Medellín-Bogota y la carretera que comunica con el eje cafetero, sirviendo de gran bodega los municipios vecinos de Bello, al mando de la estructura de los Chatas, Pachelys y El Tapón; y el municipio de La Estrella y el barrio Belén (sector aeropuerto), donde también se fabrica, salvaguardado allí por Los Pesebreros.
Esta actividad, que aparte de ser ilegal también ofrece grandes utilidades económicas en su venta desde un cien hasta un doscientos por ciento. Por ejemplo: una docena de voladores normales o detonantes, es comprada por el expendedor al contrabandista por un valor de $600 y la ofrece al público en $1.500. O una caja de juegos pirotécnicos con el contrabandista cuesta $80.000 y se vende al público en $200.000. En los expendios de drogas en los barrios los vendedores o jíbaros son premiados por sus jefes con una dotación de pólvora detonante todos los días con el fin de mantenerse en buen estado de ánimo navideño para el negocio.
Entre el primero de diciembre del año 2014 y el dieciocho de enero del año 2015 se registraron setenta y cinco víctimas por quemaduras de pólvora; con detonantes cuarenta y ocho personas resultan lesionadas y con pirotecnia o luces once salen mal heridas, mientras que dieciséis con otros elementos derivados de la pólvora son lesionados. Según cifras de las entidades de salud, recuperar una persona después de una quemadura de pólvora le cuesta al sistema de salud público entre cuarenta y cincuenta millones de pesos.
Esta festividad no obedece a la dinámica de la quema espontanea de algunos elementos detonantes de unos vecinos en medio del goce porque llega la época decembrina, como ocurría en años anteriores en algunos hogares de la ciudad, sino que esta aberración masiva de expresión mafiosa-paramilitar con quema de toneladas de pólvora en pocos minutos es simplemente la demostración ramplona al Estado de que la sociedad medellinense está sometida a otro ordenamiento social y legal muy alejado del constitucional y jurídico y, más grave aún, con la complicidad de ciertas personas que han llegado a la institucionalidad de la mano de esta podredumbre delincuencial usando sus dineros manchados de sangre para ascender en posiciones dentro del gobierno administrativo, entidades militares y policiales, o haciéndose elegir en para cargos públicos.
La alborada mafiosa es un atentado contra la vida y el medio ambiente, una costumbre bastarda inoculada a un pueblo por mafiosos, paramilitares y funcionarios corruptos. Jamás será señal de alegría, es solamente sinónimo de muerte y desolación.
Nuevamente, este año que ya casi finaliza, Análisis Urbano y la ONG Corpades, invitan a los habitantes de la ciudad metropolitana a no participar ni auspiciar la celebración del crimen y que en las redes sociales acompañen la iniciativa: No a la alborada mafiosa, y en Twitter con la etiqueta #NoalaAlboradaMafiosa.
Este año la institucionalidad podrá demostrar si tiene real voluntad política, si es ella la que gobierna la ciudad o si, por el contrario, el cogobierno del crimen tiene la delantera en el control de las comunas y los corregimientos. Si la alborada mafiosa se consuma, se podrá decir tranquilamente que las dudas que se han tenido sobre la estrategia de seguridad y los cantos de victoria eran reales, se sabrá entonces que la seguridad y la convivencia en el Valle del Aburrá es un fracaso monumental y nuevamente se preguntará, ¿quién manda aquí?
Tema relacionado
Alborada de esta noche pone en alerta a las autoridades
