Lo plantea María Jimea Duzán en Semana, en donde dice que el país no puede someterse a la idea de justicia que tienen los seguidores del expresidente detenido.
Esa idea, sostiene Duzán en su columna de la revista, consiste en que los uribistas “quieren ver solo a Timochenko preso, a Santos preso, a Petro preso y a todos sus enemigos presos, mientras piden impunidad total para su líder”, Álvaro Uribe.
“Los uribistas no quieren justicia, en el fondo, cuando se indignan de ver a Timochenko en el Congreso y a Uribe preso, no es porque les parezca injusto”, remarca.
Y no hace falta ir muy lejos para encontrar esas expresiones, que señala Duzán, en la misma publicación. Vicky Dávila escribe, por ejemplo, que “hoy, con Uribe preso y Timochenko y su bandola libres, Colombia es un país camino a ser inviable”.
En otro de los apartes de su escrito, Dávila asegura, apocalíptica: “Si siguen avanzando a la misma velocidad, el país de las Farc terminará de refundarse en 2022. Ese es el objetivo principal: tomarse el poder y llegar a Palacio, por medio de terceros, transitando sobre los despojos mortales de Uribe, Duque y todos los que piensan distinto a ellos”.
Salud Hernández, que se declara no uribista en su columna, califica en todo caso de “incoherencias insoportables, lacerantes” hechos como que Griselda Lobo Silva, la viuda de alias ‘Tirofijo’ haya llegado a la vicepresidencia del Senado, “cubriendo de mentiras sus delitos atroces, sin honrar los compromisos firmados”, y que alias ‘Jesús Santrich’ fuera dejado en libertad y después escapado, mientras que Uribe, “que fue su mayor enemigo”, esté en prisión domiciliaria.
Vecino de Dávila y Hernández (en las columnas de opinión de la revista, claro), Alfonso Cuéllar recuerda: “Algunos columnistas también invitaron a la Corte Suprema a no actuar. Vicky Dávila […] dijo que su detención llevaría al país a más violencia. Luis Carlos Vélez afirmó que las medidas contra Uribe eran una exageración y las comparó con las medidas contra los comandantes de las Farc que hoy tienen asiento en el Congreso”.
Y Antonio Caballero, que completa el equipo de opinadores de Semana, llama la atención sobre el hecho de que “Uribe no está solo”, porque “independientemente de lo que digan las encuestas sigue contando con el respaldo y la obediencia de ese medio país, o más […]. Lo defienden periódicos, cadenas de radio y de televisión, columnistas de prensa, arzobispos. Hay una gran agitación, y hay quienes amenazan con una guerra civil. Pero no va a pasar nada”.
En este mismo sentido se manifiesta Sergio Otálora Montenegro en El Espectador, para quien “los verdaderos demócratas no debieran estar ‘tristes’ por la detención domiciliaria de Uribe. Para Otálora Montenegro, “los legítimos defensores de las libertades y la diversidad no debieran equiparar el caso de Uribe con el de las Farc desmovilizadas o la traición de Santrich a los acuerdos de paz. El periodismo de veras equilibrado, que se ha jugado la vida investigando y denunciando ese sórdido triangulo de maquinaria paramilitar, crímenes de estado y narcotráfico, tiene por qué sentirse satisfecho por su tarea al servicio de la verdad y la justicia”.
“Los relacionistas públicos, disfrazados de periodistas, con extraordinario poder en medios radiales y escritos, se han dejado ver el cobre: cierran filas alrededor del caudillo detenido, mientras nos alertan contra los peligros de los ‘populistas’ … de izquierda, por supuesto”, continúa este columnista.
Duzán y Caballero recuerdan en Semana hechos en la administración de Uribe como los montajes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (“que se hicieron desde el DAS y la Presidencia en alianza con los paras de Don Berna para deslegitimar la investigación de la parapolítica”, escribe Duzán); las chuzadas a periodistas, magistrados y políticos de oposición, y los jóvenes asesinados para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate.
Pero Duzán conmina a la JEP a que dé resultados, pues, según ella, “como van las cosas, es probable que en un año y medio, cuando el país esté en plena campaña presidencial, en la JEP exista este escenario: cerca de 200 sentencias tramitadas en contra de la Fuerza Pública, pero ninguna en contra de las Farc. Semejante asimetría le serviría al uribismo de munición no solamente para ganar las elecciones, sino para confirmar su tesis de que la JEP fue hecha para garantizarle la impunidad a las Farc”.
Por eso, le dice al partido Farc que es importante que entienda que “si Uribe tiene que empezar a pagar por lo que ha hecho”, el nuevo movimiento político que surgió de los acuerdos de paz “también tiene que salirse de su zona de confort y decir la verdad de cara a las víctimas”.
Tomado de Pulzo
