Bogotá, 23 octubre de 2024.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar a siete militares retirados, entre ellos tres generales, por una investigación que realiza por las ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército, conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’, y otros crímenes cometidos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste).
Entre los llamados a comparecer figuran los generales retirados Justo Eliseo Peña, Óscar González Peña y Leonardo Alfonso Barrera, detalló la JEP este miércoles en un comunicado.
También deberán asistir a las audiencias, que se llevarán a cabo entre el próximo 18 de noviembre y el 3 de diciembre, el coronel Emiro José Barrios Jiménez y los oficiales Edwin Javier Madroñero, Wilfredy Areiza Jaramillo y Julio César Álvarez Pedreros.
«La Sala (de Reconocimiento) ordenó el llamado a versión de los siete militares basándose en la información obtenida en otras diligencias del Caso 05», agregó la JEP.
Explicó que en esta investigación aborda violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en esos departamentos como ejecuciones de civiles, torturas, violencia sexual, desplazamientos, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
Igualmente, investiga si los miembros de la fuerza pública se aliaron con el Bloque Calima de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto armado.
En Colombia se le llama ‘falsos positivos’ al homicidio de miles de jóvenes pobres que eran reclutados mediante engaños por miembros del Ejército para llevarlos a distintos lugares del país con el fin de asesinarlos y luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate para recibir a cambio recompensas y permisos de sus superiores.
La JEP, justicia especial creada tras el acuerdo de paz con las FARC de 2016 para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, considera que 6.402 personas fueron asesinadas como parte de esa política entre 2002 y 2008.
EFE